Padres de los 43 de Ayotzinapa alertan intento de Peña por “reeditar la verdad histórica” y cerrar el caso
Normalistas marchan en la CDMX. Foto: Germán Canseco
Durante la presentación del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”, los participantes denunciaron la falta de voluntad de la actual administración por esclarecer el caso que se mantiene en la impunidad, lo que ha impactado a la integridad física y psíquica de los familiares de las víctimas.
En nombre de los familiares de los desaparecidos, Hilda Hernández, madre de César Mario González, recordó que cuando el exprocurador Jesús Murillo Karam les dio a conocer la “verdad histórica”, los padres y madres lloraron desconsoladamente.
Y, agregó que, pese a que las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmintieron la versión, los representantes del Estado mexicano han insistido en varias ocasiones en posicionar el tema.
Y destacó que, una vez más, “no se nos tomó en cuenta para hacer el anuncio, otra vez nos mintieron, nos habían dicho que antes de cualquier detención nos iban a avisar y no fue así”.
Haydée Pérez Garrido, directora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, -organización que coordinó el reporte-, destacó que el gobierno de Peña Nieto “perdió la oportunidad” de demostrar su compromiso con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante la presentación del documento, dedicado a la memoria de la señora Minerva Bello, madre de uno de los desaparecidos que falleció hace 40 días, Pérez Garrido recordó que siguiendo las recomendaciones del GIEI, en el proyecto inicial se contemplaba la participación de funcionarios del Estado, “pero ante actos revictimizantes como la reiteración de ‘verdad histórica’, hicieron fracasar estos esfuerzos”.
Pérez Garrido recordó que una vez que culminó el diagnóstico bajo la responsabilidad exclusiva de la organización social y expertos independientes, el gobierno de Peña Nieto se ha resistido a cumplir con las recomendaciones plasmadas, como lo dejó claro durante la audiencia pública para el caso Ayotzinapa en el durante el 167 periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Temen cierre del caso
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, advirtió que, en la reciente detención de La Rana, se ve “la tentación del cierre del caso, en medio de un proceso electoral y probablemente eso signifique regresar a la mentira histórica”.
Luego, preguntó: “¿Por qué el gobierno no aceptó este diagnóstico y los planes de atención victimal?”. Enseguida, respondió: “Porque para estos hombres y mujeres que buscan a sus hijos la única forma de reparar es dando con el paradero y si aceptasen el diagnóstico, lo primero que tendrían que hacer es pedirles disculpas”.
Patrón Sánchez explicó que, al negarse a asumir el compromiso de adoptar el informe como base para la generación de planes de atención y reparación de víctimas, el gobierno mexicano se negó a seguir las recomendaciones de “reivindicar y dignificar a todas las víctimas, que se reconozca la falta de sustento científico en su ‘verdad histórica’ y que tome acciones para el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los estudiantes”.
Ximena Antillón, coordinadora del informe, destacó que hasta la fecha los padres y madres de los 43 desaparecidos viven un “duelo congelado, en el que no hay certeza de la pérdida ante la falta de verdad, por lo que viven un dolor y una angustia permanente”.
Al señalar que la reiteración de la “verdad histórica” dejó huellas traumatizantes a los padres y madres, así como “un dolor inenarrable”, agregó que ellos están preocupados de que el gobierno tenga la “intención de cerrar el caso, sin respetar el dolor de los familiares”.
En la presentación también participó el representante del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU (CED), Rainer Huhle, quien admitió estar conmovido con los testimonios narrados en el informe psicosocial y consideró que el Estado mexicano “debería estar agradecido con los autores, los familiares y los sobrevivientes, por fijar las bases para una reparación integral”.
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