“El tiempo se detuvo, el duelo no tiene lugar….”, entre los impactos psicosociales que sufren familias de Ayotzinapa
Familiares de los normalistas desaparecidos en conferencia de prensa en la CDMX. Foto: Hugo Cruz
Lo anterior forma parte de las conclusiones del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales a las familias de Ayotzinapa”, que se presenta este miércoles 14 en el Centro Cultural Tlatelolco.
El informe fue resultado de un trabajo colectivo de un equipo de especialistas, siguiendo recomendaciones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las conclusiones sobre la situación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, coinciden en “la imposibilidad de darle sentido a esos hechos”. A ello se suma “la ruptura de la confianza en las autoridades y la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Entre los hallazgos más relevantes se cuenta que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, lo que genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
A partir de las entrevistas, los investigadores lograron identificar que “la vivencia del tiempo detenido condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, de manera que “el duelo no tiene lugar, porque no sabe si sus hijos están vivos o muertos”.
Traumas y desconfianza en el Estado
El informe se ocupa también de los niños en las comunidades indígenas a las que pertenecían los jóvenes, así como de los impactos generados por la impunidad y la divulgación de representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, de la “verdad histórica”, que afirma que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales en colusión con miembros del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, quienes los habrían calcinado en el basurero del municipio de Cocula y que habrían depositado sus cenizas en el río San Juan.
“La difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”, dice el texto.
Además, incluye un reporte sobre los efectos de la desaparición y la impunidad en integrantes de otros colectivos de víctimas, dedicados a la búsqueda de sus seres queridos en fosas clandestinas.
El documento fue elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016. En un primer momento, se programó su presentación para el pasado 20 de septiembre, evento que fue suspendido tras el terremoto que sacudió a varios estados del país.
El estudio está basado en 64 entrevistas con familiares de víctimas y normalistas sobrevivientes, conversaciones que representan 40 horas de grabación, así con expedientes médicos de 55 familiares, integrados por la Red por la Salud 43, un equipo de tres médicos, dos nutriólogas, un psicólogo y un gestor intercultural, que han atendido a los familiares de los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014.
De acuerdo con el documento, en el caso de los estudiantes sobrevivientes, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones”, y quienes presentan “daños graves a nivel psicosocial”.
Al señalar que los normalistas que acudieron a Iguala el 26 de septiembre y siguen con vida no han recibido atención por parte del Estado, se agrega que padecen “impactos traumáticos de los hechos y las reacciones post traumáticas que desencadenan una serie de síntomas que interfieren en el desarrollo de sus actividades cotidianas y afectan diversas esferas de su vida”.
Aldo, Edgar, Daniel, Julio César…
En el caso de los heridos, los especialistas abordaron los casos de Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en estado vegetativo, y Edgar Andrés Vargas, quien recibió un disparo de bala en el rostro, aunque se reconoce que en los eventos hubo más heridos, muchos de ellos sin atención médica oportuna.
Al señalar que en caso de Edgar, se ha destacado por “su extraordinaria capacidad de resiliencia y de reconstrucción de su proyecto de vida”, el estudio destaca que las familias de los jóvenes experimentan “la imposibilidad de dar sentido a los hechos, la ruptura de la confianza con las autoridades y la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad”.
Además, observa en ellas “sentimientos de culpa e impactos psicosociales derivados de la estigmatización de los estudiantes, y vivencias de inseguridad y vulnerabilidad como producto de la situación traumática, agravado por la falta de sanción a los responsables”.
En cuanto a los familiares de los estudiantes fallecidos Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, el informe reconoce “impactos psicológicos y psicosociales profundos” por la muerte violenta de los jóvenes, así como una urgencia de acceder a la verdad y a la justicia, como reparación del daño, y no una aportación económica como representantes gubernamentales les han ofrecido.
Un tratamiento particular tiene el de la familia de Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de septiembre con huellas de tortura y su rostro descarnado. El informe detalla la relación de conflicto entre la viuda del normalista, Marisa Mendoza, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En cuanto a la situación de niñas y niños familiares de las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre, el informe destaca que “han presentado una serie de cambios en su comportamiento, la vida al interior de su familia se ha transformado drásticamente, la forma en la que construían su mundo se desmoronó, la precariedad económica aumentó, y la salud de los adultos se ha visto afectada”.
Los expertos del estudio “Yo sólo quería que amaneciera” encontraron que los niños han sufrido cambios “en su estado de ánimo, en las relaciones con los otros, en la escuela, en los roles dentro de las familias”, modificaciones de conducta “desde donde generan explicaciones para sostenerse en esta larga espera” por el pariente desaparecido.
El documento incluye dibujos realizados por los pequeños sujetos a estudio que revelan la ausencia del ser querido, la esperanza de su localización, el enojo contra autoridades a quienes responsabilizan de la ausencia y, sobre todo, una tristeza profunda.
Entre los padres y familiares de los desaparecidos, “hasta la fecha, persisten trastornos en el sueño y la alimentación en la mayoría de ellos”, además de que “el vacío psíquico que significa la desaparición y la incertidumbre se llena de fantasías sobre la situación de sus hijos, las vejaciones y malos tratos que podrían estar recibiendo”.
A lo anterior, “se suman los sentimientos de agravio detonados pro la versión oficial sobre el supuesto paradero de los estudiantes”, puntualiza el informe.
Los investigadores destacan que, para los padres de los desaparecidos, “la búsqueda de sus hijos aparece como una forma de enfrentar el vacío y permite a los familiares sostenerse frente a la pérdida ambigua, a pesar de la frustración, los altos costos en su salud y su proyecto de vida”.
Algunos de los sentimientos manifestados por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, también son compartidos por los integrantes de otros colectivos de víctimas, que se han visto identificados con los primeros “no sólo por la experiencia de la desaparición forzada, sino por la persistencia de la impunidad”.
La impunidad, en el caso de los 43, como de víctimas de otras latitudes del país, se convierte en el informe “Yo sólo quería que amaneciera” en el punto de referencia de las desapariciones forzadas en el país, que no sólo genera un clima de injusticia, sino efectos psicosociales profundos.
A más de tres años, la investigación de los expertos en psicología y medicina asegura que para los familiares de los desaparecidos “la verdad y la justicia son el primer paso para hablar sobre reparación integral del daño”.
Además, coinciden en la urgencia por dirigir “cambios estructurales, como justicia social y garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, así como medidas de no repetición”.
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