Activistas y académicos alertan sobre privatización de los recursos naturales con Ley de Biodiversidad
Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Benjamin Flores
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad (LGB) demandaron una consulta pública antes de aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la minuta, misma que fue avalada el 22 de marzo.
Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, denunció que la aprobación del proyecto “no cumplió con el quórum necesario, se realizó a puerta cerrada, sin grabación de la misma y pasando por alto el tiempo reglamentario de 30 minutos para integrar el mencionado quórum”.
Más aún, acotó, a la reunión sólo llegaron 15 legisladores de 30 que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (Comarnat), cuando por normatividad se requiere la presencia de 16 integrantes.
La activista identificó como uno de los conglomerados implicados al “Grupo Salinas Pliego, que tiene intereses no sólo en televisoras sino en la generación de energía, en las mineras; la minera de Baja California la están explotando ellos encima de la defensa que se ha hecho por parte de la población, y ahora presumen intereses en el acceso a los recursos genéticos”.
Igual agregó que los intereses económicos por sectores son millonarios, y enlistó algunos de ellos: “La farmacéutica está en un mercado que asciende a 955 mil 500 millones de dólares; la cosmética, 426 mil millones; alimentos y bebidas, 11.6 billones de dólares, estamos hablando del futuro de la alimentación del planeta”.
Carlos Ávila Bello, de la Universidad Veracruzana (UV), apuntó que quien impulsó originalmente la LGB fue la senadora Ninfa Salinas, “quien representa intereses particulares de industrias como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial”.
El académico apuntó que los integrantes de la Coalición Ciudadana ante la LGB están convencidos de que esos grupos empresariales “se quieren apropiar, a través de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos perdido soberanía con Pemex, con esto vamos a perder prácticamente todo”.
Ávila puntualizó que la ley es inconstitucional porque “desde su fundamentación permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que las ha preservado por siglos”, y a quienes “se les paga 700 pesos por hectárea de área protegida al año, y ahora las transnacionales harían un gran negocio”.
Óscar Vélez, de Revive México, comentó que la redacción de la iniciativa de LGB permite que incluso especies que estaban protegidas, como la tortuga marina, puedan ser objeto de caza, por lo que “se trata de una ley regresiva, pues abroga la Ley General de Vida Silvestre”.
Luego reprobó que con la LGB se pretendan echar atrás “décadas de esfuerzos para proteger especies como las tortugas marinas, dejando a discreción privada el aprovechamiento de especies en riesgo y permitiendo la legal posesión de especies silvestres como mascotas, lo que contraviene la conservación de la biodiversidad”.
Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, recordó que el procedimiento inconstitucional que se está siguiendo para el caso de la LGB es similar al de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues “ambas tienen como común denominador que fueron promovidas por el PVEM, misma que se encuentra en revisión por parte del Senado de la República”.
También destacó que, en ambos casos, los legisladores “se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar a una consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, a pesar de en México la mayoría de los bosques se encuentran en las tierras de este sector de la población. Se han negado pese a que en los dos casos se cumple con los requisitos del Convenio 169 de la OIT, y a que se hizo la solicitud de consulta”.
Danaé Espinosa, del Movimiento de Jóvenes de América Latina y el Caribe, insistió en que la LGB es regresiva, toda vez que es incompatible con los parámetros internacionales impulsados por México.
“México ha sido pionero en impulsar convenios internacionales contra el cambio climático, por lo que es indispensable que se deseche esta ley para que haya coherencia legislativa”, dijo la defensora.
Espinosa recordó que, hasta el momento, 175 países han ratificado el Acuerdo de París, que prevé la biodiversidad, en tanto que, en México, “en la agenda 2030 a nivel nacional, se incluye la participación de la sociedad civil para revisar las propuestas de la parte ambiental”.
David Ruiz, de la Red Nacional Indígena, puntualizó que la LGB pasa por alto el artículo segundo constitucional, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, además de que “viola derechos humanos básicos, entre ellos al uso y disfrute de la biodiversidad, al medio ambiente sano, a la participación y a la alimentación”.
Además, insistió en que la consulta debe realizarse en “los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, con una convocatoria amplia, incluyente, en sus lenguas y abierta a toda la sociedad”.
También consideró que, una legislación “sin claridad en las propuestas recogidas ni el criterio con el que las observaciones son incorporadas o dejadas fuera, no puede considerarse un ejercicio válido”.
El investigador Octavio Klimek denunció que “los legisladores del PVEM y el PRI han despreciado la oposición fundamentada y legítima de organizaciones sociales, académicos, expertos y agencias gubernamentales” en un afán de responder a intereses económicos.
El consultor ambiental recordó que, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que dirige el exrector José Sarukhán, y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), se han pronunciado en contra de la iniciativa, sin que los legisladores del Verde y el PRI hayan atendido las observaciones.
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