Familiares de desaparecidos exigen a Peña que Comisión de Búsqueda dependa de Segob
Los colectivos que integran el Movimiento acusaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de haber roto los acuerdos que habían pactado los colectivos de familiares con el gobierno federal durante la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda.
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al propio Navarrete Prida, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación”, el Movimiento recordó que, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, se considera a la CNB como un ente que “va más allá del ámbito federal y más allá de las tareas de seguridad pública”.
Igual destacaron que, en las conversaciones para la elaboración de la ley general, el gobierno de Peña Nieto se comprometió a que a la CNB “se le respetaría y otorgaría facultades amplias para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México”.
Al recordar que durante la elaboración de la ley hubo estrecha comunicación con la sociedad civil, los colectivos consideraron que, “con su decisión, el secretario de Gobernación manda un mensaje de desdén al trabajo realizado conjuntamente con decenas de colectivos de familiares y de la sociedad civil”.
Los integrantes del Movimiento exigieron “se respeten y garanticen todas las facultades y recursos institucionales y financieros para que la CNB funcione con la autoridad y capacidad con la que fue diseñada, lo cual implica que esté inscrita al secretario de Gobernación, al nivel de la propia CNS, no por debajo de ella”.
Al descartar que dadas esas características no se justifica el argumento del gobierno federal de adscribir la CNB a la CNS, debido a que este último está encargado de coordinar “el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública federal”, advirtieron que la ley general establece que la primera tiene como objetivos “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
Además, para el cumplimiento de la ley se señala que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda”.
La descripción de la CNB en la ley general “significa que orgánicamente debe contar con las herramientas técnicas, legales y políticas para generar la coordinación y vinculación entre distintas autoridades de todos los niveles de gobierno y con la propia sociedad civil para la concreción de una política de Estado que garantice la búsqueda efectiva y la localización de las personas desaparecidas o no localizadas”.
El acuerdo publicado este lunes 2 subordina la CNB a la CNS, con lo que “le quita la autoridad para poder convocar y concretar dichos acuerdos y limita en extremo su funcionamiento, ya que la acota a una entidad cuyas atribuciones se limitan a funciones de seguridad pública en el ámbito federal”.
Al recordar que durante la negociación de la ley general uno de los puntos más ríspidos de discusión fue a qué instancia quedaría subordinada la CNB, las familias que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México puntualizaron que, “debido a la extrema gravedad y relevancia política del problema de las desapariciones en nuestro país, la posición y estructura orgánica de la CNB debe reflejar el compromiso del gobierno con este tema”.
También apuntaron que “lo apropiado es que la CNB sea adscrita directamente al secretario de Gobernación, ya que esto le permitiría cumplir de mejor forma sus atribuciones de coordinación, conducción y vinculación interinstitucional de una política integral para la búsqueda de personas”.
Los colectivos que integran el Movimiento destacaron que, en las conversaciones para la elaboración de la ley general, el gobierno de Peña se comprometió a que a la CNB “se le respetaría y otorgarían facultades amplias para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México”.
Además, advirtieron que no confían en la CNS, pues “no ha favorecido el esclarecimiento de los múltiples casos de policías federales desaparecidos, ¿cómo esperar que ayude a encontrar a otros”.
Más aún, agregaron que la Ley de Egresos destinó un “presupuesto específico, justamente para dotarle (a la CNB) de esa autonomía relativa, ¿administraría ahora la CNS esos recursos afectando su capacidad de toma de decisiones?, ¿a quién responderá el comisionado nacional de Búsqueda: al Sistema Nacional de Búsqueda o a la Comisión Nacional de Seguridad?”.
La misiva fue también remitida al subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante; al primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava; a los comités de Derechos Humanos y de Desaparición Forzada de la ONU; al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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