Aunque ganen salario mínimo y no tengan ni casa OBLIGAN A TRABAJADORES A DECLARAR 3 DE 3
*Equiparan a empleados subordinados con altos funcionarios que otorgan licitaciones.
*No es lo mismo un trabajador que los directivos que manejan presupuestos.
Participación de Pedro Sebaste Villegas Rojas,
Director del Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS),
programa del sábado 02 de junio de2018
El movimiento sindical está lleno de desafíos
por la profundización de la instrumentación de las leyes reglamentarias
de las denominadas reformas estructurales, que le impactan gravemente
al ahondar en una política de inestabilidad laboral, contención
salarial, disminución del poder adquisitivo de los salarios y
flexibilización de prestaciones contractuales, sumiendo a los
trabajadores en el empleo precario.
En ese contexto es que los trabajadores de
los servicios públicos estatales y municipales advierten un desafío
profundo que los tiene en vilo, por un lado está la miscelánea fiscal
disfrazada de reforma que año tras año se implementa y la ley de
transparencia que obliga a la declaración 3 de 3 a los trabajadores que
perciben desde un salario mínimo como si fueran funcionarios que
decidieran la contratación de obras y licitaciones, el desmantelamiento
cada vez más agresivo de los regímenes de los fondos de pensiones y
jubilaciones.
Por otro, la puesta en marcha de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo
propósito era combatir las prácticas corruptas, el despilfarro, saqueo
de las arcas públicas y endeudamiento indiscriminado para cumplir con
los compromisos y favores políticos, que observan un deterioro
sistemático en las finanzas públicas de los estados y municipios, que
sin duda comprometen su estabilidad financiera en el futuro.
Cabe señalar, que desde inicios de la actual
administración, el Ejecutivo Federal anunció la necesidad de encontrar
una solución al creciente endeudamiento de las entidades federativas y
los municipios y su intención se reflejó en la Reforma Constitucional
del 27 de mayo de 2015.
Por ello, es que se creó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
aprobada el 17 de marzo de 2016 en el Congreso de la Unión y promulgada
por el Poder Ejecutivo el 27 de abril de ese mismo año, cuyos
lineamientos referentes al Presupuesto de Egresos y al equilibrio
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios, de
conformidad con el Artículo Décimo Transitorio, entraran en vigor en
este 2018.
Desde luego que su implementación impacta a
los trabajadores al servicio de los estados y municipios, en virtud de
condicionar los incrementos salariales y prestaciones, y con esto, la
negociación colectiva, al considerar en su artículo 10 las obligaciones
laborales como “servicios personales”, exigiendo que los salarios sean
incrementados teniendo como límite, el producto que resulte de aplicar
al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato
anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor
entre:
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y
b) El crecimiento real del
Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política
Económica para el ejercicio que se está presupuestando.
De
tal manera, que bajo este argumento se haría imprescindibles las
negociaciones salariales y de prestaciones por parte de los trabajadores
y sus organizaciones sindicales, al sujetar las negociaciones laborales
a los parámetros de la Ley.
Por otro lado, al permitir a los Congresos de
los estados la adecuación de sus legislaciones a la Ley de Disciplina
Financiera, sería darles la oportunidad de condicionar cualquier
aspiración de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida y de
trabajo.
Un ejemplo de ellos es lo que en algunos
estados de la república se ha venido haciendo, como Querétaro con la
reforma a su Ley de trabajo, en la que para poder mejorar en
prestaciones se requiere garantizar en el futuro el pago de las mismas a
través de un fideicomiso que se pueda crear, lo que representaría un
obstáculo para el gobierno patrón, pues no habría presupuesto anual que
alcanzaría para fijar esa garantía.
En ese sentido es que el movimiento sindical y
en especial de los trabajadores estatales y municipales en todo el
país, requieren hacer unidad de acción para enfrentar este desafío, que
le permitan tener capacidad de interlocución y decisión en los
Congresos, a fin de exigir el respeto de sus derechos y libertades
sindicales; así como de proponer alternativas que no solo le impidan
perder capacidad de negociación, sino de apartarse de su objetivo
natural que es la de representar, promover y defender los intereses de
los trabajadores.
Actualmente estamos inmersos en un proceso
electoral que se vislumbra ser el más competido y difícil, por lo que
representa en sí misma la elección presidencial y el conjunto de los
3,858 cargos de elección popular; todo ello, en un marco de
incertidumbre, desconfianza y escándalos de corrupción, que envuelve a
una sociedad que demanda el restablecimiento del Estado de Derecho.
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