La CIDH sepulta la “verdad histórica” del gobierno de Peña en el caso Ayotzinapa
Marcha por Ayotzinapa sobre Paseo de la Reforma. Foto: Raúl Pérez
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala.
El órgano jurídico autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado del estado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado del estado de Guerrero.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala.
El informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que cumple con las recomendaciones que hiciera en julio de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la misma OEA, es contundente al exponer la falta de interés del gobierno de Pena en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe de la CIDH.
La exigencia general del órgano autónomo de la OEA es que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes”, indicó Abrāo.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva, por ejemplo, mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el exfuncionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.
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