Los tratados comerciales y la regresión laboral
La ratificación
en el Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (TPP 11), el pasado abril, revive el debate sobre la
afectación a los derechos laborales en México tras la firma de acuerdos
comerciales como el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte
(TLCAN), que en el balance de los años arrojan ganancias y beneficios a
un reducido grupo de empresarios nacionales y extranjeros pero no así a
los millones de trabajadores que al paso de las décadas han visto
acrecentarse la brecha de la desigualdad ante la apatía y desinterés de
una clase política que ha hecho suyo el apotegma que reza: Candil de la calle y oscuridad de su casa.
Tras una larga discusión en la tribuna de la Cámara Alta, terminó por imponerse una vez más el absurdo mayoriteo
que con 73 votos a favor por 24 en contra y cuatro abstenciones, desoyó
una vez más las voces de alerta sobre las afectaciones que este nuevo
acuerdo comercial traerá a la debilitada industria nacional y diversos
sectores sociales que enfrentarán riesgos en su salud por las medidas
proteccionistas a las transnacionales de industrias como la
farmacéutica, elevando el costo de medicamentos para el tratamiento de
enfermedades como el cáncer.
A los legisladores al servicio de la
tecnocracia neoliberal no les importó dejar en situación de desventaja a
industrias ya de sí golpeadas y en franca desventaja ante el mercado
asiático como la del vestido y el calzado; también, dejaron en el limbo
el asunto de los golpeados ingresos y derechos de los trabajadores, como
ha ocurrido con el TLCAN, cuyo capítulo laboral fue relegado como tema
prioritario de la agenda del equipo de negociación del gobierno
mexicano, luego de que Donald Trump ubicó al acuerdo al borde del
colapso.
El TTP y el TLCAN siguieron la misma
génesis del árbol que nació torcido; sus ramas nunca podrán enderezarse
al dar sombra a la opacidad; ambos tratados no fueron puestos en la mesa
del debate nacional y los sectores sociales y productivos se han
remitido a ser meros espectadores a los que la tecnocracia neoliberal
nunca toma parecer. De hecho, cuando en octubre del 2015 la actual
administración firmó el acuerdo con Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos,
trascendió que la negociación se había dado en secrecía. El texto del
TPP no fue público, por lo que nadie conoció con exactitud su contenido.
La historia del TLCAN se repitió 24 años después con el TTP.
La firma de estos acuerdos ha implicado
diversas modificaciones constitucionales para adaptar las leyes de
México a modo de los intereses de las trasnacionales, poniendo en
entredicho y en la ruta de las involuciones históricas a derechos
laborales como la jornada de 8 horas; el derecho a huelga, la
contratación colectiva, la libre sindicalización y la seguridad social,
sin dejar de mencionar el abatimiento del régimen solidario de las
pensiones que ahora coloca en situación vulnerable el retiro de las
nuevas generaciones, condenándolas a ser ancianos en situación de
insalvable miseria.
Para la tecnocracia instalada en el
poder desde hace más de 3 décadas, el tema del bienestar de la clase
trabajadora no ha figurado como prioritario en su agenda política, razón
por la cual no la ha importado precarizar las condiciones laborales de
las mayorías para que la clase empresarial y sus socios de las
multinacionales acumulen más riqueza.
Tras la firma, en 2015, de las naciones
involucradas en el TTP, premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz y
Paul Krugman, alertaron que la puesta en marcha del acuerdo
transpacífico representaría daños a la calidad de vida de los ciudadanos
y consumidores de las naciones involucradas, sobre todo las más pobres.
Stiglitz refirió que con el acuerdo, por
ejemplo, el acceso a los medicamentos genéricos por parte de la
población con menores recursos, se tornaría inaccesible. “Los pobres no
serán capaces de costearlos, los seguros médicos se encarecerán; es
decir, afectará a todos los grupos en la sociedad y ninguno de ellos
están en la mesa negociando”.
Paul Krugman, señaló en su momento que
el TPP, no era precisamente un acuerdo sobre libre comercio, pues si
bien los precios de algunos artículos bajarían, en su esencia estaba
implícita la intención de “endurecer los derechos de la propiedad
intelectual en campos como la medicina”. Y abundó que la organización
Médicos sin Fronteras estaba sumamente preocupada de que con el acuerdo
los medicamentos serían “incosteables” para las naciones en vías de
desarrollo, México incluido.
Organizaciones sindicales de la Unión
Americana como la AFL-CIO, denunciaron que el acuerdo beneficiaría de
manera exclusiva a las grandes corporaciones pero no a los trabajadores.
En su momento el entonces aspirante demócrata a la presidencia
estadunidense, Bernie Sanders, comentó: “Wall Street y otras grandes
corporaciones han ganado nuevamente. Necesitamos políticas comerciales
que beneficien a los trabajadores y consumidores de Estados Unidos, no
sólo a los presidentes de grandes corporaciones multinacionales”.
Ahora que el TLCAN se columpia de la
cuerda floja es viable proponer a los aspirantes a la Presidencia, como
un tema obligatorio en sus campañas, el llevar al debate nacional
después de las elecciones del primero de julio próximo, el contenido de
estos tratados donde los trabajadores deben tener, como otros sectores,
una participación activa.
No debe aceptarse que en un sistema
democrático sea un reducido grupo de tecnócratas y ambiciosos
empresarios los que decidan qué conviene o no a México; hasta la fecha,
ha quedado más que demostrado la forma ventajosa y mezquina como han
firmado no únicamente acuerdos comerciales sino todo tipo de
modificaciones legislativas a la Constitución para atentar contra los
derechos de los trabajadores pero también contra las riquezas del
subsuelo y los recursos naturales del país.
Los mexicanos debemos exigir la revisión
a fondo de estos tratados que nunca han reportado los beneficios
sociales prometidos por sus impulsores. La pobreza y marginación de las
mayorías así lo demuestra. Los responsables de acrecentar la brecha
entre ricos y pobres deben rendir cuentas a la nación.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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