Aniversario de los sismos, más amenazas a la seguridad humana
Un aniversario más de los terremotos del 19 de septiembre (1985 y 2017) y la exposición a amenazas a la seguridad humana por terremotos, huracanes, sequías, olas de calor e incendios continúa. La población, entre víctimas y pérdidas materiales, enfrenta además desplazamientos forzados y violencia entre comunidades por estos fenómenos ocasionados por el cambio climático.
De ocurrencia sorpresiva, rápida
evolución y violencia, los desastres naturales se multiplican por el
cambio climático y dejan a su paso una larga estela de desolación y
muerte, frente a un gobierno incapaz de prevenirlos y que no aprende con
las experiencias y que reacciona tardíamente.
Sabedor de su incapacidad para atender
con eficacia los desastres naturales, y rebasado por una sociedad cada
vez más activa y solidaria, como se demostró en los sismos de 1985 y
2017, los órganos de seguridad nacional del Estado Mexicano han
clasificado en primer lugar los desastres naturales entre los 10 graves
problemas enlistados en la Agenda Nacional de Riesgos.
Rescate de sobrevivientes, atención de
heridos, extinción de incendios, control de escapes de sustancias
peligrosas, establecimiento de albergues, entrega de agua y comida para
damnificados, evacuación de personas, resguardo de la seguridad y el
orden público, así como la recuperación y manejo de cadáveres, son
tareas a las que se enfrentan oficinas anacrónicas de protección civil
que desde hace 30 años no saben qué hacer en momentos de crisis para
salvaguardar la vida de las personas.
Y es que, por su ubicación geográfica,
diversidad climatológica de suelo, relieve e hidrológica, México está
expuesto a riesgos y amenazas naturales -que los especialistas definen
como riesgos “socialmente construidos”-, que derivan en cuantiosos daños
humanos y materiales.
Después del Continente Asiático, América
es la segunda región más afectada por desastres naturales. De acuerdo
con The International Disaster Database, entre 1900 y 2017 se han
registrado 3 mil 589 desastres en la región. En el mismo periodo, en
México han ocurrido 259 desastres naturales, lo que lo convierte en el
segundo país con mayor ocurrencia de este tipo de eventos, después de
Estados Unidos, con 979 desastres.
En el periodo de 1900 a 2017 se han
registrado en México 34 terremotos, que han causado poco más de 11 mil
muertos, haciendo de estos fenómenos geológicos el más peligroso para el
país en cuanto a pérdidas humanas se refiere, señala el informe La vulnerabilidad de México ante el cambio climático, una revisión del Sistema Nacional de Protección Civil, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Precisa que la frecuente ocurrencia de
ciclones tropicales, 92 para el mismo periodo, hace de este fenómeno el
más costoso de afrontar, con daños calculados en 31 mil 144 millones de
dólares a lo largo de poco más de 100 años.
“A pesar de lo anterior, en términos de
costos financieros, la suma histórica de los daños por tipo de desastre
revela que no ha habido mejoras sustanciales en prevención y mejora
regulatoria, contrario al caso de la disminución de pérdidas humanas”,
subraya el documento de la autoría de Raúl Zepeda Gil, Alejandra Huerta
Pineda, Mara Karina Sánchez y María Cristina Sánchez.
De acuerdo con los expertos, el Sistema
Nacional de Protección Civil no ha sido capaz de generar mecanismos de
protección a la población por las consecuencias del cambio climático
antropogénico y sus secuelas como tormentas, inundaciones, terremotos,
actividad volcánica, temperaturas extremas, deslizamientos de tierra,
incendios, sequías y epidemias.
Los daños provocados por los 10 peores
desastres naturales, medidos por el número de muertes que estos
ocasionaron tanto en el periodo amplio de 1900 a 1917, como en un
segundo periodo que va del año 2000 a 2017, revelan que, en ambos casos,
los terremotos de 1985 y 2017 han sido los que mayores pérdidas humanas
han causado; a pesar de ello, entre el primer y segundo evento se
registra una importante disminución de dichas pérdidas. (Tablas 1 y 2)
Asimismo, el estudio del Senado de la
República señala que es evidente que los fenómenos hidrometeorológicos
como los ciclones tropicales y las inundaciones, cuya peligrosidad
aumentará debido al cambio climático, han tomado relevancia en las
últimas décadas, no sólo por la frecuencia de ocurrencia sino por el
monto de los daños que estos provocan.
De los 259 desastres naturales
registrados en México entre 1900 y 1917, el 80 por ciento (207) fue
causado por fenómenos hidrometeorológicos: tormentas, inundaciones,
sequías, deslizamientos de tierra y temperaturas extremas. La ocurrencia
de estos fenómenos provocó 11 mil 350 muertos, 16 millones de afectados
y daños totales calculados en 38 mil millones de dólares.
En comparación con los desastres
geológicos, tan solo representan el 17 por ciento (44) del total; se
estima que han provocado 12 mil 134 muertos y 2.8 millones de afectados,
así como costos por daños que ascienden a 8 mil 378 millones de
dólares.
Es decir, “el riesgo que representan los
fenómenos meteorológicos es casi tan mortífero como los grandes
terremotos, con pérdidas monetarias cuatro veces superiores”, consigna
el diagnóstico del instituto Belisario Domínguez.
Humberto González Arroyo, maestro en
protección civil y prevención de desastres por la Universidad
Iberoamericana, asegura que el cambio climático es un detonador de
fenómenos ciclónicos en México, un proceso del que se debe hacer
conciencia de adaptación y ejercer medidas para enfrentarlo ante el
incremento de temperatura, que conduce a la extinción de especies y
problemas de seguridad nacional, como desplazamientos de población
forzados por desastres como las sequías.
“La sequía va a obligar a muchos
municipios a acercarse a otras poblaciones, lo cual es un tema de
seguridad nacional y de seguridad pública por incendios forestales,
deforestación, extinción de especies, ecocidios, ciclones, huracanes, y
su derivación en conflictos, incremento de epidemias y pandemias y
violencia en comunidades obligadas a desplazarse de manera forzada por
el cambio climático”, acota.
Refiere en entrevista con Contralínea
que desde 1989 se registra el desplazamiento forzado en muchas
comunidades del país que carecen de oportunidades de sobrevivencia
económica y que genera violencia.
“Es un tema prioritario de la Agenda
Nacional de Riesgos que el nuevo presidente (Andrés Manuel López
Obrador) deberá atender, porque tiene que ver con pobreza, cambio
climático, seguridad alimentaria y gobernabilidad”, precisa el
académico.
González Arroyo, especialista en
inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de
Administración Pública, señala que el cambio climático es un tema no
solo para la agenda de protección civil, sino para la Agenda Nacional de
Riesgos y la seguridad nacional que el nuevo gobierno debe contemplar.
“El cambio climático es un tema
delicado por la inversión que realiza el Estado Mexicano en el rubro de
desastres, los cuales no son naturales, sino socialmente construidos,
por ejemplo, construir en zonas de alto riesgo, lagos, etcétera, donde
va a haber un riesgo por fenómenos meteorológicos”.
Indica que para el Estado, de entre los
desastres naturales el problema número 1 de la Agenda Nacional de
Riesgos son las inundaciones, contrario a lo que se piensa de los
sismos, ya que desde 2012 hubo un aumento del 40 por ciento de
anegaciones en el país ocasionadas por el cambio climático.
“El cambio climático nos habla de
canícula, aumento en la temperatura, epidemias y pandemias,
desplazamientos forzados, violencia entre comunidades porque se acaba la
actividad económica, así como de la obligación de enfrentarlo como una
amenaza a la seguridad nacional”, destaca el catedrático.
La violencia entre comunidades -dice el
especialista- es el efecto colateral del cambio climático, un tema
irreversible que demanda medidas de adaptación y de una cultura de
prevención y de gestión integral de riesgo y protección civil. En su
opinión, persiste la acción reactiva frente a la preventiva por parte de
las instituciones, “como lo vimos en los sismos de 2017”.
González Arroyo explica que el modelo
internacional habla de la gestión integral del riesgo, es decir, de una
gestión preventiva y reactiva y de prospección de prevención de riesgos a
los que está expuesta la población, para que esta sepa a lo que se está
enfrentando y aprenda a manejarlo. Pero, sobre todo, es un fenómeno
relacionado con la pobreza que está relacionada intrínsicamente con los
desastres.
Advierte que si no se generan políticas
transversales que reduzcan la pobreza y la vulnerabilidad de las
comunidades, resulta muy complicado que no vaya a haber damnificados por
desastres “mal llamados naturales”, derivados del cambio climático, es
decir, socialmente construidos.
“Falta mucha cultura de protección
civil, no hemos trascendido de una gestión de riesgos de carácter
reactiva a una preventiva, sino que todo recae en las fuerzas armadas y
en la sociedad civil. México necesita trascender y no ver el niño
ahogado y tapar el pozo sin invertir en prevención de la gestión de
riesgo y revertir el gasto en acciones reactivas como forma de enfrentar
los desastres”, añade González Arroyo.
Se requiere conjuntar la capacidad de
Inteligencia Naval, de la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa
Nacional, de la Policía Federal, de los Centros de Alertamiento de
Tsunamis y Sismos, y romper el paradigma que demuestre que se puede
hacer algo en el ámbito de la seguridad pública y la protección civil.
“La protección civil tiene que ver con
imparcialidad y neutralidad, por lo que al estar en áreas de seguridad
pública se complica. Se tiene que analizar cuál es el modelo que pueda
funcionar, porque durante años el sistema está debilitado y corrupto,
aunque hay excepciones de autoridades capaces en estados y municipios”,
indica el también investigador del Instituto Mora.
Para González Arroyo el gobierno debe
centrar el tema en la seguridad humana, alimentaria, seguridad nacional y
de desarrollo, enfrentar el cambio climático, para lo cual “se requiere
de funcionarios capacitados en una cultura y conocimiento de la gestión
integral de riesgos desde el marco de Sendai y que cumplan la Ley de
Protección Civil, porque la gente sigue viviendo en las calles, hay
problemas de reconstrucción por los sismos de 2017 sin resolver, incluso
también desde el los sismos del 85”, remata.
Protección civil, 30 años de fracasos
“Justo 32 años, 5 horas y 55 minutos
después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la sociedad y
autoridades de una de las ciudades más grandes del mundo y de las más
importantes de América, no estuvieron del todo preparadas para un
escenario muy similar al que se vivió en el ´85”, refiere César Orlando
Flores Sánchez, maestro en prevención de riesgos por la Universidad
Politécnica de Valencia, España.
Los sismos de septiembre de 2017, al
igual que otros eventos desastrosos como el impacto de los huracanes
Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, la explosión en San
Martín Texmelucan en 2010 o las inundaciones en Tabasco en 2007, son
muestra de lo poco eficiente que resulta el modelo de una Agencia de
Protección Civil subordinada a despachos ajenos a la gestión de riesgos,
como la Subsecretaría de Protección Civil que anunció el gobierno de
López Obrador.
Considera que la creación de dicha
Subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública del próximo gobierno
representa un retroceso de 30 años en la gestión integral del riesgo de
desastre, “íntimamente ligado a la gestión del desarrollo sostenible,
lo que lo hace un tema prioritario de seguridad nacional”.
La Subsecretaría de Protección Civil
será un obstáculo para cumplir con los programas y proyectos para
alcanzar las metas del marco de Sendai y sus cuatro fases: prevención,
preparativos, respuesta y recuperación, responsabilidades de los órdenes
de gobierno y la racionalidad de la comprensión holística de las
amenazas y riesgos, enfatiza el especialista.
“El tema (de protección civil) quedará
relegado, por carecer del respaldo profesional, académico y
gubernamental que exige un organismo de esta naturaleza… Lo que se
necesita es un organismo autónomo y con mayor autoridad”, subraya Flores
Sánchez en su análisis Subsecretaría de Protección Civil, un retroceso
de 30 años, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales
(Cesnav).
Jesús Manuel Macías, investigador del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(Ciesas), manifiesta que la idea errónea de que los desastres
representan retos para la gobernabilidad fue la causa de que en México
la protección civil se alojara en la Secretaría de Gobernación.
Explica que la ocurrencia de desastres
tiene que ver más con la pobreza y malos gobiernos que no atinan a
desarrollar la mejor organización para enfrentar desastres, considerando
integralmente el marco de Sendai.
Destaca que cuando el mundo ha
evolucionado hacia el concepto de gestión integral del riesgo de
desastre, México sigue hablando de protección civil como si ésta fuera
realmente una política pública o como un eje de acción gubernamental.
“Todo esto resulta más bien una idea obsoleta que sólo conducirá a que
México siga quedando fuera del concierto mundial” en protección civil,
apunta el investigador.
Refiere que hace un año en México se
llevó a cabo la Plataforma Global para la reducción del riesgo de
desastre, y que hace sólo un mes se participó en la Plataforma Regional
para la reducción del riesgo de desastre en las Américas, en Cartagena,
Colombia, donde México se comprometió a implementar acciones en el marco
de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030.
Entre las acciones destaca reconocer el
carácter multidisciplinario e interinstitucional de la reducción del
riesgo de desastres, a fin de aumentar y promover la resiliencia;
promover la investigación conjunta sobre los fenómenos que
potencialmente ocasionan pérdidas en la región; promover la
concientización y conocimiento entre la sociedad en una cultura de
prevención de desastres, resiliencia y responsabilidad ciudadana.
Macías anota que quienes llevan a cabo
acciones de protección civil en otros países son unidades autónomas; por
ejemplo, dice, Ecuador cuenta con el Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos, que es un organismo descentralizado; Colombia cuenta con la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre.
Posibilidad de macrosismo de 8.5 grados
José Raúl Cantón y Lara, presidente del
Congreso Nacional de Protección Civil (CNPC), alerta que se espera un
sismo de magnitud considerable sobre el Pacífico, precisamente “en la
brecha de Guerrero que va de Ixtapa, Zihuatanejo, hasta Acapulco, donde
se ha concentrado un cúmulo de energía”, aunque aclara que no se puede
predecir científicamente cuándo ocurrirá ni su magnitud, “pero se estima
que podría ser un sismo de intensidad de entre 7.5 y 8.5 grados”.
La zona del Pacífico está expuesta a una
mayor ocurrencia de alta sismicidad, relacionada con la actividad
volcánica y el reacomodo de las placas tectónicas, por lo que de ocurrir
un macrosismo, sus efectos se percibirían en Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo
León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México.
El experto afirma en entrevista con Contralínea
en que la protección civil no es sinónimo de bomberos ni de socorristas
o paramédicos, o de rescatistas ni de policías, por lo que estima que
no debe estar adscrita a bomberos ni a grupos de rescate ni de
socorrismo, y mucho menos a seguridad pública o a dependencias
policiacas.
En las dependencias de protección civil
debe haber científicos, ingenieros civiles, licenciados en derecho y en
psicología, antropólogos, geólogos, médicos especializados en medicina
forense, ingenieros químicos, arquitectos corresponsables en seguridad
estructural, especialistas en la gestión integral del riesgo.
La protección civil se consideraba como
un conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir desastres o
minimizar sus efectos. Ciertamente la implementación tiene su
complejidad, pero ésta se basa principalmente en ciertas normas que
reduzcan la vulnerabilidad de las zonas con mayor posibilidad de
afectación, y principalmente en la educación de la población en esta
materia para lograr crear cultura respecto a la protección civil.
Sin embargo, explica que las bases del
Sistema Nacional de Protección Civil de 1986 cada quien las interpretó a
su manera, y peor aún es que en muchas entidades federativas se
elaboraron leyes sin siquiera saber lo que contenían dichas bases.
Lentamente fue madurando todo lo que
involucraba la protección civil y cómo se debería manejar; entre 1992 y
2012 se produjo un retroceso al imponer a personas ineptas al frente del
sistema, añade el experto en protección civil.
Advierte que insertar la protección
civil en la Secretaría de Seguridad Pública, como propone el gobierno de
López Obrador, “es un error garrafal”, y plantea que esta tarea
compleja debe recaer en un organismo totalmente independiente y
autónomo, que lleve a cabo las actividades de gestión de riesgos y
prevención de desastres.
“Justo 32 años, 5 horas y 55 minutos
después del sismo del 19 de septiembre de 1985, la sociedad y
autoridades de una de las ciudades más grandes del mundo, y de las más
importantes de América, no estuvieron del todo preparadas para un
escenario muy similar al que se vivió en el 85”, arguye César Orlando
Flores Sánchez, exdirector de Protección Civil de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los sismos de septiembre de 2017, al
igual que otros eventos desastrosos, como el impacto de los huracanes
Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, la explosión en San
Martín Texmelucan en 2010 o las inundaciones en Tabasco en 2007, son
muestra de lo poco eficiente que resulta el modelo de una agencia de
protección civil subordinada a despachos ajenos a la gestión de riesgos.
“Cuántas veces hay que equivocarse y
seguir experimentando con errores del pasado, más aún cuando ha quedado
demostrado que ese camino no ha sido el idóneo a lo largo de 30 años”,
cuestiona Flores Sánchez.
Expone que México es muy vulnerable a
distintas amenazas, pero el mensaje oficial que se transmite es que la
gestión integral del riesgo de desastre aún no está contemplada como una
prioridad, íntimamente ligada a la gestión del desarrollo sustentable, y
por ende es una materia muy importante para la seguridad nacional.
Flores Sánchez advierte que el nuevo
gobierno deberá entender que no es posible seguir siendo reactivos en
cuestión de desastres. “Todo el ahorro y la disciplina que se obtendrá
con la ‘austeridad republicana’, podría perderse en temas de
reconstrucción, en lugar de invertir para la mitigación y preparación,
como lo establece el marco de Sendai”.
Insiste en que no se debe confundir el
tema de seguridad pública con el de protección civil “ni semántica ni
coloquialmente existe una relación donde una se subordine a la otra,
sino que coadyuvan entre sí para un mismo fin, pero con métodos y
conceptos absolutamente diferentes y en casos específicamente
definidos”.
Aglutinar varias agencias dedicadas al
tema central de seguridad en la futura Secretaría de Seguridad Pública
“no es adecuado, puesto que los conceptos son divergentes; es decir, no
es lo mismo la política criminal que la prevención del delito, no es lo
mismo la inteligencia policial que la inteligencia para la seguridad
nacional, y la prevención del delito tiene técnicas y prácticas muy
diferentes a la prevención de desastres”.
Añade que se requiere una autoridad
única que pueda lograr la gobernanza y transversalidad que el tema
exige, tanto en la administración pública federal, estatal y municipal,
de manera que se asegure una gestión del desarrollo sostenible, en el
marco del cambio climático.
Apunta que México necesita una autoridad
autónoma en materia de protección civil que realmente pueda ejercer con
independencia acciones, programas, proyectos e iniciativas encaminadas a
la gobernanza, a la prevención, a la mitigación de riesgos y amenazas a
la población.
“Esto incluye la reorganización
conceptual y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil,
recursos federales, estatales y municipales para la prevención y
atención de emergencias y desastres, y la recuperación o reconstrucción
de las zonas afectadas. Y, sobre todo, solventar lo más peligroso: el
centralismo en la atención de los aspectos de gestión de riesgos”,
enfatiza el experto.
Argumenta que la protección civil no se
creó para actividades de prevención del delito ni combate a la
delincuencia, sino para establecer medidas y protocolos de prevención de
accidentes, siniestros y desastres, auxiliar a la población en caso de
verse afectada por algún fenómeno natural, coordinando las actividades
de grupos especializados, no actuando como bomberos, socorristas, ni
rescatistas.
En enero de 2014, 178 municipios fueron afectados por sequías; en los primeros 15 días de enero de 2018 fueron 996.
José Réyez
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