El Congreso debe conocer atropellos laborales
Al acercarse el
cambio de gobierno no estará de más recordar a los diputados y senadores
de Morena –mayoría en el Congreso– algunos acontecimientos que
representaron abiertas agresiones a los sindicatos independientes e
incómodos a la política tecnocrática y antilaboral, en los últimos tres
sexenios.
Una
recapitulación de tan evidentes arbitrariedades ayudará a impulsar las
enmiendas que deben echarse a andar en materia de trabajo, con el fin de
recobrar la defensa de los derechos de millones de trabajadores y
evitar que atropellos de tales proporciones se repitan en el país.
Citemos tres de los más representativos
casos que dejaron tras su devastadora injusticia miles de despedidos, un
pisoteado estado de derecho y un anulado derecho a huelga, sin dejar de
mencionar la represión y el encarcelamiento de decenas de trabajadores.
Nos referimos a los casos de la inducida
quiebra de Mexicana de Aviación, a la declaración de invalidez de las
huelgas de los mineros en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas,
Taxco, Guerrero, y el artero golpe contra el Sindicato Mexicano de
Electricistas, el 11 de octubre del 2009. Todos ellos perpetrados en el
gobierno de Felipe Calderón, pero consentidos e incubados desde el
sexenio de Vicente Fox, y aún sin solución en la administración que está
por concluir.
La protección y el solapamiento
otorgados por los gobiernos panistas y las autoridades laborales a
empresarios como Germán Larrea de Grupo México, provocaron que el 19 de
febrero de 2006 –último año de gobierno de Vicente Fox- se registrara
una tragedia en la Mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde perdieron
la vida 65 mineros –63 de los cuales permanecen sepultados aún en el
socavón colapsado- a causa del abandono en los sistemas de seguridad por
parte de la empresa que se negó a su mantenimiento con la complicidad
de los inspectores de la Secretaría del Trabajo, que sabedores de las
deficiencias no procedieron a sancionar al dueño.
Francisco Javier Salazar Sáenz, entonces
titular de la dependencia, empeñó su función en evitar que Larrea no
respondiera al crimen de industria ocasionado por su negativa a destinar
recursos para salvaguardar la seguridad de los mineros. Desde que
iniciaron los intentos por rescatar a sus compañeros, los miembros del
Sindicato de Mineros encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, se toparon
con la negativa de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo que de
acuerdo con la opinión parcial de sus “expertos”, descartaron el
salvamento por considerarlo peligroso por la acumulación de gases.
Lejos de hacer justicia a los mineros,
el gobierno de Fox emprendió una persecución política contra su líder
Napoleón Gómez Urrutia, al grado de obligarlo a exiliarse en Canadá ante
el riesgo de ser privado de su libertad. Electo como senador por
Morena, el dirigente retornó al país hace unas semanas para tomar
posesión de su cargo como legislador.
Un año después, ya en el gobierno de
Felipe Calderón y con Javier Lozano como titular de la Secretaría del
Trabajo, de nueva cuenta la falta de prestaciones y medidas de
seguridad para el trabajo en las minas de Cananea, Sonora, Sombrerete,
Zacatecas y Taxco, Guerrero, obligó a que los mineros con su líder en el
exilio decidieron estallar la huelga el 30 de julio de 2007.
Días después, el 8 de agosto, la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegales las huelgas
estalladas, al considerar que supuestamente el sindicato no precisó las
violaciones al contrato colectivo, lo cual fue el argumento para poner
las banderas rojinegras.
El Sindicato Minero presentó un amparo
iniciando una lucha jurídica que meses más tarde, por una nueva decisión
de jueces por consigna, se traduciría en una brutal represión.
El 11 de enero de 2008, unos 800 agentes
de seguridad, entre militares y policías federales y estatales,
agredieron a cientos de trabajadores que custodiaban los tres accesos
principales de la empresa Minera de Cananea, a quienes desalojaron de
las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) ratificó la inexistente de la huelga iniciada el 30 de
julio.
El violento operativo dejó un saldo de
40 mineros heridos –cinco requirieron hospitalización–; cinco detenidos,
quienes fueron liberados a las 17 horas, e igual número de
desaparecidos, incluida la esposa de un obrero. La embestida contra el
Sindicato Minero abrió las puertas a los sindicatos charros de la CTM,
que contrataron personal con salarios y prestaciones muy inferiores a
los de los agremiados comandados por Gómez Urrutia.
Para acabar de dar la puntilla a una
legitima lucha y entorpecer el derecho de huelga, las autoridades
decidieron rescindir las relaciones con el Sindicato Minero alegando una
causa de fuerza mayor, porque a su decir durante la huelga se habían
dañado instalaciones y equipos, algo muy similar a lo sucedido dos años
después, cuando en octubre de 2009 el ilegal Decreto de Extinción de Luz
y Fuerza del Centro también fue sustentado en una causa de fuerza
mayor, que nunca existió, para despedir injustamente y de la noche a la
mañana a 44 mil electricistas que fueron sacados de sus centro de
trabajo a punta de metralleta, cuando la materia de trabajo y las
instalaciones siempre subsistieron para ser manejadas con la peor de las
impericias por los contratistas de la CFE y los esquiroles del SUTERM.
Otra de las infamias cometidas por la
política antilaboral de Calderón y Javier Lozano fue la quiebra inducida
de Mexicana de Aviación, que dejó de volar el 28 de agosto de 2010,
luego de que el empresario Gastón Azcárraga, presidente del Grupo
Posadas, llevará a la bancarrota a la empresa emblemática de la aviación
nacional, fundada el 12 de julio de 1921.
El gobierno de Fox prácticamente regaló
la empresa pública a Azcárraga en 165 millones de dólares, y más tarde
el gobierno de Calderón le consintió llevar a cabo una estrategia de
saqueo y desmantelamiento, al permitir la creación de dos empresas
paralelas Aerovías Caribe (clikc) y Mexicana Inter (Link), con lo que
contrataron personal ajeno a los sindicatos con bajos sueldos y magras
prestaciones, bajo el argumento de que debían sanearse las finanzas de
una aerolínea que fue la cuarta más importante y próspera del mundo.
En agosto de 2010, al declarar su
quiebra, 8 mil trabajadores quedaron sin empleo, debiendo emprender una
lucha por los derechos laborales, sus liquidaciones y pensiones. En
2014, un juez determinó su quiebra y la liquidación de los trabajadores,
cuyo monto asciende a 4 mil millones de pesos, pero en su inmensa
mayoría todavía no ve claro lo de sus pagos.
En estos tres hechos las empresas
siempre responsabilizaron a los contratos colectivos y demás
prestaciones de los trabajadores de ser una carga financiera y
representar un atentado a los estados contables de las empresas públicas
y privadas en cuestión. En contrasentido a lo no valorado por las
autoridades, por ejemplo, Larrea obtenía ganancias multimillonarias en
sus minas –y lo sigue haciendo rehusándose a mejorar las condiciones de
higiene y seguridad en sus minas-.
Javier Lozano parece que no tenía otra
excusa para atentar contra los derechos de los trabajadores que el
argumento de la “causa de fuerza mayor”. En estos tres casos siempre
estuvo presente la represión: lo mismo extrabajadores de Mexicana que
mineros o electricistas fueron brutalmente golpeados en reiteradas
ocasiones por las fuerzas pública y castrense, algunos de ellos
encarcelados por esos gobiernos que terminaron por criminalizar la
protesta social.
La administración que concluye poco hizo
por enmendar estos abusos de poder y, por ejemplo, el SME sigue en la
lucha porque se cumplan a cabalidad los acuerdos planteados con las
autoridades. Poderosos antecedentes que ilustran atropellos que no deben
repetirse contra la clase trabajadora, por lo que el nuevo Congreso y
la administración federal deben impulsar y corregir algunas leyes
laborales que fueron torcidas para dejar de proteger a millones de
mexicanos en beneficio de la clase patronal.
Martín Esparza
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