Diputados de Oaxaca van por la privatización del servicio de agua potable, alerta ONG
Jaime GUERRERO
La LXIV legislatura busca aprobar al vapor una Ley de Estatal de Agua de Oaxaca que no persigue garantizar el derecho humano al agua sino un fin privatizador, denunciaron a través de un pronunciamiento conjunto doce organizaciones sociales y ambientalistas de Oaxaca como Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A. C. Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado Foro Oaxaqueño del Agua Servicios Para una Educación Alternativa, Educa A.C. Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO A.C, por citar algunas.
La iniciativa que busca ser aprobada tras un foro a realizarse el 22 de marzo, aseguraron, no garantiza suficientemente el derecho constitucional al agua, ignora la autodeterminación de los pueblos originarios y sus derechos sobre agua y territorio, autoriza la participación privada en los servicios municipales de agua potable y saneamiento, y no asegura la participación democrática en la gestión del agua ni establece mecanismos efectivos de contraloría social, como una Defensoría Social del Agua.
“El asunto es de enorme relevancia y nos preocupan sobremanera los tiempos, los procedimientos y el mismo contenido del proyecto gubernamental”, indicaron.
Expusieron que si bien es indispensable su discusión y establecimiento en ley, primero es necesario que se realice a nivel nacional pues cualquier instrumento legal que se aprobase antes, tendría que ser modificado a fondo una vez aprobada la ley marco, que es reglamentaria de la constitución.
Urgieron también al establecimiento de un debate social amplio e informado sobre las políticas de agua y sus regulaciones legales. “Ni un foro de consulta ni mucho menos la revisión de un proyecto que no ha sido público corresponden a esta exigencia. Más bien parecen obedecer a prácticas de autoritarismo y simulación que creíamos superadas”, manifestaron.
Advirtieron que el proyecto de ley de la Comisión Estatal del Agua es en esencia el mismo que algunos diputados intentaron promulgar a fines de 2017, con desprecio por las formas legales y sin proceso alguno de consulta pública. La acción concertada de comunidades y organizaciones logró detener entonces ese albazo legislativo. Rechazamos de nuevo las consultas al vapor.
En este sentido exigieron que se discuta y apruebe, en el ámbito federal, la iniciativa de ley general de aguas nacionales conocida como ley ciudadana que impulsa la coalición agua para todos.
Que se respete el derecho al consentimiento, derecho a la información y a la participación de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, barrios y colonias del estado de Oaxaca, al margen de tiempos e intereses políticos, para contar con una ley de agua de nueva generación, integral y participativa, que mantenga los servicios municipales de agua potable y saneamiento como exclusivamente públicos, incluyendo aspectos como la sustentabilidad ambiental, el derecho al agua y la participación comunitaria.
Fuente
La LXIV legislatura busca aprobar al vapor una Ley de Estatal de Agua de Oaxaca que no persigue garantizar el derecho humano al agua sino un fin privatizador, denunciaron a través de un pronunciamiento conjunto doce organizaciones sociales y ambientalistas de Oaxaca como Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A. C. Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado Foro Oaxaqueño del Agua Servicios Para una Educación Alternativa, Educa A.C. Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO A.C, por citar algunas.
La iniciativa que busca ser aprobada tras un foro a realizarse el 22 de marzo, aseguraron, no garantiza suficientemente el derecho constitucional al agua, ignora la autodeterminación de los pueblos originarios y sus derechos sobre agua y territorio, autoriza la participación privada en los servicios municipales de agua potable y saneamiento, y no asegura la participación democrática en la gestión del agua ni establece mecanismos efectivos de contraloría social, como una Defensoría Social del Agua.
“El asunto es de enorme relevancia y nos preocupan sobremanera los tiempos, los procedimientos y el mismo contenido del proyecto gubernamental”, indicaron.
Expusieron que si bien es indispensable su discusión y establecimiento en ley, primero es necesario que se realice a nivel nacional pues cualquier instrumento legal que se aprobase antes, tendría que ser modificado a fondo una vez aprobada la ley marco, que es reglamentaria de la constitución.
Urgieron también al establecimiento de un debate social amplio e informado sobre las políticas de agua y sus regulaciones legales. “Ni un foro de consulta ni mucho menos la revisión de un proyecto que no ha sido público corresponden a esta exigencia. Más bien parecen obedecer a prácticas de autoritarismo y simulación que creíamos superadas”, manifestaron.
Advirtieron que el proyecto de ley de la Comisión Estatal del Agua es en esencia el mismo que algunos diputados intentaron promulgar a fines de 2017, con desprecio por las formas legales y sin proceso alguno de consulta pública. La acción concertada de comunidades y organizaciones logró detener entonces ese albazo legislativo. Rechazamos de nuevo las consultas al vapor.
En este sentido exigieron que se discuta y apruebe, en el ámbito federal, la iniciativa de ley general de aguas nacionales conocida como ley ciudadana que impulsa la coalición agua para todos.
Que se respete el derecho al consentimiento, derecho a la información y a la participación de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, barrios y colonias del estado de Oaxaca, al margen de tiempos e intereses políticos, para contar con una ley de agua de nueva generación, integral y participativa, que mantenga los servicios municipales de agua potable y saneamiento como exclusivamente públicos, incluyendo aspectos como la sustentabilidad ambiental, el derecho al agua y la participación comunitaria.
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