Jornaleros, entre la miseria y las violaciones graves a sus derechos humanos
Aunque los
jornaleros representan uno de los sectores más vulnerables en materia
laboral, poco o casi nada han sido tomados en cuenta por la llamada
“cuarta transformación”, quizá porque ellos no representan un gran
capital político o por la propia inexperiencia de la secretaria del
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
En México hay unos 3 millones de
personas que sobreviven en condiciones infrahumanas del trabajo mal
pagado en los campos agrícolas. De éstos, alrededor del 40 por ciento es
de origen indígena.
De acuerdo con la Red Nacional de
Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, este sector sufre múltiples abusos y
violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, sobre todo en
el ámbito laboral. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) indica que el trabajo es una condición humana que busca
asegurar las necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida.
“Es una operación retribuida, resultado
de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo
humano aplicado a la producción de la riqueza”, detalla la CNDH. Y
agrega que “los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente
ligados a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo,
al derecho a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal
causa, a un salario, a una vivienda, a capacitación y adiestramiento, a
una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de
utilidades, el derecho a la asociación profesional, entre otros”.
Y resulta que nada de eso tienen garantizado los jornaleros. El Primer informe violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas refiere
que los atropellos inician en su comunidad de origen y continúan
durante los traslados hasta el lugar de trabajo; están presentes durante
sus jornadas laborales en los campos agrícolas de México y en los
albergues donde llegan enganchados, así como en su regreso.
Agrega que las estadísticas oficiales
reconocen que en el país hay casi 3 millones de jornaleros trabajando
directamente en los campos, pero cuando se incluye a sus familias se
tiene un total de 9 millones de personas asociadas a esta actividad.
Esta amplía población enfrenta toda
clase de violaciones: no sólo se trata de que el 75 por ciento sufre
extrema pobreza, sino que por las mismas condiciones laborales ésta se
agrava y mengua la salud y el desarrollo físico y mental.
Ejemplo de ello es el derecho básico a
la alimentación sana. Evidentemente, si no se tiene garantizado, el
individuo presenta malnutrición y, en el caso de los menores, un retraso
en su desarrollo físico y cognitivo.
“La dieta jornalera es limitada en
variedad y cantidad de alimentos: es común encontrar grandes cantidades
de carbohidratos y muy poca o nula presencia de alimentos frescos y
nutritivos”, denuncia el informe. Agrega que los alimentos que se
proveen en los campos no siempre son suficientes comparados con la
intensidad de la jornada.
Por si esto no fuera ya suficiente,
resulta que en esos lugares –generalmente vinculados a grandes empresas
de la industria de la alimentación e incluso a trasnacionales– aún
existen sistemas de endeudamiento y raya, principalmente a través de
tiendas de abarrotes y comedores.
Así, el círculo de la miseria se
profundiza porque es tanta la necesidad del trabajo que familias enteras
migran para contratar su mano de obra, incluidos los niños. Y resulta
que en estos casos, como el trabajo infantil está prohibido, los hijos
enfrentan peores condiciones: sí laboran pero no son reconocidos como
trabajadores ni tampoco reciben paga.
Esto impide en todo sentido la movilidad
social a las generaciones más jóvenes: los menores de edad sólo
aprenden las labores del campo porque allí no tienen garantía de acceso a
la educación. Mientras el promedio nacional educativo es de 8.1 años,
entre los jornaleros es de 4.5 años, refiere el informe.
Agrega que en los albergues, cuarterías y
demás alojamientos tampoco hay vivienda digna: “hay hacinamiento,
inseguridad, carencias de agua –en cantidad y calidad– e infraestructura
para el saneamiento: sanitarios, regaderas y manejo de desechos”.
A los jornaleros se les violan sus
derechos humanos reiteradamente, sin que la autoridad federal haga algo.
En materia de la salud, además de las enfermedades ligadas a la
pobreza, se enfrentan a la falta de acceso a los servicios sanitarios.
“Cuando lo hay, es burocratizado, lo cual se vuelve un problema
importante para las familias que no están registradas en el Seguro
Social. [En el caso de los indígenas] no cuentan con
intérpretes-traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el
acompañamiento durante su atención”.
No tener Seguro Social es la norma
entre los jornaleros porque son subcontratados y eso los deja en una
situación de informalidad, sin ninguna seguridad social garantizada.
Además, “es práctica común que los
empleadores (agricultores) limiten los permisos por enfermedad o
cuestiones personales-familiares y, cuando llegan a otorgarlos por
cuestiones de salud, son los trabajadores quienes gestionan el traslado
generalmente a clínicas o centros de salud alejados de los lugares de
trabajo. Sin embargo, algunos empleadores les descuentan su día o
jornada de trabajo por estos permisos.”
El informe agrega que las condiciones
laborales de las personas trabajadoras jornaleras agrícolas junto con
los sectores de trabajo doméstico, comercio y construcción son de las
más deterioradas de todos los trabajadores asalariados en México.
Y es que éstos “no cuentan con contratos
de trabajo escrito y en español [en el caso de los indígenas] que
especifiquen los nombres del patrón y la empresa o rancho agrícola que
los está contratando. No se especifica la jornada de trabajo ni
modalidad de éste”.
Otra irregularidad común es que laboran
sin prestaciones ni seguridad social, ni atención a la salud. También,
que generalmente hay una prolongación de la jornada de trabajo sin pago
extraordinario.
Aunado a lo anterior, “si hay suspensión
de actividades durante la jornada no se les paga: únicamente cobran por
los días trabajados completos. En otras ocasiones, a lo largo de la
jornada se modifican las condiciones ofrecidas inicialmente y, cuando no
están de acuerdo, no reciben el pago por las horas trabajadas ni el
regreso a sus viviendas. [También sufren] pagos condicionados al término
del contrato o temporada, que en algunas zonas agrícolas puede durar
hasta 3 meses”.
Es momento de que la “cuarta
transformación” reconozca esta serie de violaciones de derechos humanos y
sobre todo les haga justicia. Y que la secretaria Alcalde asuma su rol
y obligue a los empleadores a dar un trato digno y un salario justo a
los jornaleros.
Nancy FloresFuente
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