Ejército ocultó videos relacionados con el normalista-soldado: representantes de los 43
Una mujer sostiene un retrato de Julio César
López Patolzin durante una protesta en la caseta de Palo Blanco. Foto:
Germán Canseco
PROCESO
Los denunciantes se refirieron a la difusión de dos videos dados a conocer este miércoles en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, los cuales eran desconocidos por las familias y sus representantes, y difundidos sin el consentimiento de la madre de uno de los 43, quien fue videograbada.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y el Centro de Análisis e Información Fundar, resaltaron que los videos que exhiben una supuesta relación laboral entre el estudiante desaparecido Julio César López Patolzin y la institución castrense, “nunca fueron brindados” por la Sedena a la Procuraduría General de la República (PGR).
Tampoco al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguraron las organizaciones en un comunicado.
Peor aún, a la CNDH, la institución castrense proporcionó información “distorsionada”, pues mientras en un oficio notificó que López Patolzin, como elemento castrense, “contaba con autorización para realizar estudios en instituciones educativas civiles”, el video difundido “da cuenta de una relación laboral activa para fines de inteligencia”. Desde 2015, Proceso reveló que López Patolzin, el “normalista-soldado”, de 25 años y originario de Tixtla, Guerrero, tuvo un pasado castrense, según su padre, Rafael López Catarino.
A unas horas de que se haya firmado un nuevo convenio de asistencia técnica entre el gobierno de México y la CIDH, las organizaciones apuntaron que “el material de hoy viene a confirmar la urgente necesidad de que en esta nueva etapa se investigue a profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos”.
Luego de que en el programa radiofónico se difundieran dos videos en los que se ve a la madre de López Patolzin, Joaquina Patolzin, recibir recursos de manos de un coronel del Ejército Mexicano y de ser sometida a pruebas de ADN en instalaciones militares, momentos en los que se le explica que el joven era “buen informante”, las organizaciones civiles urgieron a que los hechos sean indagados.
De acuerdo a los organismos, “el coronel que aparece en el material no ha rendido declaración alguna en el caso y la muestra de sangre extraía por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patolzin, no obra en los expedientes de la PGR, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar”.
Para las organizaciones, el material videograbado confirma que la Sedena “practica la infiltración” en la normal rural Raúl Isidro Burgos, al reconocerse una relación entre el normalista desaparecido y el Ejército, “para la realización de labores de inteligencia”.
Más aún, las imágenes sugieren que “en reconocimiento de ese vínculo, la Sedena habría brindado algún tipo de asistencia a la familia del estudiante sin que esto fuera del conocimiento de las autoridades civiles ni de los representantes de las familias”, sin que ello reste legitimidad a la exigencia de los familiares de López Patolzin de conocer el paradero del joven.
“Para las familias y sus representantes, es innegable que todas las dependencias deben brindar ya, sin pretextos ni dilaciones, toda la información en su poder que sea relevante para el esclarecimiento pleno del paradero de los 43 estudiantes, tal y como se ordena en el Decreto Presidencial, por el que ‘se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a la justicia’”, dice el comunicado.
La divulgación de los videos ocurre cuando el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el responsable de la investigación del Caso Iguala, José Larrieta Carrasco, dieron a conocer la recomendación por el caso Ayotzinapa en reuniones de trabajo con integrantes de la Unión Europea para los Derechos Humanos, en Bruselas, Bélgica, y con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y en la sede de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
En un comunicado, la CNDH reconoció que para emitir la Recomendación por Violaciones Graves de Derechos Humanos 15VG/2018, el organismo “enfrentó la falta de información confiable, remitida por las autoridades que en ámbitos distintos desarrollaban la investigación del caso, así como por las negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores”.
Tras recordar que el documento recomendatorio cuenta con 128 puntos, el organismo sostuvo que en su investigación “confirma la existencia de una vinculación clara y previa entre autoridades y crimen organizado, así como connivencia o confabulación de autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstener de actuar ante tales vínculos”.
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