Archivos secretos y oportunismos legislativos
Meses antes de
la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 11 de octubre de 2009,
personajes como Alejandro Muñoz Resendiz se prestaron a ser el
instrumento mediante el cual el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
buscó desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el
fin de que los planes oficiales de privatizar al sector eléctrico no
encontraran resistencia alguna.
Como tal propósito no fue alcanzado, se
echó a andar otra estrategia para tratar de minar el movimiento de
resistencia que decidió dar la lucha por la defensa de los derechos de
miles de electricistas y por la dignidad misma de la organización
emblemática del sindicalismo independiente y de las causas sociales del
país.
Echando mano de otros tantos esbirros,
el gobierno de Calderón y después el de Enrique Peña Nieto trataron de
impulsar un movimiento espurio para que quienes corrieron a liquidarse
en 2009, exigieran desde fuera la desaparición del SME y la venta de sus
bienes.
Y así como en su momento se les dio
puntual respuesta con la fuerza de la convicción ideológica y la unidad
sindical, en el sentido de que el patrimonio smeita no es
propiedad de nadie y pertenece a las futuras generaciones de
electricistas, ahora de nueva cuenta se les notifica que sus intentos
por desestabilizar al SME van a fracasar. No es casual que este tipo de
disidencias alentadas por los gobiernos en turno aparezcan en tiempos de
elecciones internas.
Valga recordarles que ni el Estado, con
toda su fuerza de represión, pudo detener un movimiento que luchó con
dignidad hasta alcanzar la victoria, menos podrán hacerlo ahora quienes
desde las curules muestran no solo un marcado oportunismo sino una falta
absoluta de originalidad en sus propuestas.
Hace unos días los medios dieron cuenta
de una petición hecha en el Congreso por dos diputadas de Morena que
plantearon un punto de acuerdo para desclasificar los documentos
reservados por el gobierno de Calderón Hinojosa en torno a la extinción
de Luz y Fuerza y el ilegal decreto que justificó la represión y el
atropello en contra de 44 mil electricistas que de un día a otro se
quedaron sin empleo.
Las legisladoras omitieron decir que tal
propuesta se presentó meses atrás en el Poder Legislativo por los
miembros del Comité Central del SME, quienes el 29 de octubre de 2018
dirigieron tal petición a las Juntas de Coordinación Política de la LXIV
Legislatura en las cámaras de Diputados y Senadores.
En la primera, la misiva fue dirigida al
presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y al legislador
Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía; en la
Cámara Alta, al presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez
Urrutia; al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, y a la
entonces senadora Norma Rocío Nahle, nombrada meses después como
secretaria de Energía.
En el documento se argumentó que el
gobierno de Calderón buscó por todos los medios dejar sin pruebas, para
su defensa jurídica, al SME, al determinar la reserva de valiosa
información por 12 años, con el fin de que no saliera a la luz pública
la documentación de diversas dependencias implicadas en el ilegal
proceso de extinción de la empresa pública. Por tal motivo, el SME
solicitó al Senado la desclasificación de estos archivos a fin de
restaurar los derechos humanos y laborales de los trabajadores
electricistas, despojados en un simulado golpe de estado de su fuente de
trabajo y su contratación colectiva.
En la petición al Congreso, el SME hizo
hincapié es que esta desclasificación de los archivos reservados por
Calderón –guardados bajo siete llaves cual si se tratase de un secreto
de Estado o de información que pusiera en riesgo la seguridad nacional–,
no bastaba para reconstruir al atrofiado Estado de Derecho.
“Es necesario revisar y poner a debate
público la actuación de la SCJN que convalidó el ilegal decreto y
revirtió el amparo que le daba la victoria jurídica al SME”, se ponderó a
los legisladores, advirtiendo desde entonces: “Al margen del
oportunismo de individuos y grupos ajenos a nuestro sindicato que, en
nueve años no actuaron jurídica ni políticamente a favor de los
electricistas, les solicitamos formalmente, a nombre de nuestra
organización:
“La desclasificación de los documentos
reservados por Felipe Calderón de la extinción de LyFC, probatoria de la
ilegalidad del decreto de extinción y evidencia de la desaseada
actuación de la administración pública federal en el proceso de
extinción de este organismo público.
“La revisión de la actuación dolosa del
Poder Judicial de la Federación que le dio legitimidad constitucional al
ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza y nos privó de la
sustitución patronal de la Comisión Federal de Electricidad”.
Y como tercer punto se planteó a los
legisladores de Morena: “En tanto el conflicto con el SME no está
concluido, a consecuencia del incumplimiento de los acuerdos por el
gobierno federal de Enrique Peña Nieto, se hace procedente reclamar la
sustitución patronal en CFE y el pago de los pasivos laborales referidos
por el propio decreto de extinción a favor de los trabajadores de
LyFC”.
Es vital que millones de mexicanos
conozcan la verdad histórica sobre uno de los más graves atropellos
cometidos contra la clase trabajadora, porque además de enfrentar una
brutal represión, el SME debió luchar en contra de un bloqueo absoluto
de la información oficial que contenía las pruebas para su defensa
jurídica, aún sin las cuales logró que en septiembre de 2012, el Segundo
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo emitiera una
sentencia en contra del laudo de la JFCA y obligara a la CFE a asumir la
sustitución patronal.
Como una de las peores vesanias de la
Suprema Corte, sus ministros revocaron el fallo del Colegiado en enero
de 2013 bajo uno de los más absurdos argumentos jurídicos, en el sentido
de que los organismos descentralizados no formaban parte directa del
Poder Ejecutivo.
Pero también es de suma importancia que
la opinión pública se entere de quiénes son estos personajes que en
todos estos años de lucha nunca estuvieron al lado de los miles de
guerreros y guerreras del SME que dieron la batalla al Estado para
luchar por sus empleos y brindar un porvenir a sus familias, defendiendo
la permanencia y el futuro de su organización.
En quienes hicieron posible la victoria smeita,
se decantaron los fundamentos ideológicos e históricos de la
organización centenaria del sindicalismo mexicano que una vez más con su
voto libre, directo y secreto, sabrán defender con la fuerza de la
democracia interna a la autonomía del Sindicato Mexicano de
Electricistas.
Cabe preguntar a quienes desde San
Lázaro buscan ganar notoriedad con la propuesta del SME de desclasificar
los expedientes ocultados por Calderón, porqué no presentan una
iniciativa de ley para que el Ejecutivo decrete la creación de un nuevo
organismo público descentralizado que atienda a la zona centro del país y
recupere el empleo para todos los electricistas despedidos, haciendo
válidos su derecho de antigüedad y su contrato colectivo.
¿Qué les hace falta? Su partido tiene la
mayoría en las dos cámaras y por tratarse de una ley y no de una
reforma constitucional, bastaría con el 50 por ciento de los votos para
sacarla adelante. Ojalá sean congruentes y asuman su responsabilidad
legislativa antes que buscar los reflectores en un oportunismo que
resulta ofensivo para aquellos que con su lucha y dignidad demostraron
que pese a todos los artilugios del Estado, se pueden alcanzar victorias
cuando existen la unidad y convicción inquebrantables.
Martín Esparza**Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
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