Gobierno, el patrón más conflictivo a nivel federal
El 70% del rezago de casos acumulados en la JFCA
es por demandas contra dependencias públicas, entre ellas el IMSS,
Pemex, la CFE y el Infonavit.
Las dependencias gubernamentales son las que más conflictos laborales registran en el mundo del trabajo mexicano. Al menos 7 de cada 10 casos pendientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) son demandas hacia alguna institución pública.
De acuerdo con el Diagnóstico preliminar sobre el estado actual de la justicia laboral en México 2019, elaborado por el consejo de coordinación encargado de implementar la reforma laboral, el 68.97% de los casos rezagados están relacionados con “instituciones, entidades y organismos públicos”, el principal de ellos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El resto, 31.03% demandas pendientes, son de la cancha de la iniciativa privada. En suma, la JFCA tiene acumulados 448,000 expedientes en proceso.
Las otras entidades públicas con mayor número de conflictos laborales pendientes son Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El otro rubro con gran número de demandas en manos de la JFCA está en el campo de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (afores) por pagos pendientes a trabajadores, en este renglón hay un rezago de 70,000 casos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instaló una mesa de trabajo permanente con las afores para analizar las vías para agilizar el rezago en esta materia.
“Tenemos que establecer mecanismos más ágiles, consideramos que el esquema de ir buscando todas las alternativas para dilatar los pagos no es el más sano porque tenemos un enorme rezago de resoluciones en la Junta y en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que además tienen un alto costo para todos: trabajadores, empresas y Estado”, expresó la titular de la STPS, Luisa María Alcalde.
El gran problema de los organismos públicos en materia laboral, destaca el consejo de coordinación, es que la mayoría de ellos no están facultados para llevar a cabo procesos de conciliación de los conflictos que enfrentan, de ahí que se debe enfrentar la demanda en todas sus fases.
“La mayor cantidad de conflictos laborales substanciados corresponden a órganos públicos descentralizados o dependencias de gobierno con un porcentaje del 68.97 por ciento. Este dato se puede vincular con el bajo número de conciliaciones a nivel federal, toda vez que la mayoría de las entidades públicas por normatividad no se encuentran facultadas para realizar el proceso de conciliación”, se advierte en el diagnóstico.
Este obstáculo normativo cobra relevancia debido a que la conciliación es uno de los ejes centrales del nuevo modelo de justicia laboral que comenzará a operar en el país, en una primera fase, a finales del 2020, y que establece esta instancia como prerrequisito para que los casos lleguen a los próximos tribunales que sustituirán a las juntas de conciliación y arbitraje.
La JFCA está compuesta de 66 juntas especiales distribuidas a lo largo del país. En tanto que a nivel local hay otras 57 instancias de conciliación y arbitraje. Esto implica que, en promedio, cada junta tendría que resolver 220 casos por mes para concluir todos los pendientes antes de mayo del 2023, cuando concluye el periodo de transición contemplado en la reforma laboral.
Entre las medidas que se pondrán en marcha para abatir este rezago, destacan:
A nivel federal hay 56 funcionarios conciliadores del total de 2,152 trabajadores del sistema. Por su parte, en el ámbito local hay 105 conciliadores de entre 2,484 servidores públicos dedicados a la atención de conflictos del mundo del trabajo.
“Esto implica un indicador importante para que las autoridades orienten sus esfuerzos en la función conciliatoria y concluyan un mayor número de asuntos”, destaca el consejo.
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Escrito por:
Felipe Morales Fredes
Las dependencias gubernamentales son las que más conflictos laborales registran en el mundo del trabajo mexicano. Al menos 7 de cada 10 casos pendientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) son demandas hacia alguna institución pública.
De acuerdo con el Diagnóstico preliminar sobre el estado actual de la justicia laboral en México 2019, elaborado por el consejo de coordinación encargado de implementar la reforma laboral, el 68.97% de los casos rezagados están relacionados con “instituciones, entidades y organismos públicos”, el principal de ellos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El resto, 31.03% demandas pendientes, son de la cancha de la iniciativa privada. En suma, la JFCA tiene acumulados 448,000 expedientes en proceso.
Las otras entidades públicas con mayor número de conflictos laborales pendientes son Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El otro rubro con gran número de demandas en manos de la JFCA está en el campo de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (afores) por pagos pendientes a trabajadores, en este renglón hay un rezago de 70,000 casos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instaló una mesa de trabajo permanente con las afores para analizar las vías para agilizar el rezago en esta materia.
“Tenemos que establecer mecanismos más ágiles, consideramos que el esquema de ir buscando todas las alternativas para dilatar los pagos no es el más sano porque tenemos un enorme rezago de resoluciones en la Junta y en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que además tienen un alto costo para todos: trabajadores, empresas y Estado”, expresó la titular de la STPS, Luisa María Alcalde.
El gran problema de los organismos públicos en materia laboral, destaca el consejo de coordinación, es que la mayoría de ellos no están facultados para llevar a cabo procesos de conciliación de los conflictos que enfrentan, de ahí que se debe enfrentar la demanda en todas sus fases.
“La mayor cantidad de conflictos laborales substanciados corresponden a órganos públicos descentralizados o dependencias de gobierno con un porcentaje del 68.97 por ciento. Este dato se puede vincular con el bajo número de conciliaciones a nivel federal, toda vez que la mayoría de las entidades públicas por normatividad no se encuentran facultadas para realizar el proceso de conciliación”, se advierte en el diagnóstico.
Este obstáculo normativo cobra relevancia debido a que la conciliación es uno de los ejes centrales del nuevo modelo de justicia laboral que comenzará a operar en el país, en una primera fase, a finales del 2020, y que establece esta instancia como prerrequisito para que los casos lleguen a los próximos tribunales que sustituirán a las juntas de conciliación y arbitraje.
Rezago numeroso
En toda la red de juntas de conciliación y arbitraje, tanto en el ámbito federal como en el local, se acumula un rezago de 1 millón de conflictos laborales por resolver, muchos de ellos de más de una década de existencia. La meta es resolver todos estos casos antes del año 2023 cuando estará operando a plenitud el nuevo modelo de justicia.La JFCA está compuesta de 66 juntas especiales distribuidas a lo largo del país. En tanto que a nivel local hay otras 57 instancias de conciliación y arbitraje. Esto implica que, en promedio, cada junta tendría que resolver 220 casos por mes para concluir todos los pendientes antes de mayo del 2023, cuando concluye el periodo de transición contemplado en la reforma laboral.
Entre las medidas que se pondrán en marcha para abatir este rezago, destacan:
- Redistribuir la carga de trabajo que actualmente tienen las juntas, primordialmente las especiales ubicadas en la Ciudad de México, en las cuales se concentra cerca del 14% de todos los casos del país.
- Privilegiar la conciliación como la vía para resolver los conflictos colectivos e individuales en proceso.
- Respaldar a las juntas al interior de la República con grupos de personal itinerante que apoye en el seguimiento de los casos con “diligencias, notificaciones y exhortos, entre otros aspectos”.
A nivel federal hay 56 funcionarios conciliadores del total de 2,152 trabajadores del sistema. Por su parte, en el ámbito local hay 105 conciliadores de entre 2,484 servidores públicos dedicados a la atención de conflictos del mundo del trabajo.
“Esto implica un indicador importante para que las autoridades orienten sus esfuerzos en la función conciliatoria y concluyan un mayor número de asuntos”, destaca el consejo.
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