Reasignarán presupuesto para la reforma laboral; enmendarán error de diputados
La Cámara de Diputados etiquetó recursos para la
primera fase de implementación de la reforma laboral en 10 estados,
pero no los correctos. La STPS tendrá que reasignar los recursos.
La Cámara de Diputados se equivocó en la asignación de los recursos para la primera fase de la implementación de la reforma laboral en el 2020 y ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá que corregir dicho error con reasignaciones.
El siguiente año se implementará el nuevo modelo de justicia laboral en 10 entidades del país, para lo cual se aprobó un presupuesto de 629.7 millones pesos para la creación de tribunales y centros de conciliación locales. Sin embargo, los legisladores etiquetaron estos recursos para otros estados, no para los contemplados en el plan de transición de la reforma laboral de la STPS.
“A nivel local, los Poderes Judiciales de las primeras 10 entidades federativas
deberán crear tribunales laborales locales y centros de conciliación
locales, para ello la Comisión dispone un presupuesto de 270.1 mdp y
359.6 mdp, respectivamente”, se especifica en el dictamen del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Fuentes de la STPS confirmaron a El Economista que los legisladores se equivocaron en la asignación del presupuesto para los estados. De acuerdo con el dictamen del PEF, la primera fase de la reforma laboral se aplicaría en Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco y Veracruz.
Sólo dos de estas entidades corresponden al plan de trabajo que presentó Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, el resto son estados que entran en la segunda y tercera fase de implementación.
Las 10 entidades que efectivamente implementarán la reforma laboral el siguiente año son:
Luis María Alcalde explicó que decidieron comenzar a poner en marcha el nuevo modelo de justicia laboral en los estados con menor rezago de conflictos laborales, para poder facilitar el desahogo de pendientes y una correcta transición.
“Estos son los estados que menos conflictividad laboral presentaban, a excepción de algunos como el Estado de México, donde dijeron que tenían mucho interés de iniciar en la primera etapa, lo cual nos da mucho gusto. Eso ya inició”, expuso la funcionaria federal.
Los 10 estados que participarán en la primera fase de implementación concentran en conjunto una lista de 173,989 conflictos laborales pendientes de resolver en sus juntas de conciliación y arbitraje, lo que equivale a 27% del rezago en las instancias locales de todo el país, las cuales suman 643,183 casos.
Estados como Chiapas y Zacatecas ni siquiera tienen personal especializado en esta materia, mientras que el Estado de México reportó que el rubro no estaba determinado. La apuesta de la nueva justicia laboral es la resolución de conflictos mediante la conciliación, precisamente para evitar la acumulación de casos en los tribunales laborales.
La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Darlene Rojas Olvera, descartó que la capital del país se integre a la primera fase de implementación. Incluso, mencionó que aún no tienen definida la fecha en la que dejarán de recibir casos.
“No entra en el siguiente año. Estamos en diálogo en estos momentos y será una determinación que tomen de manera conjunta, sobre todo la Jefa de Gobierno y la Secretaría del Trabajo, si ingresamos en el 2021 o hasta el último año, que es en el 2022”, puntualizó.
Darlene Rojas explicó que para determinar a qué fase de implementación se suma la Ciudad de México, se deberá contemplar el presupuesto y el avance en selección y capacitación del personal conciliador.
Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social arrancó en Tlaxcala —una de las 10 primeras entidades— los foros regionales de capacitación sobre el nuevo modelo laboral, el objetivo es no tener retrasos en la implementación de la reforma del 1 de mayo.
“Este ejercicio se repetirá en todos los estados del país, para seguir impulsando la aplicación de la norma en tiempo y forma, ya que entra en marcha el próximo 1 de octubre de 2020 en 10 entidades”, informó la STPS.
Fuente
Escrito por:
Gerardo Hernández
La Cámara de Diputados se equivocó en la asignación de los recursos para la primera fase de la implementación de la reforma laboral en el 2020 y ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá que corregir dicho error con reasignaciones.
El siguiente año se implementará el nuevo modelo de justicia laboral en 10 entidades del país, para lo cual se aprobó un presupuesto de 629.7 millones pesos para la creación de tribunales y centros de conciliación locales. Sin embargo, los legisladores etiquetaron estos recursos para otros estados, no para los contemplados en el plan de transición de la reforma laboral de la STPS.
Fuentes de la STPS confirmaron a El Economista que los legisladores se equivocaron en la asignación del presupuesto para los estados. De acuerdo con el dictamen del PEF, la primera fase de la reforma laboral se aplicaría en Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco y Veracruz.
Sólo dos de estas entidades corresponden al plan de trabajo que presentó Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, el resto son estados que entran en la segunda y tercera fase de implementación.
Las 10 entidades que efectivamente implementarán la reforma laboral el siguiente año son:
- Baja California Sur
- Chiapas
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Hidalgo
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Tlaxcala
- Zacatecas
Estados con menor rezago
Para el 1 de octubre de 2020 los primeros 10 estados que implementarán la reforma laboral verán el nacimiento de los tribunales y centros de conciliación locales. Es decir, los conflictos serán resueltos en esas instancias porque las juntas locales de conciliación y arbitraje desaparecerán. Además, los registros sindicales y contratos colectivos de estas entidades estarán depositados en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.Luis María Alcalde explicó que decidieron comenzar a poner en marcha el nuevo modelo de justicia laboral en los estados con menor rezago de conflictos laborales, para poder facilitar el desahogo de pendientes y una correcta transición.
“Estos son los estados que menos conflictividad laboral presentaban, a excepción de algunos como el Estado de México, donde dijeron que tenían mucho interés de iniciar en la primera etapa, lo cual nos da mucho gusto. Eso ya inició”, expuso la funcionaria federal.
Los 10 estados que participarán en la primera fase de implementación concentran en conjunto una lista de 173,989 conflictos laborales pendientes de resolver en sus juntas de conciliación y arbitraje, lo que equivale a 27% del rezago en las instancias locales de todo el país, las cuales suman 643,183 casos.
Conciliadores, el gran pendiente
En todas las juntas locales del país hay apenas 105 conciliadores, lo que representa 4% del personal de este sector. Las 10 entidades de la primera fase sólo cuentan con 23 conciliadores, es decir, el 21% del total de empleados en esta área.Estados como Chiapas y Zacatecas ni siquiera tienen personal especializado en esta materia, mientras que el Estado de México reportó que el rubro no estaba determinado. La apuesta de la nueva justicia laboral es la resolución de conflictos mediante la conciliación, precisamente para evitar la acumulación de casos en los tribunales laborales.
La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Darlene Rojas Olvera, descartó que la capital del país se integre a la primera fase de implementación. Incluso, mencionó que aún no tienen definida la fecha en la que dejarán de recibir casos.
“No entra en el siguiente año. Estamos en diálogo en estos momentos y será una determinación que tomen de manera conjunta, sobre todo la Jefa de Gobierno y la Secretaría del Trabajo, si ingresamos en el 2021 o hasta el último año, que es en el 2022”, puntualizó.
Darlene Rojas explicó que para determinar a qué fase de implementación se suma la Ciudad de México, se deberá contemplar el presupuesto y el avance en selección y capacitación del personal conciliador.
Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social arrancó en Tlaxcala —una de las 10 primeras entidades— los foros regionales de capacitación sobre el nuevo modelo laboral, el objetivo es no tener retrasos en la implementación de la reforma del 1 de mayo.
“Este ejercicio se repetirá en todos los estados del país, para seguir impulsando la aplicación de la norma en tiempo y forma, ya que entra en marcha el próximo 1 de octubre de 2020 en 10 entidades”, informó la STPS.
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