México ratifica convenio para garantizar derechos de trabajadoras del hogar
El Convenio 189 de la OIT sienta las bases para
garantizar el trabajo digno para las empleadas del hogar, a nivel
mundial está en vigor desde el año 2011.
Las empleadas del hogar en México han
conseguido otra victoria en su larga lucha por el reconocimiento de sus
derechos. Este jueves 12 de diciembre el Senado de la República, por
unanimidad, ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento no sólo subraya la contribución de las trabajadoras del hogar a la economía mundial, sino que establece las condiciones laborales dignas para ese sector. La relevancia de su aprobación es que las leyes mexicanas deberán reformarse para estar acorde con el documento.
Además, de ahora en adelante México informará cada dos años a la OIT sobre las condiciones de trabajo de las empleadas del hogar.
De acuerdo con la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano,
también se abre la posibilidad de que ellas presenten denuncias por el
incumplimiento del gobierno al pacto firmado.
El convenio, adoptado por México el 16 de junio de 2011, tuvo que esperar dos gestiones presidenciales del país y casi una treintena de exhortos desde el Senado para que finalmente fuera aprobado.
“Muchos pueden salir a trabajar, a contribuir al país o a sus hogares, porque alguien se encargó de plancharles la ropa o limpiar su casa”, ha reiterado Marcelina Bautista Bautista, una de las principales líderes del movimiento de empleadas del hogar en México.
La lucha de Bautista lleva más de dos décadas, pero las injusticias contra esas trabajadoras llevan siglos.
Es el Senado quien lo recibe y lo avala porque a esa Cámara la ratificación de los asuntos internacionales. Pero los senadores no pueden iniciar el trámite de aprobación si el gobierno no se los pide. Y ni la administración de Felipe Calderón ni la de Enrique Peña Nieto lo requirieron.
Las trabajadoras del hogar hicieron varias campañas para exigir que fuera enviado al Senado. Los propios senadores también presentaron varios puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que lo mandara. Finalmente, hoy se cumplió con todo este protocolo.
Pero aún hay pendientes y una vez que entre en vigor el documento, un año después de su ratificación, se deberán hacer otras reformas a las leyes.
Por ejemplo, si bien el artículo 331 ter de la LFT obliga a contar con un contrato de trabajo por escrito también para las empleadas inmigrantes, hace falta una mejor protección para esa población.
Según el artículo 8 del convenio, las trabajadoras migrantes contarán con una oferta de empleo o contrato de trabajo ejecutorio en el país donde prestarán servicio. Dicho contrato debe especificar las condiciones dignas laborales. Todo esto se debe poner en la ley de México.
Además, los países deben adoptar medidas para cooperar entre sí para asegurar la aplicación de lo anterior. Y tienen que ser específicos para el caso de trabajadoras del hogar migrantes en cuanto a la repatriación tras la expiración de su contrato.
De acuerdo con ONU Mujeres, 70% de las inmigrantes que provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras laboran en los hogares, y bajo condiciones precarias.
Otro gran pendiente es la regulación de las agencias de empleo privadas, para proteger efectivamente a las trabajadoras “contra las prácticas abusivas de esas empresas”.
El artículo 15 del convenio ordena crear un mecanismo para investigar las quejas, abusos y prácticas fraudulentas de las agencias. También obliga a reformar las leyes para prevenir los atropellos, especificar las obligaciones de esas empresas e incluir sanciones.
Así como asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo privadas no se descuenten de la remuneración de las trabajadoras del hogar.
Y si bien desde abril pasado está en marcha un programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “puede pasar cualquier cosa”, comenta Patricia Mercado. “Hasta que termine la prueba, el IMSS propondrá cómo se pondrá en la ley la obligación de asegurar a las trabajadoras”.
Pero esa reforma no abarca el derecho del crédito a la vivienda, recuerda la senadora. Falta también la protección contra la violencia o acoso laboral y establecer una edad mínima para trabajar en el hogar.
Lo que hay ahora en la LFT es que, al igual que los demás trabajos, las menores de 15 años no podrán contratarse. “Y quedó claro que, si trabajan de planta, tienen que estar en un lugar sano y seguro”, detalla la senadora.
Sin embargo, para cumplir con el Convenio deberán establecer otras medidas para que no incurrir en trabajo forzoso para el caso, por ejemplo de las niñas indígenas de 15 años que migran a una ciudad, “que están de día y de noche ahí, sin poder ir a la escuela”.
Fuente
Escrito por:
Blanca Juárez
El documento no sólo subraya la contribución de las trabajadoras del hogar a la economía mundial, sino que establece las condiciones laborales dignas para ese sector. La relevancia de su aprobación es que las leyes mexicanas deberán reformarse para estar acorde con el documento.
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El convenio, adoptado por México el 16 de junio de 2011, tuvo que esperar dos gestiones presidenciales del país y casi una treintena de exhortos desde el Senado para que finalmente fuera aprobado.
“Muchos pueden salir a trabajar, a contribuir al país o a sus hogares, porque alguien se encargó de plancharles la ropa o limpiar su casa”, ha reiterado Marcelina Bautista Bautista, una de las principales líderes del movimiento de empleadas del hogar en México.
La lucha de Bautista lleva más de dos décadas, pero las injusticias contra esas trabajadoras llevan siglos.
El viacrucis del convenio
El Convenio 189 debió seguir este camino: en 2011 los países que integran la OIT lo crearon en Ginebra. Para el caso de México, el Poder Ejecutivo debía traerlo, consultar con organizaciones de trabajadoras y luego enviarlo al Poder Legislativo para que fuera ratificado.Es el Senado quien lo recibe y lo avala porque a esa Cámara la ratificación de los asuntos internacionales. Pero los senadores no pueden iniciar el trámite de aprobación si el gobierno no se los pide. Y ni la administración de Felipe Calderón ni la de Enrique Peña Nieto lo requirieron.
Las trabajadoras del hogar hicieron varias campañas para exigir que fuera enviado al Senado. Los propios senadores también presentaron varios puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que lo mandara. Finalmente, hoy se cumplió con todo este protocolo.
¿Qué implica el Convenio para México?
El Convenio consta de 27 artículos en los que se habla de salarios, seguridad social, horas extra o la edad mínima para laborar en ese sector. En julio de este 2019 el Congreso de la Unión se adelantó a la aprobación del Convenio, reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) y reconoció varios derechos.Pero aún hay pendientes y una vez que entre en vigor el documento, un año después de su ratificación, se deberán hacer otras reformas a las leyes.
Por ejemplo, si bien el artículo 331 ter de la LFT obliga a contar con un contrato de trabajo por escrito también para las empleadas inmigrantes, hace falta una mejor protección para esa población.
Según el artículo 8 del convenio, las trabajadoras migrantes contarán con una oferta de empleo o contrato de trabajo ejecutorio en el país donde prestarán servicio. Dicho contrato debe especificar las condiciones dignas laborales. Todo esto se debe poner en la ley de México.
Además, los países deben adoptar medidas para cooperar entre sí para asegurar la aplicación de lo anterior. Y tienen que ser específicos para el caso de trabajadoras del hogar migrantes en cuanto a la repatriación tras la expiración de su contrato.
De acuerdo con ONU Mujeres, 70% de las inmigrantes que provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras laboran en los hogares, y bajo condiciones precarias.
Otro gran pendiente es la regulación de las agencias de empleo privadas, para proteger efectivamente a las trabajadoras “contra las prácticas abusivas de esas empresas”.
El artículo 15 del convenio ordena crear un mecanismo para investigar las quejas, abusos y prácticas fraudulentas de las agencias. También obliga a reformar las leyes para prevenir los atropellos, especificar las obligaciones de esas empresas e incluir sanciones.
Así como asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo privadas no se descuenten de la remuneración de las trabajadoras del hogar.
Y si bien desde abril pasado está en marcha un programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “puede pasar cualquier cosa”, comenta Patricia Mercado. “Hasta que termine la prueba, el IMSS propondrá cómo se pondrá en la ley la obligación de asegurar a las trabajadoras”.
Pero esa reforma no abarca el derecho del crédito a la vivienda, recuerda la senadora. Falta también la protección contra la violencia o acoso laboral y establecer una edad mínima para trabajar en el hogar.
Lo que hay ahora en la LFT es que, al igual que los demás trabajos, las menores de 15 años no podrán contratarse. “Y quedó claro que, si trabajan de planta, tienen que estar en un lugar sano y seguro”, detalla la senadora.
Sin embargo, para cumplir con el Convenio deberán establecer otras medidas para que no incurrir en trabajo forzoso para el caso, por ejemplo de las niñas indígenas de 15 años que migran a una ciudad, “que están de día y de noche ahí, sin poder ir a la escuela”.
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