Lozoya implicará en su juicio a Peña, Videgaray y Coldwell
Con
toda su vida arruinada, Emilio Lozoya Austin –exdirector general de
Petróleos Mexicanos (Pemex)– no tiene nada que perder cuando llegue a
México –extraditado de España– e inicie formalmente el juicio en su
contra, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, cohecho y
asociación delictuosa.
En particular, por las imputaciones
relacionadas con la presunta compra irregular de la empresa Agro
Nitrogenados, eje central del proceso en su contra y la investigación
más sólida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Pero
también por la adquisición de otra planta chatarra –Fertinal–, la compra
irregular de dos floteles al astillero español Hijos de J Barreras y,
por supuesto, el caso de corrupción por sobornos de la trasnacional
brasileña Odebrecht.
En todos ellos, el maestro en
administración pública y desarrollo internacional por la Universidad de
Harvard podría implicar al expresidente Enrique Peña y a los
exsecretarios de Estado Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, así
como a otros altos exfuncionarios de la administración pasada, que
participaron directamente en las decisiones del Consejo de
Administración de Pemex, y en la ejecución de las operaciones
presuntamente irregulares.
Como testigo colaborador –calidad en la
que vendrá extraditado, como parte de los acuerdos alcanzados con la
FGR– el examigo del expresidente Peña entregará todos los documentos
internos de la petrolera, pero también de las secretarías de Hacienda
–en su calidad de órgano facilitador de recursos– y de Energía –en su
calidad de cabeza de sector– que comprueban toda la cadena de implicados
en las diversas adquisiciones y en las asignaciones de contratos a las
filiales de Odebrecht, en particular a Braskem.
El economista ya no le debe nada a
nadie, pues todos los que impulsaron esos negocios a costa del erario de
Pemex, incluido Peña Nieto, le dieron la espalda cuando se convirtió
–junto a Rosario Robles que está presa– en uno de los blancos
principales del actual gobierno en su combate contra la corrupción. Y es
que las pesquisas judiciales implicaron a su madre –detenida en
Alemania, extraditada a México y actualmente en arraigo domiciliario por
cuestiones de salud y de su edad–, su hermana y su esposa. También fue
inhabilitado por 10 años para desempeñar cargos públicos.
Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia
Financiera –que encabeza Santiago Nieto– bloqueó las cuentas bancarias
de 16 personas físicas y morales (ocho individuos –entre ellos Lozoya
Austin– y ocho empresas) relacionadas con el caso Odebrecht.
En específico a Lozoya Austin se le
congelaron montos por 97 millones 734 mil 199 dólares (en moneda
nacional), 3 mil 756 dólares (en esa moneda estadunidense) y 820 dólares
(en euros). Al resto de presuntos implicados se les bloquearon, en
total, 12 millones 14 mil dólares (en moneda nacional) y 773 dólares (en
esa moneda).
Caso Agro Nitrogenados
El 28 de mayo de 2019, un juez dictó la
orden de aprehensión en su contra, derivada de la investigación que
abrió la FGR por la compra irregular de Agro Nitrogenados. Al tiempo, se
concedió también la detención de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos
de México.
La denuncia ante la FGR se presentó por
órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador (confirmó él mismo el
27 de mayo de 2019 https://bit.ly/2QsRnOq),
luego de que se comprobó al interior de Pemex que la adquisición fue
irregular y ha costado más de 1 mil millones de dólares a las finanzas
públicas.
Como Contralínea lo ha
informado desde 2016, en esa operación se triangularon fondos públicos a
través de una de las empresas offshore de Pemex: PMI Norteamérica (https://bit.ly/2EQ23SL).
Fue el 16 de enero de 2014, cuando PMI
Norteamérica –empresa unimembre, que carece de personal y oficinas
propias– firmó un acuerdo para comprar los activos existentes de Agro
Nitrogenados, una subsidiaria de Minera del Norte, SA de CV.
El costo de la operación ascendió
oficialmente a 275 millones de dólares, e incluyó la planta productora
de fertilizantes localizada en Pajaritos, Veracruz. No obstante, para
este proyecto Pemex consideró que la inversión inicial podría alcanzar
los 475 millones de dólares, pues además de adquirir los activos
existentes, era necesario rehabilitar y renovar la planta de urea.
La triangulación no acabó ahí: el 30 de
mayo de 2014, la empresa Pro-Agroindustria, filial de PMI Comercio
Internacional, adquirió de manera definitiva los activos de Agro
Nitrogenados.
En el proceso de la compra irregular de
la planta chatarra de Agro Nitrogenados, una de las principales pruebas
que presentará la defensa del exdirector general de Pemex es el acta de
la 865 sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la
petrolera.
Aquel 17 de diciembre de 2013, Lozoya
Austin señaló que la compra de la empresa de Ancira derivaba de una
urgencia del propio gobierno de Enrique Peña Nieto para supuestamente
reactivar el campo mexicano, y que para ello se utilizaría el Grupo PMI.
Encabezada por el entonces secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la reunión se detalló la ruta que
siguió la petrolera para llevar a cabo esa adquisición, por la cual
fueron giradas las órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la
petrolera y del empresario Alonso Ancira.
Abiertamente se le informó al Consejo de
Administración que el esquema de la compra implicaría la triangulación
de recursos públicos vía las compañías instrumentales que la petrolera
posee tanto en México como en el extranjero, incluidos paraísos
fiscales.
En su página 17, el acta da cuenta de
que el entonces director general de Pemex destacó ante los consejeros
“que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex
Petroquímica, dado que por esta vía hubiera tomado mucho más tiempo, y
había premura por parte del gobierno federal para llevar a cabo la
producción de fertilizantes lo más pronto posible”.
La ruta para la compra de la planta
chatarra fue expuesta explícitamente ante el Consejo, sin que éste se
opusiera. Fue Edgar Torres Garrido, entonces asesor ejecutivo de Lozoya,
quien expuso la “estructura del negocio”: ésta, dijo, “se integraría a
través del Grupo PMI, siendo que PMI Norteamérica y PMI Holdings habían
creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del
cual se crearía PMI Fertilizantes”.
Torres abundó que a partir de la
aprobación del Consejo de Administración el Grupo PMI pondría la
infraestructura, mientras que la petrolera, a través de su subsidiaria
Petroquímica, aportaría los insumos “para generar un solo proyecto en el
que Pemex sería accionista en toda la cadena”.
En esa misma exposición se descubre que
la operación para beneficiar a Ancira inició mucho tiempo antes de que
el Consejo de Administración firmara ese 17 de diciembre el acta que
daba el visto bueno a la compra.
De hecho, Torres indicó que desde el 19
de julio de ese mismo año –2013– PMI Holdings [una de las 61 empresas
instrumentales de Pemex que se encuentra radicada en Países Bajos]
aprobó la compra y otorgó “suficiencia presupuestaria” para ello. El
monto autorizado ascendía a 475 millones de dólares.
Ocho días antes de esa sesión
extraordinaria, el 9 de diciembre, se presentó “el caso de negocio en
los Consejos de Administración de PMI Norteamérica, SA de CV, y de PMI
Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, los cuales a su vez autorizaron
a realizar una inversión máxima de 275 millones de dólares para la
compra de los activos de la empresa Agro Nitrogenados”, explicó.
Sobre el tema del dinero, Lozoya Austin
informó a los consejeros: de los 475 millones de dólares que la filial
PMI Holdings aprobó invertir, 275 millones serían para la adquisición de
los activos de la planta, y los otros 200 millones para la
rehabilitación de éstos y su modernización.
Queda claro con esto que tanto los
servidores públicos de Pemex como los integrantes del Consejo de
Administración tuvieron pleno conocimiento de que la planta no
funcionaba y era una verdadera chatarra.
Edgar Torres señaló literalmente que “lo
que se estaba buscando con el proyecto era que PMI adquiriera los
activos de Agro Nitrogenados para renovar la planta y ponerla en
funcionamiento, y que posteriormente Pemex Petroquímica y PMI formaran
una sociedad e integraran la cadena de valor de amoniaco urea en
beneficio de los productores rurales que tienen menor nivel de
desarrollo que se ubican en el Sur Sureste del país”.
Para entonces, Pemex ya conocía a
profundidad la situación real de la planta. Y es que Torres informó al
Consejo que se tenían tres estudios de empresas contratistas que habían
hecho estimaciones respecto al costo potencial de la rehabilitación de
la planta. Rehabilitación que sólo era necesaria ante una clara falta de
operación.
Según el documento, en esa sesión
participaron el entonces secretario de Energía y consejero presidente,
Pedro Joaquín Coldwell, y los consejeros Enrique Ochoa Reza, que en
aquel momento era subsecretario de Planeación y Transición Energética y
después sería director general de la CFE; Miguel Messmacher Linartas,
subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, y José Rogelio
Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de
Economía.
También los consejeros representantes
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana:
Fernando Navarrete Pérez, Fernando Pacheco Martínez, Jorge Wade
González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y José Pilar Córdova Hernández; y
los llamados consejeros profesionales: José Fortunato Álvarez Enríquez,
Héctor Moreira rodríguez, Jorge Borja Navarrete y Fluvio César Ruiz
Alarcón. Veremos a quiénes de ellos empiezan a llamar a cuentas.
Al día siguiente de esa sesión
extraordinaria, se constituyó el “instrumento” que no se llamó PMI
Fertilizantes, sino Pro Agroindustria, con el objeto de materializar la
compra de la planta chatarra y más adelante de Fertinal, el segundo
asunto por el cual se persigue a Lozoya.
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