Sin resolución, demanda colectiva en contra del maíz transgénico
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A
7 años de interpuesta la demanda colectiva en contra de la siembra de
maíz genéticamente modificado en México, la resolución de ésta continúa
pendiente por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Es por ello que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
debe decretar la prohibición de la siembra de organismos genéticamente
modificados, dijo Mercedes López Martínez, miembro de la campaña
nacional “Sin maíz no hay país”.
Y es que, aunque en 2020 la siembra de
maíz transgénico está suspendida debido a una medida cautelar otorgada
poco tiempo después de interpuesta la demanda colectiva –el 5 de julio
de 2013 por 53 activistas y 20 organizaciones– el reto de ganar la
demanda persiste, reconoció la doctora en Estudios Latinoamericanos por
la Universidad Nacional Autónoma de México durante el webinario “Siete
años de la demanda colectiva contra el maíz transgénico en México”.
Ello, porque desde 2014 la medida ha
sido impugnada, mediante todos los medios posibles, por las empresas
trasnacionales para que sea revocada y sea posie la siembra de maíz
genéticamente modificado en el país, de acuerdo con Rocío Castillo
Toxqui, abogada litigante en el proceso de defensa de las 64 razas y
cientos de variantes del maíz nativo.
En la actualidad, la medida cautelar es
estudiada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación con la ponencia de la Ministra Piña. Se decidirá si se confirma o
se revoca, precisó la abogada Rocío Castillo.
Además, la abogada Castillo Toxqui
añadió que una de las dificultades y por la cual el proceso de litigio
ha sido tan largo es porque “la tradición procesal jurídica viene de
derechos individuales, lo que choca con un procedimiento colectivo”.
Para ella, “de lo que se trata es de pulir el procedimiento con la
participación social para fortalecer la demanda colectiva”.
Por su parte, la doctora Mercedes López,
aseguró que con el proceso judicial no se busca la reparación monetaria
sino que los tribunales judiciales declaren como “ineficientes” los
límites establecidos en la Ley de bioseguridad de organismos
genéticamente modificados, pues existe evidencia de contaminación
transgénica de maíz en Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.
Asimismo, aseguró que con el proceso
judicial buscan dar cuenta que la siembra de transgénicos daña el
derecho humano a la diversidad de estos, de las generaciones actuales y
futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y los
derechos de las comunidades, detalló la representante de Común Demanda
Colectiva.
Y es que, de acuerdo con la doctora
López Martínez, el maíz es considerado como bien sagrado por las
comunidades indígenas, quienes lo han domesticado por más de 8 mil años;
el maíz es la base de la soberanía alimentaria a través de la milpa. En
contraste, precisó, las empresas trasnacionales lo miran como una
mercancía que pueden patentar y añadir glifosato sin importarles los
daños a la salud que causan como el cáncer. Ante ello, pidió a la
Secretaría de Desarrollo Rural, entonces Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desistan
de litigar a favor de empresas nacionales allanándose de la demanda.
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