Tesorera general de Cruz Azul, principal testigo en contra de Billy Álvarez
En la acusación penal contra directivos de la Cooperativa La Cruz Azul, la declaración de la extesorera general es crucial: María Velázquez entregó a la FGR 50 copias de facturas ligadas a empresas fantasmas, por 190 MDP. Además, proporcionó estados de cuentas y narró el modus operandi para cometer los presuntos fraudes. Los documentos sustentan la orden de aprehensión contra el director y rostro del equipo de futbol Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, por lavado de dinero y delincuencia organizada
“En mi cargo como tesorera general de la
Cooperativa [La Cruz Azul], en específico, durante los años 2015 a
2019, pude ver que existían varias autorizaciones de transferencias de
pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas con servicios que en
realidad no fueron prestados, las cuales habían sido dadas directamente
por el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas que no seguían el
proceso interno de la empresa. El señor instruía el pago, vía
transferencia, de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca
los prestaron”, declaró María Alejandra Velázquez Paredes ante agentes
de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 25 de marzo.
Su testimonio se suma a otros siete que
desentrañaron el esquema de colusión que emplearon al menos cinco
directivos de la Cooperativa –tenedora del equipo de futbol Cruz Azul–,
encabezados por Billy Álvarez, a los cuales el pasado 29 de julio por la noche les libraron órdenes de aprehensión.
La extesorera general de la Cooperativa es la testigo clave en dos de los cargos que se le imputan a Guillermo Billy
Álvarez y sus presuntos cómplices: operaciones con recursos de
procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y es que además de sus
dichos, María Velázquez entregó evidencia documental relacionada con 15
presuntas factureras, a las que identifica como empresas fachada o
fantasmas.
“Cuento con la información necesaria
para sustentar lo que he declarado: le hago entrega en copia simple de
50 (cincuenta) facturas que fueron pagadas por instrucciones directas de
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas a las diversas empresas ya señaladas en
el esquema que he referido, las cuales describo a continuación y,
además, agrego a las facturas impresiones de los estados de cuenta, de
la cuenta número 51030078457, aperturada en Banco Santander, SA, la cual
se encuentra a nombre de Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad Cooperativa
Limitada, de la cual salieron los pagos a las empresas que ya he
referido.”
Previo a esto, la extesorera general
indicó a los agentes de la FGR: “las empresas a las que se le
transfirieron recursos de la Cooperativa por instrucciones del señor
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas en el esquema referido, entre muchas
otras, son los siguientes:
- Capital Humano y Financiero Ambar, SA de CV;
- ATTAR 2715, SC;
- Aura Desarrollo Social, SA de CV;
- Servicios Profesionales BAAL, SC;
- Corporativo Facundia, SA de CV;
- Hesperia Imagina, SA de CV;
- Recursos Financieros Kerala, SA de CV;
- Margen Asesores, SC;
- Desarrollo Social Versany, SA de CV;
- Argema Consultores, SC;
- Grupo Empresarial Alpeguso, SA de CV;
- Grupo Social Cibet, SA de CV;
- Consultoría Socialem, SA de CV;
- Viden Consultoría, SA de CV; y
- Zetilo, , SA de CV.”
Citada por la FGR para que explicara su
participación en los hechos investigados, el 25 de marzo de 2020 la
extesorera indicaba a los agentes de la Fiscalía: “las anteriores
empresas pudieran ser de las consideradas como fachada o empresas
fantasmas, teniendo conocimiento que, al parecer, una de ellas ya está
identificada por [la Secretaría de] Hacienda como empresa que
probablemente simula operaciones, ésta es: ATTAR 2715, SC. Asimismo, que
la notaría en la cual la Cooperativa La Cruz Azul realizaba sus
trámites era la notaría número 202, de la Ciudad de México”.
Y añadía:
“Por lo que recuerdo, el monto
aproximado al que ascendieron las transferencias que por instrucciones
del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas se realizaron con las empresas
anteriores, ascendió a la cantidad aproximada de 190,000,000.00 (ciento
noventa millones de pesos 00/100 MN) que transfirió de la cuenta número
51030078457 de Banco Santander, la cual se encuentra a nombre de
Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad Cooperativa, y de la que salieron los
pagos a las empresas que no presentaron los servicios […]”.
Orden de aprehensión contra Billy Álvarez
En 85 fojas, la orden de aprehensión contra Billy Álvarez revela el mecanismo de lavado
en la Cooperativa La Cruz Azul y el equipo de futbol del mismo nombre,
por al menos 114.2 millones de pesos –de los 190 millones que documentó
la extesorera general–, relacionados con 91 operaciones y siete
empresas, entre el 28 de julio de 2011 y el 21 de julio de 2017.
De acuerdo con el expediente que sirvió
al juez para librar la orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez
–quien desde 1988 asumió la Dirección General de la Cooperativa–,
“existen datos de prueba de los que se desprende la existencia de otras
operaciones por montos elevados realizadas en el mismo periodo, dentro
del sistema bancario nacional, por parte de la Cooperativa con (otras)
empresas que reúnen las características que simulan operaciones y que se
continuarán investigando por parte de esta Fiscalía de la Federación,
afectando el patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul y el sano
desarrollo de la economía nacional”.
El documento –relacionado con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/000452/2019–, del que Contralínea
tiene copia, refiere que los acusados por los delitos graves son
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas; Víctor Manuel Garcés Rojo; Miguel
Eduardo Borrel Rodríguez; Mario Sánchez Álvarez; y Ángel Martín Junquera
Sepúlveda, quienes podrían alcanzar penas que van de los 7.5 a los 22.5
años de prisión por lavado, mientras que por delincuencia organizada, las condenas alcanzarían de 8 a 16 años.
De acuerdo con el expediente, “más de
cinco personas se organizaron de hecho para realizar de manera reiterada
múltiples operaciones bancarias con grandes cantidades de dinero en un
periodo comprendido de cuando menos 6 años, periodo en el cual dichos
activos ocultaron el destino de los recursos obtenidos, teniendo
conocimiento que representan el producto de una actividad ilícita”.
Entre las pruebas presentadas por la FGR
ante el juez que giró las órdenes de aprehensión, destacan las
declaraciones ministeriales de ocho “testigos directos” –incluida la de
la extesorera María Velázquez–; un dictamen pericial en materia contable
que determina que el monto de las operaciones llevadas a cabo por los
cinco acusados asciende a 114 millones 198 mil 847.69 pesos; el
testimonio del hermano del presidente de la Cooperativa Cruz Azul que
–en su calidad de administrador de la Cooperativa– se acogió a los
beneficios del criterio de oportunidad (testigo colaborador); estados de
cuenta de la Cooperativa La Cruz Azul.
El modus operandi
El 25 de marzo pasado, María Alejandra Velázquez Paredes narró a los agentes de la FGR el modo en cómo Billy Álvarez evadió, por años, los controles impuestos en la Cooperativa para evitar un uso discrecional y anómalo de los recursos.
“Dentro de mis funciones principales
como tesorera, eran controlar todos los ingresos de la Cooperativa y
pagar a sus proveedores y prestadores de servicios. El procedimiento de
pago a proveedores y prestadores de servicios lo puedo describir así:
(i) Se genera un pedido o un con trato de conformidad a las necesidades que se tuvieran propias del área que lo requiriera,
(ii) Se autorizaba el gasto por el
gerente de compras o los gerentes de planta, gerentes administrativos,
gerentes de área y/o directores de área la adquisición o servicio y en
ciertos casos, los relativos o adquisiciones o servicios específicos o
cuando el monto era elevado, eran autorizados por las gerencias de área
de acuerdo con sus funciones y facultades, así como por el director
general. Si el director general firmaba una factura, era necesario que
se firmara de igual forma por el titular del área correspondiente en la
que se adquiría el bien o prestaba el servicio, para tratar de evitar
que el director general disponga de manera indiscriminada de recursos.
Sin embargo, por instrucciones del señor Guillermo Héctor Álvarez
Cuevas, cuando una factura contenía su firma, ordenaba indebidamente que
ya no fuera firmada por las áreas correspondientes y, al tener a su
gente cercana en esos puestos resultaba difícil que le dijeran algo o
incluso colaboraban en su actuar.
(iii) Ya autorizado el servicio o lo
adquisición del bien, se generaba la factura correspondiente por parte
del proveedor y el área correspondiente o el mismo proveedor la enviaba a
cuentas por pagar, quien la registraba en el sistema interno de la
empresa.
(iv) Cuentas por pagar revisaba la
información del contrato o lo requisición que se generó por el bien o
servicio y la factura, y el control interno del sistema verificaba si se
había prestado el servicio o adquirido el bien.
(v) Finalmente se pasaba la factura a tesorería para su pago.”
Luego de advertir que en al menos 50
operaciones –de las cuales entregó igual número de facturas– no fue así,
pues la única firma plasmada en las órdenes era la de Billy
Álvarez, la extesorera agregó a los agentes de la Fiscalía: “en diversas
ocasiones le comenté a quien en ese momento era mi jefe, el contador
Mario Sánchez Álvarez, quien actualmente ocupa el cargo de coordinador
financiero, que esas facturas deberían llevar las firmas de los
presidentes de los Consejos de
Administración y de Vigilancia, del director jurídico y de él; pero se
molestó y me dijo que se pagaran así, pues ya tenían la firma del
director general [Guillermo Álvarez]. Por lo que concluyo que la factura
que entregaban sólo era para simular que se había prestado el servicio,
pero en realidad con varias empresas nunca fue así”.
Las 50 facturas
En una audiencia exhaustiva que se narra
en 10 fojas del documento, María Velázquez da cuenta de cada una de las
50 facturas de las cuales conservó respaldo. Estas son algunas de las
facturas que menciona:
-Factura con folio 391, de fecha 17 de
junio de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, con RFC:
CHF1502202S3, por la cantidad de 2,320,000.00 (dos millones trescientos
veinte mil pesos 00/100 MN);
-Factura con folio 80 ,de fecha 27 de
enero de 2016, emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, por
1,305,000.00 (un millón trescientos cinco mil pesos 00/100 MN);
-Factura 88, del 8 de febrero de 2016,
emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, por 1,305,000.00 (un
millón trescientos cinco mil pesos 00/100 MN);
-Factura 152, del 17 de marzo de 2016,
emitida por Capital Humano y Financiero Ambar, por cantidad 1,305,000.00
(un millón trescientos cinco mil pesos 00/100 MN);
-Factura 892, del 28 de octubre de 2016,
emitida por Attar 2715, con RFC: ADM160415N72, por 2,610,000.00 (dos
millones seiscientos diez mil pesos 00/100 MN);
-Factura 1435, del 16 de diciembre de 2016, emitida por Attar 2715,
por 5,800,000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 MN)
-Factura 4598, del 28 de octubre de
2016, emitido por Aura Desarrollo Social, con RFC: ADS150223E74, por
3,364,000.00 (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos
00/100 MN);
-Factura 4829, del 25 de enero de 2017, emitida por Aura Desarrollo
Social, por 6,032,000.00 (seis millones treinta y dos mil pesos 00/100
MN);
-Factura con folio 5263, del 3 de junio
de 2016, emitida por Servicios Profesionales Baal, con RFC:
SPB1301221SA, por 3,480,000.00 (tres millones cuatrocientos ochenta mil
pesos 00/100 MN);
-Factura 5278, del 14 de junio de 2016,
emitida por Servicios Profesionales Baal, por 5,800,000.00 (cinco
millones ochocientos mil pesos 00/100 MN);
-Factura 5799, del 25 de enero de 2017,
emitida por Servicios Profesionales Baal, por 2,900,000.00 (dos millones
novecientos mil pesos 00/100 M.N.);
-Factura 5947, del 1 de marzo de 2017,
emitida por Servicios Profesionales Baal, por 3,480,000.00 (tres
millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 MN);
-Factura con folio 5948, del 7 de marzo
de 2017, emitida por Servicios Profesionales Baal, por 5,800,000.00
(cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 MN);
-Factura 5949, del 1 de marzo de 2017,
emitida por Servicios Profesionales Baal, por 5,800.000.00 (cinco
millones ochocientos mil pesos 00/100 MN);
-Factura 770, de fecha 15 de junio de
2016, emitida por Corporativo Facundia, con RFC: CFA150219TR6, por la
cantidad de 2,204,000.00 (dos millones doscientos cuatro mil pesos
00/100 MN)
-Factura con folio 49, del 14 de julio
de 2016, emitida por Corporativo Facundia, por 4,640,000.00 (cuatro
millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 MN).
Pero la extesorera no sólo proporcionó facturas, sino también números de cuentas bancarias ligadas a esta trama de presunto lavado de dinero, uso de empresas factureras y delincuencia organizada.
“Asimismo hago mención que dicha
documentación la obtuve de mi archivo personal, ya que de acuerdo con
mis funciones que desempeñaba guardo un respaldo por mi seguridad.
Finalmente, por la forma en que se operaban las finanzas de la
Cooperativa, a mí me parece que las transferencias que se ordenaban
realizar por parte del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, pueden
haber sido utilizadas todas las cuentas de la Cooperativa que se
encuentran en diversos bancos a su nombre, realizando transferencias
interbancarias entre las mismas para dispersar los recursos y
posteriormente concentrarlos en una sola y transferirlos a las empresas
que no prestaban los servicios. Por lo que le doy a continuación las
cuentas que se encuentran abiertas en moneda nacional o nombre de
Cooperativa La Cruz Azul, SCL, en diversos bancos”.
Y entonces citó: en BBVA, cuenta
445602246 en dólares y 165370485 en euros; Santander, 82500008692 en
dólares; HSBC, 7002440451 en dólares; Banorte, 0464781857 en dólares;
Banco del Bajío, 93753380401 en dólares y 0093753381801 en euros.
Además dio cuenta de que la Cooperativa
también tiene operturados contratos de inversión “que seguramente
sirvieron de vehículo financiero para realizar las conductas indebidas
por porte del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas”.
Éstos son: en BBVA, contrato 10025054;
Santander, 51030078457; HSBC, 4054134036 y 6325514555; Banorte,
501662057 y 0460131995; Scotiabank 07374535-2; Banco del Bajío,
93753380201.
Finalmente María Velázquez indicó a los
agentes de la FGR: “quiero manifestar ya para concluir que yo aprecié lo
anterior por mis funciones como tesorera de la Cooperativa y se que las
transferencias de recursos de la empresa fueron realizadas por
instrucciones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, a las empresas
que él decía que en realidad no prestaron los servicios”.
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