Arranca operaciones nuevo modelo para resolver conflictos laborales en México
EL ECONOMISTA
El 18 de noviembre es una fecha que pasará a las páginas claves de la historia de México en materia laboral; el nacimiento del nuevo modelo de solución de conflictos entre empleados y patrones marca el inicio y final de una era. El cambio gradual que vivirá México a partir de este martes es profundo, coinciden autoridades federales y estatales involucradas en el proceso.
A partir de hoy, los conflictos laborales serán resueltos con un modelo que apuesta por la conciliación y una solución pronta y expedita en un máximo de 45 días. Las demandas pasarán por el Centro de Conciliación y Registro Laboral para mediación y, en caso de no resolverse por esta vía, llegarán a manos de un Tribunal Laboral.
Este modelo comenzará a operar de manera gradual en ocho entidades federativas, con instancias conciliatorias y judiciales federales y locales. Operará a plenitud en todo el país a mediados del año 2022. La primera fase contempla a Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, y de manera parcial a Hidalgo.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) advierte que el nuevo modelo de justicia laboral “va en serio” y el cambio no será superficial.
“Como autoridades, tenemos la obligación de dar un mensaje claro e inequívoco: haremos valer y hacer valer las nuevas reglas de convivencia laboral, reglas comunes que todos debemos cumplir. Esto no sólo va a robustecer el Estado de Derecho, sino que generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo y atraerá más inversiones, certeza en el tratado comercial del T-MEC y de los derechos de los trabajadores”, destaca la funcionaria federal.
Desde la óptica de Soledad Aragón, presidenta de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), la nueva justicia laboral “es un cambio de paradigma”. Autoridades, trabajadores, patrones y abogados, afirma, tienen un gran reto para que el mecanismo funcione y se evite la saturación de los tribunales.
Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS, califica al nuevo modelo como el fin de una época “de corporativismo, control y simulación que se enquistó por décadas en nuestras leyes e instituciones”, para pasar a una era donde la libertad, la democracia y la justicia laborales estén en el centro de las prioridades.
Por su parte, Alfredo Domínguez Marrufo, primer director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral), pilar del nuevo modelo, opina que el cambio no es sólo de normas o instituciones, sino de cultura. El nacimiento del nuevo sistema de solución, agrega, implica el fin de una industria de litigio que apostó por juicios largos.
La gran reforma laboral del 2019 involucró por primera vez al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en la materia del trabajo. De esta manera, los empleados que no resuelvan su conflicto en la conciliación, y no tengan los recursos para pagar un abogado, podrán contar con el apoyo de un defensor del Poder Judicial.
Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del IFPD, destaca que este cambio de paradigma era urgente para México, pues la justicia laboral estaba prácticamente abandonada y capturada por coyotes, todo en detrimento de los trabajadores más vulnerables.
Transformación total
Al menos en ocho entidades del país, las juntas de conciliación y arbitraje iniciaron su camino a la desaparición, continuarán operando únicamente para disminuir el rezago de asuntos inconclusos, pero ya no recibirán nuevos casos. Los centros de conciliación y tribunales laborales serán las nuevas instancias encargadas de resolver conflictos entre la fuerza de trabajo y los empleadores.
El primer cambio visible, explica Estaban Martínez, será la posibilidad de que trabajadores y patrones se sienten para solucionar un conflicto sin necesidad de iniciar un juicio, apoyados por un mediador profesional y en un ambiente neutral y seguro.
“Esto, a su vez, irá desterrando las prácticas que tradicionalmente impedían llegar a acuerdos, como la intervención de abogados y coyotes, y el uso de chicanas o argucias procesales para retrasar audiencias y desgastar a las contrapartes”, subraya.
Para Julio César Venegas Guzmán, director del Centro de Conciliación del Estado de México, el nuevo modelo permitirá que un conflicto que tardaba años en resolverse, ahora pueda solucionarse en un día. En ese sentido, el rol clave de los conciliadores será marcar los límites en los derechos de ambas partes, expone.
“Nosotros somos un punto de equilibrio. No es un modelo litigioso, sino de diálogo, se trata de llegar a un acuerdo que haga que en 30 minutos el ciudadano se vaya con una solución. Nuestra vocación es atender, dialogar y marcar pautas a trabajadores, empleadores y sindicatos de cuál es el límite en sus derechos, sus mínimos y sus máximos en aras de proteger tanto a los trabajadores como el patrimonio de los empleadores”.
Desafíos en puerta
Soledad Aragón, presidenta de la Conasetra, considera que uno de los desafíos que tiene el modelo es informar a los trabajadores y patrones sobre el cambio cultural.
“Tenemos que convencer, sensibilizar y cambiar la cultura, sobre todo en materia colectiva. En la democratización de los sindicatos y en el centro de todo estarán los derechos de los trabajadores”, expone la también secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE).
Además, puntualiza, es necesario mantener en los tribunales laborales la contratación del personal por concurso, para que las personas más capacitadas estén a cargo de la impartición de justicia.
En ese tenor, Esteban Martínez opina que los principales desafíos son operativos y logísticos, y están vinculados tanto con la habilitación de espacios de trabajo como con la capacitación del personal y la evaluación del desempeño.
“Será muy importante establecer canales de comunicación eficiente entre los operadores del nuevo sistema para atajar cualquier contingencia y, sobre todo, construir capacidad institucional que nos permita detectar, atender y corregir lo que se presente”, concluye.
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