Los no argumentos de quienes atacan la reforma eléctrica de AMLO

POLEMÓN


El parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados para debatir la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el presidente de México ha demostrado, del lado de quienes defienden –cabilderos, empresarios, testaferros- la Reforma Energética del PRI y el PAN, que ni entre ellos se ponen de acuerdo en cuanto a supuestas repercusiones de la propuesta de AMLO.

Durante varias semanas, los representantes de quienes defienden la reforma de Enrique Peña Nieto han llevado a la Cámara de Diputados cifras y quejas no sólo disímbolas y escandalosas, sino también cada vez más catastróficas. Entre modelos matemáticos, tecnicismos, cifras apocalípticas y rechazo a una iniciativa que nada privatiza, anuncian calamidades mayores.

Según la oposición a la reforma eléctrica, la CFE será un monopolio con poderes incluso mayores que los del presidente de la República, incrementos desastrosos de las emisiones contaminantes y precios de los combustibles, retiro de las inversiones privadas, pagos onerosos del gobierno por la cancelación de contratos, e impactos “irreversibles” al cambio climático.

El cambio climático y las energías limpias han sido las principales banderas de los técnicos enviados por las empresas privadas, empresarios de diversos sectores y políticos opositores. Pero mientras intentan imponer su narrativa plagada de tecnicismos, poco o nada proponen, al menos para modificar algún aspecto de la iniciativa. La vacuidad se impone.

Así, la narrativa opositora no debate la iniciativa presidencial, sólo la combate con argumentos técnicos y del supuesto funcionamiento ideal del mercado eléctrico. Todo funciona bien y si el Estado pretende regularlo, auguran el desastre para los precios de la electricidad, los combustibles, la competitividad, la innovación y la “transición” al capitalismo verde.

Pero es en la narrativa del capitalismo verde donde reside su falta de argumentos. La naturaleza no tiene ninguna ventaja en el contexto de la acumulación capitalista. La búsqueda de una tasa de ganancia a toda costa y el enriquecimiento de la oligarquía que maneja los fondos buitres están en realidad detrás del mito del capitalismo verde. Los pueblos tampoco tienen ventajas.

Está documentado que las comunidades –Oaxaca, por ejemplo- donde se asentaron las empresas de energía eólica, apenas reciben un peso del total de las ganancias producto de la renta o privatización disfrazada de sus territorios. En Yucatán, esas comunidades pagan a altos precios la energía eléctrica, a pesar de tener a unos pasos los generadores de energía.

Asimismo, hoy se sabe que, en España, Iberdrola y Naturgy vaciaron las presas y tiene en funcionamiento sus plantas productoras de “energías limpias” a base de gas natural o combustóleo, pero diariamente suben el precio de la electricidad –que ha aumentado más de 400 por ciento-, mientras millones de españoles están en pobreza energética por no poder pagar las abusivas tarifas.

Según la comentocracia mexicana, AMLO pretende “nacionalizar” la industria eléctrica, relanzar un monopolio encabezado por la CFE, cancelar contratos y contaminar. Las mentiras se caen solas. La iniciativa presidencial, ni explícita ni implícitamente, “nacionaliza” las empresas privadas; solo redefine su papel y regula su participación en el mercado eléctrico.

Tampoco hace de la CFE un monopolio de Estado, pues establece la participación de la empresa privada con 46 por ciento del mercado eléctrico, mientras el Estado lo haría con el 54 por ciento. Vaya extraño monopolio en la que se regula dicho mercado para revertir la preeminencia de las empresas privadas y desactivar una, eso sí, catástrofe energética de continuar como ahora.

Por lo mismo, es importante precisar: no es la CFE, es el Estado mexicano el que tendría la rectoría eléctrica y garantizaría la transición a energías limpias. Esto es sin el monopolio –como en caso de España- de las empresas privadas, quienes deciden qué precios, dónde invertir, qué comunidades abastecer y cuáles abandonar.

En el Parlamento Abierto, únicamente la CFE y quienes apoyan la iniciativa presidencial, han puesto en evidencia, tanto los multimillonarios subsidios –se calculan en 4 mil millones de pesos al año- como el no pago de la distribución de la energía de las empresas privadas. De ahí que presuman sus “bajos” costos y precios a sus clientes. El mercado eléctrico ideal.

Felipe Calderón durante la inauguración de una planta eólica en Oaxaca. Foto: Especial

Así, acusan a la CFE, no sólo de producir energías “sucias” sino de vender “caro”, lo que resulta falso ante las evidencias de que las empresas privadas reciben subsidios multimillonarios, dinero que bien podría ser usado en inversiones para que la empresa eléctrica del Estado mexicano transite a energías limpias, de ser el caso, y en programas sociales para abatir la pobreza energética.

Cuando la comentocracia, los medios corporativos y los políticos del PRI y el PAN se oponen a la reforma eléctrica, no sólo evaden la realidad de los abusos de las empresas extranjeras y mexicanas, sino también su previsible impacto en México de dominar el mercado eléctrico, vistos sus abusivos y catastróficos resultados en España, que ni el gobierno “socialista” se atreve a parar.

Al parlamento abierto han asistido múltiples cabilderos de las empresas, muchos amparados en supuestas ONG y OSC –sí, aquellas que según el académico Sergio Aguayo Quezada, odia AMLO- que en realidad no representan a millones de mexicanos, menos a la sociedad civil mexicana, sino intereses que rechazan la iniciativa de reforma eléctrica del presidente de México.

No sólo porque su narrativa “experta” se agotó, sino porque sus tecnicismos y modelos matemáticos de un mercado eléctrico ideal, autorregulado y perfecto, no explican aspectos cruciales: las “energías limpias” subsidiadas, nulos beneficios a las comunidades donde se asientan y sus precios “bajos” no son para los mexicanos de a pie, sino solo para unas cuantas empresas.

Lo anterior ilustra lo sucedido en el Foro 23, realizado la misma fecha de febrero de 2022. Ese día tocó a comunicadores, comentócratas y medios corporativos acudir a presentar sus objeciones, pero no llegaron, excepto una divulgadora de “energías limpias”, quien repitió el mismo discurso: el apocalipsis que provocará México de aprobarse la reforma eléctrica.

A la cita llegaron varios comunicadores de medios alternativos, redes sociales y periodistas que presentaron sus posturas a favor de la iniciativa presidencial, pero la divulgadora de “energías limpias”, ante los cuestionamientos, solo chantajeó con que a los niños que vivían cerca de una empresa de la CFE no les importaban si China y EEUU contaminaban más que México.

Con todo, se le “olvidó” documentar por qué las empresas eólicas y de paneles solares no sustituyeron esa empresa ante su “evidente” impacto en la salud de los habitantes cercanos, cuando tuvieron todas las condiciones favorables para hacerlo. No lo hicieron porque no era negocio. Y de los consorcios opositores, invitados al Foro 24, solo asistieron tres.

De acuerdo con Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, los consorcios perdieron la “oportunidad” de explicarle a los mexicanos su oposición. En realidad, los tres asistentes hicieron lo mismo: quejas, anuncio de catástrofes, supuesta pérdida de inversiones, contaminación, monopolio, radicalización, entre otras notas apocalípticas, pero cero propuestas. 


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