Lastre político
Ayer, al cumplirse un mes de la suspensión de actividades de Mexicana de Aviación, el sindicato de trabajadores en tierra de esa compañía presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, por presuntos hechos ilícitos en agravio de la soberanía nacional, de 100 mil trabajadores de la aviación, así como del patrimonio del país”.
Esta denuncia se suma a la interpuesta el pasado miércoles por legisladores del Partido de la Revolución Democrática contra el mismo funcionario por presuntas irregularidades en la entrega de la llamada licitación 21 a las empresas Televisa y Nextel. De acuerdo con los demandantes, esa concesión sobre frecuencias del espectro radioeléctrico ocasionó un quebranto mayúsculo al fisco, pues la dependencia a cargo del demandado remató la banda referida en una cantidad muy inferior a su valor.
Por añadidura, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social viene arrastrando señalamientos por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que murieron medio centenar de niños el 5 de junio de 2009. Aunque en julio de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación declinó señalar a éste y a otros servidores públicos como responsables de la tragedia –a contrapelo de lo que señalaba el dictamen del ministro Arturo Zaldívar–, Molinar Horcasitas aún tiene que enfrentar, por esos mismos hechos, las querellas interpuestas por legisladores de oposición ante la propia procuraduría federal, que incluyen una posible solicitud de desafuero.
Independientemente de que el funcionario sea o no culpable por faltas de orden civil o penal en uno o más de estos episodios –cuyo esclarecimiento dependerá, en primer lugar, de la voluntad política del gobierno del que forma parte para llevar a cabo las pesquisas correspondientes–, Molinar arrastra, en todos ellos, responsabilidades políticas de diversa índole.
La circunstancia por la que atraviesa el secretario de Comunicaciones y Transportes genera impactos por demás negativos en el conjunto del Ejecutivo federal, acentúa la mala imagen de las instituciones y del país y alimenta la percepción pública de un designio de encubrimiento e impunidad. En condiciones de salud institucional y normalidad democrática, un episodio como el ocurrido en el local subrogado por el IMSS en Hermosillo habría bastado para poner entre paréntesis la carrera política del funcionario y para detonar pesquisas menos complacientes y blandas que las que se han llevado a cabo. Por desgracia, en el México de 2010 ni los escándalos en distintos frentes ni las querellas judiciales en su contra ni los reclamos de los deudos de las víctimas de la ABC y la indignación pública generalizada por esos hechos parecen poner en riesgo la permanencia de Molinar en el equipo de Felipe Calderón, por contraproducente que ello resulte para la administración federal.
En suma, Juan Molinar Horcasitas se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, y su permanencia en el gabinete constituye un factor adicional de debilidad y descrédito para el conjunto de la institucionalidad política en el país y un nuevo saldo negativo en materia de legitimidad, credibilidad e imagen.
Fuente
Esta denuncia se suma a la interpuesta el pasado miércoles por legisladores del Partido de la Revolución Democrática contra el mismo funcionario por presuntas irregularidades en la entrega de la llamada licitación 21 a las empresas Televisa y Nextel. De acuerdo con los demandantes, esa concesión sobre frecuencias del espectro radioeléctrico ocasionó un quebranto mayúsculo al fisco, pues la dependencia a cargo del demandado remató la banda referida en una cantidad muy inferior a su valor.
Por añadidura, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social viene arrastrando señalamientos por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que murieron medio centenar de niños el 5 de junio de 2009. Aunque en julio de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación declinó señalar a éste y a otros servidores públicos como responsables de la tragedia –a contrapelo de lo que señalaba el dictamen del ministro Arturo Zaldívar–, Molinar Horcasitas aún tiene que enfrentar, por esos mismos hechos, las querellas interpuestas por legisladores de oposición ante la propia procuraduría federal, que incluyen una posible solicitud de desafuero.
Independientemente de que el funcionario sea o no culpable por faltas de orden civil o penal en uno o más de estos episodios –cuyo esclarecimiento dependerá, en primer lugar, de la voluntad política del gobierno del que forma parte para llevar a cabo las pesquisas correspondientes–, Molinar arrastra, en todos ellos, responsabilidades políticas de diversa índole.
La circunstancia por la que atraviesa el secretario de Comunicaciones y Transportes genera impactos por demás negativos en el conjunto del Ejecutivo federal, acentúa la mala imagen de las instituciones y del país y alimenta la percepción pública de un designio de encubrimiento e impunidad. En condiciones de salud institucional y normalidad democrática, un episodio como el ocurrido en el local subrogado por el IMSS en Hermosillo habría bastado para poner entre paréntesis la carrera política del funcionario y para detonar pesquisas menos complacientes y blandas que las que se han llevado a cabo. Por desgracia, en el México de 2010 ni los escándalos en distintos frentes ni las querellas judiciales en su contra ni los reclamos de los deudos de las víctimas de la ABC y la indignación pública generalizada por esos hechos parecen poner en riesgo la permanencia de Molinar en el equipo de Felipe Calderón, por contraproducente que ello resulte para la administración federal.
En suma, Juan Molinar Horcasitas se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, y su permanencia en el gabinete constituye un factor adicional de debilidad y descrédito para el conjunto de la institucionalidad política en el país y un nuevo saldo negativo en materia de legitimidad, credibilidad e imagen.
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