Acuerdos cupulares entre Calderón y Peña: reforma contra trabajadores, y van por más
El
líder empresarial explica la necesidad de la dirigencia nacional del
PRI y de sus coordinaciones parlamentarias en el Senado de la República y
en la Cámara de Diputados de negociar con sus organizaciones
Revista EMET
Tras los acuerdos cupulares alcanzados por
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el Congreso de la Unión se dan
prisa por aprobar la reforma laboral enviada por el actual inquilino de
Los Pinos y demandada una y otra vez por los organismos empresariales,
sin que les preocupe mayormente el realizar un análisis exhaustivo para
aquilatar la conveniencia o no de mandar al bote de la basura la
histórica Ley del Trabajo promulgada en 1970 y que gracias a los
gobiernos neoliberales se ha convertido en letra muerta.
La iniciativa enviada en forma por demás apresurada por Felipe Calderón al Congreso lejos está de hacer valer los principios fundamentales que postulaba y defendía la Ley de 1970, sobre todo en lo que se refiere a alcanzar el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Mucho menos abona el autodenominado “presidente del empleo”, que se convirtió en el mandatario del desempleo, a consolidar el trabajo como un derecho y un deber sociales y lo reduce, una vez más, a un simple artículo de comercio, sin que medie el respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta. Y ni que decir de que “la prestación de servicios laborales deben efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”, postulados que en estos momentos se convierten para millones de trabajadores mexicanos en una pura ficción.
Letra muerta desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los regímenes panistas, es el artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo que establece que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El explosivo desempleo que prevalece actualmente, así como la prevalencia de la economía informal y el subempleo, sin que el actual gobierno federal haya logrado hacer algo para mejorar el mercado de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores, han arrojado a la basura, por omisión o por acción, los postulados de esa legislación, que ahora se pretende enterrar, de una vez y para siempre.
La primera fuerza política en el Congreso, el PRI, está buscando en el Senado de la República que ambas cámaras creen una sola comisión especial para la discusión y dictaminación de la reforma laboral. Nada bueno augura que para integrar esa comisión se hayan registrado personajes de la política mexicana tan nefastos a los intereses de los trabajadores como el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps; el dirigente de la CROC, Isaías González; Armando Neyra de la CTM; y Diva Gastelum, una dirigente priísta sin la menor experiencia en materia laboral. Estos legisladores han manifestado su prisa y su decisión para establecer un grupo de trabajo bicamaral “que nos permitirá cumplir los tiempos que están cortos y fijar puntos de vista y opiniones, para que cuando la pase a la Cámara de Diputados sea rápido”.
En ningún momento se han puesto a reflexionar en lo que más conviene a los trabajadores, que tendría que ir en sentido contrario de aprobar una reforma laboral retrógrada, y que sin duda tendría que pasar por hacer valer otra vez los postulados de la Ley Federal del Trabajo, no sólo en la legislación sino en los hechos, en la realidad, de donde fueron eliminados gracias a la complacencia y a la omisión de los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón.
Frente a la aplanadora priísta y panista que se conformará para aprobar la reforma laboral calderonista, cuya matriz es sin duda la llamada “Ley Lozano”, la dirección colegida de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados determinaron unir fuerzas para rechazar por completo la iniciativa enviada por el actual inquilino de Los Pinos. Los diputados Silvano Aureoles, Miguel Alonso Raya, Socorro Ceceña, José Luis Muñoz, Roberto López y Alejandro Carbajal, precisaron que la bancada perredista considera una decisión apresurada e incongruente la asumida por Calderón a la hora de enviar la citada iniciativa.
Durante una reunión con los lideres sindicales de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, del STUNAM, Agustín Rodríguez, de los electricistas, Martín Esparza, y de la disidencia del SNTE, Artemio Ortiz, Aureoles consideró que “es imposible que en un plazo de 30 día, contenido en la reforma constitucional, se pueda legislar la iniciativa preferente”. Destacó que además no existe una legislación secundaria, “ni mucho menos vamos a legislar en contra de los intereses de los trabajadores”. Por su parte, Alfonso Raya considera que Calderón se burla del Congreso, porque “él sabe que en los términos en que envió su iniciativa, y sobre todo por el contenido de la misma, resultará imposible aprobar un adefesio de tal magnitud”.
Para los panistas el camino legislativo escogido por los priístas para aprobar la reforma laboral no es el más corto ni el que más los satisface. Luis Alberto Villarreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró complicada la creación de una comisión bicameral para discutirla, tal como lo propuso el PRI en el Senado. Dijo que hasta el momento a él no le ha llegado ninguna propuesta formal para formar esa comisión y destacó la contradicción en la que empiezan a caer los priístas al poner trabas a la reformas estructurales. Para el panista los del tricolor “quieren comenzar a defender no la libertad sindical sino la libertad de las cúpulas sindicales a no rendirle cuentas a sus agremiados”.
Por su lado, a los empresarios no les preocupa ni inquieta la posición del PRD y del PT y Movimiento Ciudadano. Saben que una alianza parlamentaria entre PRI y PAN sacará sin problemas la reforma laboral que ellos han empujado desde hace varios años. A los dirigentes empresariales les llama más la atención la negociación que al interior del PRI se tendrá que realizar para poder lograr el apoyo de sus propias organizaciones obreras. Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), considera que la aprobación de la reforma laboral no va a ser fácil si el PRI no se sienta a negociar con los sindicatos y en la iniciativa presidencial se “deja de lado” el tema de su autonomía.
El líder empresarial explica la necesidad de la dirigencia nacional del PRI y de sus coordinaciones parlamentarias en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados de negociar con sus organizaciones gremiales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) . Dijo que seguramente estas organizaciones “le van a pedir que saquen la parte de la autonomía de los sindicatos”. Para el dirigente de los industriales del país esa será la única forma de que podrá ser aprobada la reforma laboral que quedó pendiente durante todo el calderonato. No obstante, considera que la iniciativa se tiene que encaminar a la productividad y el empleo, dejando para más adelante la autonomía de los sindicatos.
Los industriales y empresarios empujan fuerte la aprobación de la reforma laboral porque pugnan por la legalización de las nuevas formas de contratación, por horas, medios tiempos o tiempos específicos. Resaltan la importancia que tiene para ellos el tema de los salarios caídos, los cuales desean que sólo sean seis meses, máximo, y si pasa de ese periodo “que los pague el gobierno porque no es nuestro problema, son atrasos de las juntas (de conciliación y arbitraje), no de los empresarios”.
La iniciativa enviada en forma por demás apresurada por Felipe Calderón al Congreso lejos está de hacer valer los principios fundamentales que postulaba y defendía la Ley de 1970, sobre todo en lo que se refiere a alcanzar el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Mucho menos abona el autodenominado “presidente del empleo”, que se convirtió en el mandatario del desempleo, a consolidar el trabajo como un derecho y un deber sociales y lo reduce, una vez más, a un simple artículo de comercio, sin que medie el respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta. Y ni que decir de que “la prestación de servicios laborales deben efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”, postulados que en estos momentos se convierten para millones de trabajadores mexicanos en una pura ficción.
Letra muerta desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los regímenes panistas, es el artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo que establece que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El explosivo desempleo que prevalece actualmente, así como la prevalencia de la economía informal y el subempleo, sin que el actual gobierno federal haya logrado hacer algo para mejorar el mercado de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores, han arrojado a la basura, por omisión o por acción, los postulados de esa legislación, que ahora se pretende enterrar, de una vez y para siempre.
La primera fuerza política en el Congreso, el PRI, está buscando en el Senado de la República que ambas cámaras creen una sola comisión especial para la discusión y dictaminación de la reforma laboral. Nada bueno augura que para integrar esa comisión se hayan registrado personajes de la política mexicana tan nefastos a los intereses de los trabajadores como el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps; el dirigente de la CROC, Isaías González; Armando Neyra de la CTM; y Diva Gastelum, una dirigente priísta sin la menor experiencia en materia laboral. Estos legisladores han manifestado su prisa y su decisión para establecer un grupo de trabajo bicamaral “que nos permitirá cumplir los tiempos que están cortos y fijar puntos de vista y opiniones, para que cuando la pase a la Cámara de Diputados sea rápido”.
En ningún momento se han puesto a reflexionar en lo que más conviene a los trabajadores, que tendría que ir en sentido contrario de aprobar una reforma laboral retrógrada, y que sin duda tendría que pasar por hacer valer otra vez los postulados de la Ley Federal del Trabajo, no sólo en la legislación sino en los hechos, en la realidad, de donde fueron eliminados gracias a la complacencia y a la omisión de los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón.
Frente a la aplanadora priísta y panista que se conformará para aprobar la reforma laboral calderonista, cuya matriz es sin duda la llamada “Ley Lozano”, la dirección colegida de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados determinaron unir fuerzas para rechazar por completo la iniciativa enviada por el actual inquilino de Los Pinos. Los diputados Silvano Aureoles, Miguel Alonso Raya, Socorro Ceceña, José Luis Muñoz, Roberto López y Alejandro Carbajal, precisaron que la bancada perredista considera una decisión apresurada e incongruente la asumida por Calderón a la hora de enviar la citada iniciativa.
Durante una reunión con los lideres sindicales de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, del STUNAM, Agustín Rodríguez, de los electricistas, Martín Esparza, y de la disidencia del SNTE, Artemio Ortiz, Aureoles consideró que “es imposible que en un plazo de 30 día, contenido en la reforma constitucional, se pueda legislar la iniciativa preferente”. Destacó que además no existe una legislación secundaria, “ni mucho menos vamos a legislar en contra de los intereses de los trabajadores”. Por su parte, Alfonso Raya considera que Calderón se burla del Congreso, porque “él sabe que en los términos en que envió su iniciativa, y sobre todo por el contenido de la misma, resultará imposible aprobar un adefesio de tal magnitud”.
Para los panistas el camino legislativo escogido por los priístas para aprobar la reforma laboral no es el más corto ni el que más los satisface. Luis Alberto Villarreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró complicada la creación de una comisión bicameral para discutirla, tal como lo propuso el PRI en el Senado. Dijo que hasta el momento a él no le ha llegado ninguna propuesta formal para formar esa comisión y destacó la contradicción en la que empiezan a caer los priístas al poner trabas a la reformas estructurales. Para el panista los del tricolor “quieren comenzar a defender no la libertad sindical sino la libertad de las cúpulas sindicales a no rendirle cuentas a sus agremiados”.
Por su lado, a los empresarios no les preocupa ni inquieta la posición del PRD y del PT y Movimiento Ciudadano. Saben que una alianza parlamentaria entre PRI y PAN sacará sin problemas la reforma laboral que ellos han empujado desde hace varios años. A los dirigentes empresariales les llama más la atención la negociación que al interior del PRI se tendrá que realizar para poder lograr el apoyo de sus propias organizaciones obreras. Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), considera que la aprobación de la reforma laboral no va a ser fácil si el PRI no se sienta a negociar con los sindicatos y en la iniciativa presidencial se “deja de lado” el tema de su autonomía.
El líder empresarial explica la necesidad de la dirigencia nacional del PRI y de sus coordinaciones parlamentarias en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados de negociar con sus organizaciones gremiales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) . Dijo que seguramente estas organizaciones “le van a pedir que saquen la parte de la autonomía de los sindicatos”. Para el dirigente de los industriales del país esa será la única forma de que podrá ser aprobada la reforma laboral que quedó pendiente durante todo el calderonato. No obstante, considera que la iniciativa se tiene que encaminar a la productividad y el empleo, dejando para más adelante la autonomía de los sindicatos.
Los industriales y empresarios empujan fuerte la aprobación de la reforma laboral porque pugnan por la legalización de las nuevas formas de contratación, por horas, medios tiempos o tiempos específicos. Resaltan la importancia que tiene para ellos el tema de los salarios caídos, los cuales desean que sólo sean seis meses, máximo, y si pasa de ese periodo “que los pague el gobierno porque no es nuestro problema, son atrasos de las juntas (de conciliación y arbitraje), no de los empresarios”.
Lilia Arellano - Opinión EMET
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