Con Peña Nieto, la desesperanza
Todos
aquellos electores que le cobraron en las urnas los fracasos en
prácticamente todos los rubros a la administración federal de Felipe
Calderón, votando por el candidato de la izquierdas, Andrés Manuel López
Obrador
Revista EMET
Apenas si pasaron 24 horas cuando de nuevo
la sorpresa hizo su aparición. Comenzaba a digerirse, a intentarse
encontrarle cuadratura al círculo formado con los 47 nombramientos de
encargados de la transición, cuando hacen declaraciones delicadas los
más cercanos al electo Enrique Peña Nieto que permiten asegurar que no
hay cambios sustanciales entre los mandatos panistas y el que dará
inicio el próximo primero de diciembre, ya que éstos se verán ausentes
en líneas en las que la exigencia ciudadana señala un rumbo diferente.
Aunque el viraje menos deseado se hará presente en la reforma laboral
que ya está siendo pública y masivamente rechazada por la clase
trabajadora. Todo esto debidamente sostenido en cifras reveladoras a las
que el mexiquense tendrá que poner atención desde el primer minuto de
gobierno, ya que señalan que para el último mes del año, el registro de
pobreza abarcará a 60 millones de mexicanos y que el país ocupa, según
la OCDE, el segundo lugar en aumento a precios de alimentos. Un panorama
difícil que no puede verse de manera tan simplista como lo hicieran
durante el primer informe de gobierno de Eruviel Ávila, en donde todo
fue canto de sirenas.
Todos aquellos electores que le cobraron en las urnas los fracasos en prácticamente todos los rubros a la administración federal de Felipe Calderón, votando por el candidato de la izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, o al menos por un cambio en las formas, sufragando por el priísta Enrique Peña Nieto, están observando que su sufragio poco o nada incidirá en un cambio para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Apenas horas después de que el mexiquense diera a conocer los nombres de los integrantes de su equipo de transición, éstos ya exhibieron cuáles habrán de ser las líneas generales del próximo gobierno, que con verdad sea dicha poco o nada difieren de las formas políticas que han prevalecido a lo largo de los últimos dos sexenios panistas y que han cobrado facturas a los trabajadores y familias más desprotegidas del país.
Para empezar y en el tema que más pendientes deja el calderonismo, el de la seguridad o de la inseguridad y la fallida guerra contra los cárteles del narcotráfico, la mala noticia este miércoles la dio el ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, quien advirtió que la actual estrategia se mantendrá y que el Ejército y la Armada de México seguirán en las calles realizando tareas de seguridad pública, aunque eso sea anticonstitucional y exista un clamor generalizado porque esas actividades no las realicen las fuerzas armadas, sino las policías de los tres niveles de gobierno pero con un uso efectivo e intensivo de la inteligencia, en todas sus acepciones, y no sólo con la fuerza o con imparcialidad atacando sólo a algunas de las organizaciones criminales y privilegiando la capacidad de actuación de otras, con las que se mantienen lazos de complicidad, a cambio de cuantiosas sumas de millones de pesos.
El coordinador de diálogo político y seguridad del equipo de Peña Nieto también subrayó que insistirá en uno de los propósitos fallidos de la actual administración decadente que es el de perfeccionar y mejorar la coordinación con los Estados y municipios, en materia de seguridad. Y para calmar los ánimos en las filas panistas sostuvo que el gobierno entrante “no sacará a nadie, no se sacará a nadie, de las fuerzas de seguridad de ninguna manera”. O sea que el cuestionado Genaro García Luna, titular de la SSP, y a quien dirigentes de oposición y de organismos no gubernamentales le atribuyen fuertes nexos con el crimen organizado, podrá estar tranquilo y seguramente estará ya pensando no sólo en continuar con su labor, sino además disfrutar tranquilamente de los frutos que ésta le ha dejado a lo largo del sexenio calderonista. Igual deben estar sus subordinados y cómplices en esas tareas puesto que México, ya se ve, es el reino de la impunidad.
Y si alguna duda hay sobre el particular, el propio presidente nacional de PRI, Pedro Joaquín Coldwell, ya adelantó que el nuevo gobierno que encabezará a partir del 1 de diciembre Enrique Peña Nieto no irá a una “cacería de brujas” contra los integrantes de la administración saliente de Calderón Hinojosa. También para la completa tranquilidad de los funcionarios señalados una y otra vez como ineficientes y corruptos, el ex senador dijo que se llevará a cabo una transición madura y responsable. Es decir que de los yerros y los daños ocasionados al patrimonio nacional y al nivel de vida de los mexicanos, particularmente los trabajadores y sus familias, nadie habrá de ser responsable y, por lo tanto, no se ejercerá ningún tipo de acción legal o administrativa en su contra.
Por lo que toca a los aspectos que más preocupan a las familias mexicanas que tienen que ver con su reducida capacidad para hacer frente a sus requerimientos alimentarios, de salud, de educación y, en una palabra, de sobrevivencia, el propio Luis Videgaray ya dejó claro que eso no es una de las prioridades de la próxima administración, que se concentrará en atender las demandas del sector industrial y empresarial por lo que toca al desabasto de gas natural que resiente la industria y el comercio; la atención asimismo de las demandas de los poderes fácticos por lo que toca a la licitación de la banda de 2.5 Gigahertz; el caso de la empresa Mexicana de Aviación que el calderonato se empeñó en llevar a la quiebra y su desaparición para beneficiar a otros grupos empresariales sin importar en nada los trabajadores mexicanos. Aunque Videgaray también se refirió a los altos precios de los alimentos, derivados de la escasez de maíz y trigo, nada dijo de los programas que habrán de llevarse a cabo para poder garantizar la independencia alimentaria del país, por lo que todo parece indicar que se seguirá con las políticas de importación de granos que tanto han deteriorado los bolsillos de la población.
A pesar de que a los peñanietistas se les queman las habas para empezar a ejercer el gobierno, aún tienen entre sus preocupaciones el tema de la legitimidad de su jefe, el presidente electo Enrique Peña Nieto, quien aunque no entrará a la residencia oficial de Los Pinos por la puerta de atrás como su antecesor, si tiene todavía elementos políticos y de gobernabilidad que no le dotan de la total legitimidad que debería tener ante el pueblo de México, sobre todo por la demanda de los partidos de la izquierda para que las elecciones presidenciales pasadas se anularán dado las irregularidades en el financiamiento a las campañas y las estrategias de compra de votos que, dicen, fueron las que marcaron las diferencias entre López Obrador y el mexiquense. Así, el tema de la legitimidad sigue pendiente para el próximo presidente del país. Por eso no fue nada raro que ante el pleno de la LVIII Legislatura de Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila hubiese convocado a la ciudadanía a dar la vuelta al proceso electoral federal y pedir avanzar en la construcción de las grandes obras que benefician al país. Ante su amigo y jefe, Peña Nieto, el mandatario mexiquense convocó a generar las alianzas para realmente vencer a los enemigos del Estado que son, dijo, la inseguridad, la pobreza y el desempleo. Ahí, en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, Peña Nieto se comprometió a ser un “presidente amigo” trabajando por México.
Todos aquellos electores que le cobraron en las urnas los fracasos en prácticamente todos los rubros a la administración federal de Felipe Calderón, votando por el candidato de la izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, o al menos por un cambio en las formas, sufragando por el priísta Enrique Peña Nieto, están observando que su sufragio poco o nada incidirá en un cambio para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Apenas horas después de que el mexiquense diera a conocer los nombres de los integrantes de su equipo de transición, éstos ya exhibieron cuáles habrán de ser las líneas generales del próximo gobierno, que con verdad sea dicha poco o nada difieren de las formas políticas que han prevalecido a lo largo de los últimos dos sexenios panistas y que han cobrado facturas a los trabajadores y familias más desprotegidas del país.
Para empezar y en el tema que más pendientes deja el calderonismo, el de la seguridad o de la inseguridad y la fallida guerra contra los cárteles del narcotráfico, la mala noticia este miércoles la dio el ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, quien advirtió que la actual estrategia se mantendrá y que el Ejército y la Armada de México seguirán en las calles realizando tareas de seguridad pública, aunque eso sea anticonstitucional y exista un clamor generalizado porque esas actividades no las realicen las fuerzas armadas, sino las policías de los tres niveles de gobierno pero con un uso efectivo e intensivo de la inteligencia, en todas sus acepciones, y no sólo con la fuerza o con imparcialidad atacando sólo a algunas de las organizaciones criminales y privilegiando la capacidad de actuación de otras, con las que se mantienen lazos de complicidad, a cambio de cuantiosas sumas de millones de pesos.
El coordinador de diálogo político y seguridad del equipo de Peña Nieto también subrayó que insistirá en uno de los propósitos fallidos de la actual administración decadente que es el de perfeccionar y mejorar la coordinación con los Estados y municipios, en materia de seguridad. Y para calmar los ánimos en las filas panistas sostuvo que el gobierno entrante “no sacará a nadie, no se sacará a nadie, de las fuerzas de seguridad de ninguna manera”. O sea que el cuestionado Genaro García Luna, titular de la SSP, y a quien dirigentes de oposición y de organismos no gubernamentales le atribuyen fuertes nexos con el crimen organizado, podrá estar tranquilo y seguramente estará ya pensando no sólo en continuar con su labor, sino además disfrutar tranquilamente de los frutos que ésta le ha dejado a lo largo del sexenio calderonista. Igual deben estar sus subordinados y cómplices en esas tareas puesto que México, ya se ve, es el reino de la impunidad.
Y si alguna duda hay sobre el particular, el propio presidente nacional de PRI, Pedro Joaquín Coldwell, ya adelantó que el nuevo gobierno que encabezará a partir del 1 de diciembre Enrique Peña Nieto no irá a una “cacería de brujas” contra los integrantes de la administración saliente de Calderón Hinojosa. También para la completa tranquilidad de los funcionarios señalados una y otra vez como ineficientes y corruptos, el ex senador dijo que se llevará a cabo una transición madura y responsable. Es decir que de los yerros y los daños ocasionados al patrimonio nacional y al nivel de vida de los mexicanos, particularmente los trabajadores y sus familias, nadie habrá de ser responsable y, por lo tanto, no se ejercerá ningún tipo de acción legal o administrativa en su contra.
Por lo que toca a los aspectos que más preocupan a las familias mexicanas que tienen que ver con su reducida capacidad para hacer frente a sus requerimientos alimentarios, de salud, de educación y, en una palabra, de sobrevivencia, el propio Luis Videgaray ya dejó claro que eso no es una de las prioridades de la próxima administración, que se concentrará en atender las demandas del sector industrial y empresarial por lo que toca al desabasto de gas natural que resiente la industria y el comercio; la atención asimismo de las demandas de los poderes fácticos por lo que toca a la licitación de la banda de 2.5 Gigahertz; el caso de la empresa Mexicana de Aviación que el calderonato se empeñó en llevar a la quiebra y su desaparición para beneficiar a otros grupos empresariales sin importar en nada los trabajadores mexicanos. Aunque Videgaray también se refirió a los altos precios de los alimentos, derivados de la escasez de maíz y trigo, nada dijo de los programas que habrán de llevarse a cabo para poder garantizar la independencia alimentaria del país, por lo que todo parece indicar que se seguirá con las políticas de importación de granos que tanto han deteriorado los bolsillos de la población.
A pesar de que a los peñanietistas se les queman las habas para empezar a ejercer el gobierno, aún tienen entre sus preocupaciones el tema de la legitimidad de su jefe, el presidente electo Enrique Peña Nieto, quien aunque no entrará a la residencia oficial de Los Pinos por la puerta de atrás como su antecesor, si tiene todavía elementos políticos y de gobernabilidad que no le dotan de la total legitimidad que debería tener ante el pueblo de México, sobre todo por la demanda de los partidos de la izquierda para que las elecciones presidenciales pasadas se anularán dado las irregularidades en el financiamiento a las campañas y las estrategias de compra de votos que, dicen, fueron las que marcaron las diferencias entre López Obrador y el mexiquense. Así, el tema de la legitimidad sigue pendiente para el próximo presidente del país. Por eso no fue nada raro que ante el pleno de la LVIII Legislatura de Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila hubiese convocado a la ciudadanía a dar la vuelta al proceso electoral federal y pedir avanzar en la construcción de las grandes obras que benefician al país. Ante su amigo y jefe, Peña Nieto, el mandatario mexiquense convocó a generar las alianzas para realmente vencer a los enemigos del Estado que son, dijo, la inseguridad, la pobreza y el desempleo. Ahí, en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, Peña Nieto se comprometió a ser un “presidente amigo” trabajando por México.
Lilia Arellano - Opinión EMET
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