Ficciones Jurídicas
Y México presume de nación demócrata y republicana
Martín Esparza Flores
¿Qué se necesita para hacer cumplir la ley en un país de ficciones jurídicas? Atónitos, muchos de los más prestigiados abogados del país se preguntan a qué grado de absurdos y violaciones al Estado de derecho ha llegado un país que presume ante el mundo de ser una nación demócrata y republicana.
Misma pregunta se hacen un grupo de senadores y diputados que aún no acaban de digerir el entuerto legaloide que les prologaron funcionarios menores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), cuando hace unos días se presentaron a cuestionarles el por qué dicha institución se negaba a expedir el laudo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, en el que se reconoce el derecho de los trabajadores del SME a recuperar su fuente de empleo a través de un patrón sustituto, en este caso, la CFE. La ley otorga a la Junta un lapso de 24 horas para rectificar lo que en derecho procede. Pero…
Desmenucemos un poco el asunto: nuestro sistema de gobierno establece una sana e inalterable división de poderes para mantener, a través de un pacto federal, un funcional equilibrio entre los mismos. Y si bien el Poder Ejecutivo, representado como máxima autoridad en la figura del presidente de la república, tiene la facultad de ejercer decisiones sui géneris, la propia Constitución acota sus funciones y delimita sus probables excesos con base en las resoluciones del Poder Judicial. En ningún artículo de nuestra Carta Magna, o código de menor envergadura se establece que el Ejecutivo pueda alterar o pisotear la ley a su antojo o libre albedrío. Aceptar tal aberración sería caer en el terreno de una dictadura fascista.
Las leyes decretan con claridad los plazos para hacer cumplir los ordenamientos que dicten los tribunales federales mediante sus sentencias, por eso asombra e indigna la actitud asumida por los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que un abierto reto al Poder Judicial insisten en mostrar su sumisión absoluta al Poder Ejecutivo al negarse a aplicar sus sentencias; pero aún más, en un acto que raya en la peor de las descortesías e insultos al Poder Legislativo, cierran las puertas del titular de esa dependencia a sus representantes, como si tal institución fuera un ente autónomo y con una jerarquía constitucional superior a la de los legisladores electos por el voto popular. ¿Qué está pasando en nuestro país?
Sobre la sentencia del tribunal, la Junta fue notificada el 9 de octubre a las 17:45 horas. Y no pasó nada. Llegó un nuevo recordatorio del tribunal el pasado 17 de octubre a las 13:30 horas, y de igual forma no se emitió el nuevo laudo. El pasado lunes 22 un grupo de senadores y diputados del Movimiento Progresista se presentaron ante la JFCA pidiendo hablar con su titular, Eduardo Andrade Salaverria, pero el funcionario que le debe el cargo al denostado Javier Lozano y a la actual secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, mostrando una ignorancia supina a la función de la representación popular, tuvo la desfachatez de no recibirlos y enviarlos con el secretario general de Acuerdos y Asuntos Colectivos, Gary Jorge Pérez Grijalva, funcionario menor que respondió con evasivas a las preguntas de los legisladores.
Pérez Grijalva tuvo la osadía de comentarle a los legisladores que la Junta “está revisando la sentencia” (sic). Y aunque resulte increíble, ahora sucede que los funcionarios menores le van a enseñar a los magistrados de la Suprema Corte cómo aplicar e interpretar las leyes. Tan paradójico e inexplicable como que en el gobierno de Calderón los patos de la burocracia, armados hasta los dientes gracias a la irresponsabilidad e incompetencia del Ejecutivo, ¡ahora le tiran a las escopetas¡
La falta de respeto mostrada por la JFCA al Poder Legislativo y al Poder Judicial debe tener sus lógicas implicaciones y los responsables de tan inusual desacato deben ser llamados a cuentas. El procedimiento legal para sancionar a gente como Lozano y sus “tapetes” se llama juicio político. Claro, si antes se recupera algo de la dignidad y el sentido común del Estado de derecho, pues de lo contrario podremos afirmar que estuvimos sometidos por una abierta y cínica dictadura, bajo el camuflaje de país libre y democrático. ¿O no es así, señor Calderón?
Fuente
Martín Esparza Flores
¿Qué se necesita para hacer cumplir la ley en un país de ficciones jurídicas? Atónitos, muchos de los más prestigiados abogados del país se preguntan a qué grado de absurdos y violaciones al Estado de derecho ha llegado un país que presume ante el mundo de ser una nación demócrata y republicana.
Misma pregunta se hacen un grupo de senadores y diputados que aún no acaban de digerir el entuerto legaloide que les prologaron funcionarios menores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), cuando hace unos días se presentaron a cuestionarles el por qué dicha institución se negaba a expedir el laudo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, en el que se reconoce el derecho de los trabajadores del SME a recuperar su fuente de empleo a través de un patrón sustituto, en este caso, la CFE. La ley otorga a la Junta un lapso de 24 horas para rectificar lo que en derecho procede. Pero…
Desmenucemos un poco el asunto: nuestro sistema de gobierno establece una sana e inalterable división de poderes para mantener, a través de un pacto federal, un funcional equilibrio entre los mismos. Y si bien el Poder Ejecutivo, representado como máxima autoridad en la figura del presidente de la república, tiene la facultad de ejercer decisiones sui géneris, la propia Constitución acota sus funciones y delimita sus probables excesos con base en las resoluciones del Poder Judicial. En ningún artículo de nuestra Carta Magna, o código de menor envergadura se establece que el Ejecutivo pueda alterar o pisotear la ley a su antojo o libre albedrío. Aceptar tal aberración sería caer en el terreno de una dictadura fascista.
Las leyes decretan con claridad los plazos para hacer cumplir los ordenamientos que dicten los tribunales federales mediante sus sentencias, por eso asombra e indigna la actitud asumida por los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que un abierto reto al Poder Judicial insisten en mostrar su sumisión absoluta al Poder Ejecutivo al negarse a aplicar sus sentencias; pero aún más, en un acto que raya en la peor de las descortesías e insultos al Poder Legislativo, cierran las puertas del titular de esa dependencia a sus representantes, como si tal institución fuera un ente autónomo y con una jerarquía constitucional superior a la de los legisladores electos por el voto popular. ¿Qué está pasando en nuestro país?
Sobre la sentencia del tribunal, la Junta fue notificada el 9 de octubre a las 17:45 horas. Y no pasó nada. Llegó un nuevo recordatorio del tribunal el pasado 17 de octubre a las 13:30 horas, y de igual forma no se emitió el nuevo laudo. El pasado lunes 22 un grupo de senadores y diputados del Movimiento Progresista se presentaron ante la JFCA pidiendo hablar con su titular, Eduardo Andrade Salaverria, pero el funcionario que le debe el cargo al denostado Javier Lozano y a la actual secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, mostrando una ignorancia supina a la función de la representación popular, tuvo la desfachatez de no recibirlos y enviarlos con el secretario general de Acuerdos y Asuntos Colectivos, Gary Jorge Pérez Grijalva, funcionario menor que respondió con evasivas a las preguntas de los legisladores.
Pérez Grijalva tuvo la osadía de comentarle a los legisladores que la Junta “está revisando la sentencia” (sic). Y aunque resulte increíble, ahora sucede que los funcionarios menores le van a enseñar a los magistrados de la Suprema Corte cómo aplicar e interpretar las leyes. Tan paradójico e inexplicable como que en el gobierno de Calderón los patos de la burocracia, armados hasta los dientes gracias a la irresponsabilidad e incompetencia del Ejecutivo, ¡ahora le tiran a las escopetas¡
La falta de respeto mostrada por la JFCA al Poder Legislativo y al Poder Judicial debe tener sus lógicas implicaciones y los responsables de tan inusual desacato deben ser llamados a cuentas. El procedimiento legal para sancionar a gente como Lozano y sus “tapetes” se llama juicio político. Claro, si antes se recupera algo de la dignidad y el sentido común del Estado de derecho, pues de lo contrario podremos afirmar que estuvimos sometidos por una abierta y cínica dictadura, bajo el camuflaje de país libre y democrático. ¿O no es así, señor Calderón?
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