Los datos del fracaso en la guerra de Calderón están empapados de sangre
A
pesar de todo, el cambio de estrategia no se llevará a cabo, al menos
al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto. La razón: el gobierno de
Estados Unidos se opone a ello.
Revista EMET
La guerra de las drogas de Felipe Calderón
ha fracasado. Hasta el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha
señalado que “cuando uno mira los resultados de la estrategia de
Calderón, la mayoría de la gente dirá que no ha funcionado. Ha muerto
demasiada gente”, por lo que pide un cambio de estrategia basado en la
despenalización, tal y como lo recomendó la Comisión Global de Políticas
sobre Drogas dirigida por el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique
Cardoso, quien recomendó regular el consumo de marihuana y despenalizar
el uso de otras sustancias. Annan dijo que los gobiernos “se enfocan
demasiado a menudo en el lado del suministro y olvidan el de la demanda,
y estos dos aspectos tienen que trabajar juntos”. Añadió que “hay que
trabajar esto a través de la educación y la salud, en lugar de con
acciones brutales”.
También la Unión Europea ha señalado que la seguridad en México debe ser manejada en modo ”mas tradicional”, no con militares como ha ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. El representante especial de la UE para los derechos humanos, el griego Stavros Lambrinidis, destacó que la estrategia seguida permitió capturar importantes lideres criminales, pero al mismo tiempo exacerbó la violencia en el país, “donde más de 50 mil personas murieron en enfrentamientos entre narcotraficantes y de éstos con las fuerzas de seguridad”. En una reciente visita a nuestro país, Lambrinidis confió en que políticas como la utilización de militares en labores de seguridad “puedan ser temporales” y “no durar mucho tiempo”.
Los datos del fracaso en la estrategia están empapados de sangre. El año pasado, el número de muertes por homicidio en México se incrementó al registrarse 27 mil 199 homicidios, de acuerdo con información del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fueron casi 1,500 muertes más que el año anterior. A pesar de la opacidad en que se ha manejado la administración de Felipe Calderón en la materia, para este 2012 el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en 12 entidades de la República –Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Morelos, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sonora- se ha superado la media nacional de homicidios dolosos, que entre enero y agosto fue de 12.52 crímenes por cada 100 mil habitantes. En términos globales se habían reportado hasta el octavo mes de este año 14 mil 79 homicidios dolosos, de los que más de la mitad se perpetraron con armas de fuego. Las bajas globales por la guerra contra el narco en lo que va del sexenio calderonista llega a 90 mil víctimas, según cifras no oficiales, pues la administración federal se ha negado a informarlas.
A pesar de todo, el cambio de estrategia no se llevará a cabo, al menos al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto. La razón: el gobierno de Estados Unidos se opone a ello. El director de Políticas sobre Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, descartó hace unos días la despenalización de estupefacientes y negó que hacerlo pudiera poner fin a la violencia de los cárteles. Al citar un estudio de la Corporación RAND en 2010, destacó que las organizaciones criminales mexicanas obtienen sólo menos de un cuarto de sus ingresos de la venta de mariguana en Estados Unidos, por lo que argumentó que si dejan de obtener recursos del narcotráfico se dedicarían a otras actividades criminales como el secuestro, la piratería, el contrabando, la extorsión y la prostitución, negocios ilícitos que de hecho llevan a cabo. También dijo que existen testimonios que sugieren que la actividad más lucrativa de los cárteles de la droga en México es la extorsión a los negocios locales de las ciudades donde operan.
Esos son argumentos que han manejado una y otra vez los funcionarios de la administración de Barack Obama para ocultar lo evidente: que utilizan regularmente la “guerra contra las drogas” como un pretexto para intervenir en los asuntos internos de naciones soberanas. Esta guerra le ha permitido avanzar en los objetivos de la política exterior estadounidense, en un país tras otro -desde que Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” en 1971 y desde entonces cada presidente de EU ha repetido el mismo planteamiento, para justificar su intervencionismo en América Latina- teniendo como punta de lanza una fuerza de élite de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), que están formados por socios y con cada rama de los militares de EU.
También la Unión Europea ha señalado que la seguridad en México debe ser manejada en modo ”mas tradicional”, no con militares como ha ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. El representante especial de la UE para los derechos humanos, el griego Stavros Lambrinidis, destacó que la estrategia seguida permitió capturar importantes lideres criminales, pero al mismo tiempo exacerbó la violencia en el país, “donde más de 50 mil personas murieron en enfrentamientos entre narcotraficantes y de éstos con las fuerzas de seguridad”. En una reciente visita a nuestro país, Lambrinidis confió en que políticas como la utilización de militares en labores de seguridad “puedan ser temporales” y “no durar mucho tiempo”.
Los datos del fracaso en la estrategia están empapados de sangre. El año pasado, el número de muertes por homicidio en México se incrementó al registrarse 27 mil 199 homicidios, de acuerdo con información del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fueron casi 1,500 muertes más que el año anterior. A pesar de la opacidad en que se ha manejado la administración de Felipe Calderón en la materia, para este 2012 el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en 12 entidades de la República –Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Morelos, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sonora- se ha superado la media nacional de homicidios dolosos, que entre enero y agosto fue de 12.52 crímenes por cada 100 mil habitantes. En términos globales se habían reportado hasta el octavo mes de este año 14 mil 79 homicidios dolosos, de los que más de la mitad se perpetraron con armas de fuego. Las bajas globales por la guerra contra el narco en lo que va del sexenio calderonista llega a 90 mil víctimas, según cifras no oficiales, pues la administración federal se ha negado a informarlas.
A pesar de todo, el cambio de estrategia no se llevará a cabo, al menos al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto. La razón: el gobierno de Estados Unidos se opone a ello. El director de Políticas sobre Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, descartó hace unos días la despenalización de estupefacientes y negó que hacerlo pudiera poner fin a la violencia de los cárteles. Al citar un estudio de la Corporación RAND en 2010, destacó que las organizaciones criminales mexicanas obtienen sólo menos de un cuarto de sus ingresos de la venta de mariguana en Estados Unidos, por lo que argumentó que si dejan de obtener recursos del narcotráfico se dedicarían a otras actividades criminales como el secuestro, la piratería, el contrabando, la extorsión y la prostitución, negocios ilícitos que de hecho llevan a cabo. También dijo que existen testimonios que sugieren que la actividad más lucrativa de los cárteles de la droga en México es la extorsión a los negocios locales de las ciudades donde operan.
Esos son argumentos que han manejado una y otra vez los funcionarios de la administración de Barack Obama para ocultar lo evidente: que utilizan regularmente la “guerra contra las drogas” como un pretexto para intervenir en los asuntos internos de naciones soberanas. Esta guerra le ha permitido avanzar en los objetivos de la política exterior estadounidense, en un país tras otro -desde que Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” en 1971 y desde entonces cada presidente de EU ha repetido el mismo planteamiento, para justificar su intervencionismo en América Latina- teniendo como punta de lanza una fuerza de élite de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), que están formados por socios y con cada rama de los militares de EU.
Lilia Arellano - Revista EMET
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