LA REFORMA A LA LEY DEL TRABAJO DE MÉXICO PROVOCA PROTESTAS MASIVAS
Un plan para
destruir las protecciones labores ha propiciado agitación en las calles de México
Por David Bacon
In These Times, edición digital, 16/10/12
Por David Bacon
In These Times, edición digital, 16/10/12
Estudiantes
de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México marchan de la Plaza de
las Tres Culturas al Zócalo para protestar en contra de la propuesta de reforma
a la ley del trabajo y marcar el aniversario de la masacre del 2 de octubre de
1968.
CIUDAD DE MÉXICO -Mientras el Senado mexicano trataba de reunirse la semana pasada, sindicalistas, jóvenes manifestantes del movimiento #YoSoy132 y activistas sociales de todo tipo, bloquearon los accesos del Senado, en un intento de impedir que los legisladores se reunieran para discutir la reforma laboral. El 2 de octubre, decenas de miles marcharon al Zócalo del centro de la ciudad, partiendo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en donde el 2 de octubre de 1968, cientos de estudiantes fueran masacrados por tropas del ejército mexicano. Las consignas entonadas por los manifestantes expresaban el rechazo -igualmente masivo- a esta propuesta profundamente impopular.
El Senado mexicano ya inició la consideración de la propuesta de reforma a las leyes laborales del país que deberá realizarse dentro de un plazo de 30 días. Las disposiciones que contenga esta reforma, tendrán un efecto profundo sobre los trabajadores de México, ya que cambiarán la forma en que se contratan los trabajadores, sus derechos laborales y sus salarios. Benedicto Martínez Orozco, co-presidente de uno de los sindicatos más democráticos del país, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la definió como "una ley monstruosa".
En esencia, la reforma laboral pretende lograr una mayor flexibilidad para los patrones. Reemplazaría el pago por jornada por el pago por hora. Considerando el actual salario mínimo existente en México de alrededor de 60 pesos diarios, el salario por hora correspondería a 7.50 pesos, es decir, menos de 60 centavos de dólar por hora. Los patrones obtendrían el derecho legal a contratar trabajadores indirectamente a través de subcontratistas. Si a los trabajadores se les despidiera por protestar u organizarse en contra del nuevo régimen laboral, o por cualquier otro motivo ilegítimo, los patrones se limitarían a pagar únicamente 12 meses de salarios caídos, independientemente de lo que dure el litigio.
Aunque puede que a los trabajadores de Estados Unidos les suenen bajos los salarios, el tipo de flexibilidad que contempla la reforma, por décadas ha sido la norma en los centros de trabajo al norte de la frontera. Sin embargo, este no ha sido el caso en México. Después de la Revolución Mexicana, y de los levantamientos radicales que siguieron en las décadas de los años treinta y cuarenta, los trabajadores mexicanos ganaron una amplia gama de derechos y protecciones. Teóricamente, los derechos de los trabajadores mexicanos son mucho más amplios que los de sus contrapartes en Estados Unidos.
La Ley Federal del Trabajo, la ley que busca enmendar la reforma, oficialmente establece la jornada de trabajo de 8 horas, y que sólo se puede contratar a trabajadores por jornada, no por hora. También fija los salarios mínimos. Los patrones están obligados a otorgarles permanencia en el empleo a los trabajadores poco después de contratados, y está prohibida la subcontratación. Si se despide injustificadamente a los trabajadores, pueden exigir salarios caídos por el tiempo que dure el litigio. En caso de despido, el patrón tendrá que indemnizar a los trabajadores según los años de trabajo. Las compañías tienen que declarar sus utilidades y hacer reparto de utilidades, siguiendo un plazo determinado.
Aunque a los patrones nunca les han complacido estas leyes, con la apertura de la economía mexicana a la inversión extranjera, se fortaleció considerablemente el ataque político para reformarlas. Con el paso del tiempo, en la práctica esos derechos, si no es que la ley misma, se fueron erosionando. Mientras las maquiladoras establecidas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México llegaron a emplear a 2 millones de trabajadores (antes de la actual recesión), a pesar de lo que estipula la ley, las condiciones de trabajo fueron cambiando. Las jornadas de trabajo se extendieron a más de ocho horas. A los trabajadores rutinariamente se les excluye del reparto de utilidades. Cuando intentan organizar sindicatos independientes, con impunidad los patrones, el gobierno y los sindicatos conectados con el PRI (Partido Revolucionario Institucional), el viejo partido dominante, violan su derecho a la negociación colectiva y a la huelga.
Aunque en teoría, es ilegal el uso de subcontratistas, se convirtió en el arma favorita de los patrones en las encarnizadas batallas laborales de la década pasada. Hace un año, se declaró ilegal la huelga de cinco años de los mineros del cobre en Cananea, al sur de la frontera con el estado de Arizona. Grupo México, la gran corporación que es propietaria de las minas a ambos lados de la frontera, usó subcontratistas para introducir rompehuelgas.
Humberto Montes de Oca, secretario internacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hace notar, con gran pesar, que Cananea fue el lugar donde nació la lucha por la jornada de trabajo de ocho horas en México, con el famoso levantamiento de 1906 que anunciara los albores de la Revolución Mexicana. "Si vas a Cananea ahora”, afirma, " en la mina vas a encontrar trabajadores subcontratados trabajando jornadas de 12 horas sin que les paguen horas extras. En el corazón del pueblo donde se inició la lucha por la jornada de ocho horas, los trabajadores ahora trabajan jornadas de doce horas".
CIUDAD DE MÉXICO -Mientras el Senado mexicano trataba de reunirse la semana pasada, sindicalistas, jóvenes manifestantes del movimiento #YoSoy132 y activistas sociales de todo tipo, bloquearon los accesos del Senado, en un intento de impedir que los legisladores se reunieran para discutir la reforma laboral. El 2 de octubre, decenas de miles marcharon al Zócalo del centro de la ciudad, partiendo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en donde el 2 de octubre de 1968, cientos de estudiantes fueran masacrados por tropas del ejército mexicano. Las consignas entonadas por los manifestantes expresaban el rechazo -igualmente masivo- a esta propuesta profundamente impopular.
El Senado mexicano ya inició la consideración de la propuesta de reforma a las leyes laborales del país que deberá realizarse dentro de un plazo de 30 días. Las disposiciones que contenga esta reforma, tendrán un efecto profundo sobre los trabajadores de México, ya que cambiarán la forma en que se contratan los trabajadores, sus derechos laborales y sus salarios. Benedicto Martínez Orozco, co-presidente de uno de los sindicatos más democráticos del país, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la definió como "una ley monstruosa".
En esencia, la reforma laboral pretende lograr una mayor flexibilidad para los patrones. Reemplazaría el pago por jornada por el pago por hora. Considerando el actual salario mínimo existente en México de alrededor de 60 pesos diarios, el salario por hora correspondería a 7.50 pesos, es decir, menos de 60 centavos de dólar por hora. Los patrones obtendrían el derecho legal a contratar trabajadores indirectamente a través de subcontratistas. Si a los trabajadores se les despidiera por protestar u organizarse en contra del nuevo régimen laboral, o por cualquier otro motivo ilegítimo, los patrones se limitarían a pagar únicamente 12 meses de salarios caídos, independientemente de lo que dure el litigio.
Aunque puede que a los trabajadores de Estados Unidos les suenen bajos los salarios, el tipo de flexibilidad que contempla la reforma, por décadas ha sido la norma en los centros de trabajo al norte de la frontera. Sin embargo, este no ha sido el caso en México. Después de la Revolución Mexicana, y de los levantamientos radicales que siguieron en las décadas de los años treinta y cuarenta, los trabajadores mexicanos ganaron una amplia gama de derechos y protecciones. Teóricamente, los derechos de los trabajadores mexicanos son mucho más amplios que los de sus contrapartes en Estados Unidos.
La Ley Federal del Trabajo, la ley que busca enmendar la reforma, oficialmente establece la jornada de trabajo de 8 horas, y que sólo se puede contratar a trabajadores por jornada, no por hora. También fija los salarios mínimos. Los patrones están obligados a otorgarles permanencia en el empleo a los trabajadores poco después de contratados, y está prohibida la subcontratación. Si se despide injustificadamente a los trabajadores, pueden exigir salarios caídos por el tiempo que dure el litigio. En caso de despido, el patrón tendrá que indemnizar a los trabajadores según los años de trabajo. Las compañías tienen que declarar sus utilidades y hacer reparto de utilidades, siguiendo un plazo determinado.
Aunque a los patrones nunca les han complacido estas leyes, con la apertura de la economía mexicana a la inversión extranjera, se fortaleció considerablemente el ataque político para reformarlas. Con el paso del tiempo, en la práctica esos derechos, si no es que la ley misma, se fueron erosionando. Mientras las maquiladoras establecidas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México llegaron a emplear a 2 millones de trabajadores (antes de la actual recesión), a pesar de lo que estipula la ley, las condiciones de trabajo fueron cambiando. Las jornadas de trabajo se extendieron a más de ocho horas. A los trabajadores rutinariamente se les excluye del reparto de utilidades. Cuando intentan organizar sindicatos independientes, con impunidad los patrones, el gobierno y los sindicatos conectados con el PRI (Partido Revolucionario Institucional), el viejo partido dominante, violan su derecho a la negociación colectiva y a la huelga.
Aunque en teoría, es ilegal el uso de subcontratistas, se convirtió en el arma favorita de los patrones en las encarnizadas batallas laborales de la década pasada. Hace un año, se declaró ilegal la huelga de cinco años de los mineros del cobre en Cananea, al sur de la frontera con el estado de Arizona. Grupo México, la gran corporación que es propietaria de las minas a ambos lados de la frontera, usó subcontratistas para introducir rompehuelgas.
Humberto Montes de Oca, secretario internacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hace notar, con gran pesar, que Cananea fue el lugar donde nació la lucha por la jornada de trabajo de ocho horas en México, con el famoso levantamiento de 1906 que anunciara los albores de la Revolución Mexicana. "Si vas a Cananea ahora”, afirma, " en la mina vas a encontrar trabajadores subcontratados trabajando jornadas de 12 horas sin que les paguen horas extras. En el corazón del pueblo donde se inició la lucha por la jornada de ocho horas, los trabajadores ahora trabajan jornadas de doce horas".
El mismo sindicato de Montes de Oca sufrió un destino
semejante. En 2009, el presidente mexicano, Felipe Calderón, disolvió la
compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro y declaró inexistente el sindicato.
Desde entonces, el SME, uno de los sindicatos democráticos más antiguos de
México, ha estado luchando por el derecho de los trabajadores a regresar a su
empleo, y recuperar su personalidad jurídica. "Nuestros miembros también
fueron reemplazados por trabajadores subcontratados no sindicalizados", argumentó
Montes de Oca. "Los nuevos remplazos no están capacitación para el trabajo
ni tienen experiencia, y como resultado, ha habido un sinnúmero de accidentes. Incluso
han muerto algunos de estos trabajadores. Este es el modelo de empleo que
promueve la reforma a la ley del trabajo. Lo que nos sucedió a nosotros anticipa
los cambios que traerá la reforma por doquier".
Martínez agrega, "A los trabajadores que no aceptan esta situación, y son despedidos cuando tratan de protestar o de organizarse, el patrón únicamente está obligado a pagarles salarios caídos por un año. Nadie va a demandar a su patrón, ya que el patrón va a estar fuertemente motivado a prolongar el litigio eternamente. Con el sistema legal mexicano, eso va a ser muy fácil".
Cuando el PRI perdió la presidencia en el año 2000, el partido entrante, el Partido Acción Nacional (PAN), hizo propuestas para cambiar la ley del trabajo. Algunas de las propuestas, promovidas por el Banco Mundial, restringían los derechos de los trabajadores y de los sindicatos de manera tan extrema que incluso los patrones más liberales las rechazaron. Los sindicatos independientes y progresistas movilizaron la oposición, derrotaron las propuestas, para posteriormente proponer sus propias alternativas.
En el contexto de la larga historia de violencia y corrupción en la elección de los dirigentes de los sindicatos afiliados al PRI, una de estas propuestas se centra en garantizar el derecho de los trabajadores a elegir sus representantes sindicales a través del voto secreto. Otra propuesta plantea poner fin a los "contratos de protección", contratos laborales secretos firmados por sindicatos corruptos para proteger a los patrones cuando los trabajadores se organizan de manera independiente. Estas propuestas cuentan con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), más no del PRI.
Sin embargo, en las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, el PRI volvió a obtener la presidencia. En el mes de septiembre, promovida por una alianza entre el PAN y el PRI, se aprobó a toda velocidad la propuesta de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El Senado, que debe ratificar la reforma, todavía no la ha votado. Sin embargo, es muy probable que la alianza entre el PAN y el PRI, también la apruebe en el Senado. Supuestamente, Calderón firmará la reforma antes de dejar el poder.
Usando los mismos argumentos que los patrones y los republicanos en la campaña presidencial en Estados Unidos, los que apoyan la reforma arguyen que retirar las restricciones, alentará a los patrones a contratar más trabajadores, con lo cual se producirán más empleos. Rosalinda Vélez Juárez, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, afirmó que la reforma constituye "un parteaguas" que generaría 400,000 empleos adicionales por año. "Incluso la oposición eventualmente verá el beneficio", declaró.
Sin embargo, los críticos señalan que 900,000 jóvenes entran al mercado de trabajo mexicano cada año. No obstante, según el Instituto del Seguro Social, a lo largo del gobierno de Calderón, iniciado en 2006, únicamente 1.54 millones de personas han obtenido empleo formal, representando unos 250,000 empleos por año, es decir, menos de una tercera parte de los empleos que se necesitan. Ese es tan solo uno de los elementos de la presión económica que produce olas de migración a Estados Unidos. Una evaluación de la reforma laboral, realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), halló que la reforma laboral no crearía nuevos empleos, sino que sencillamente alentaría a los subcontratistas a contratar trabajadores que ya se encuentran en el sector informal". Quizás veamos un aumento en el empleo, pero serán empleos muy precarios con una paga muy baja", argumenta Montes de Oca.
Según los sindicatos y demás críticos, lo que la reforma también hará es aumentar la productividad de la fuerza de trabajo, a través de hacer que los trabajadores sean más vulnerables frente a la presión de los patrones. Un aumento en la productividad, de hecho, reduce la necesidad de contar con nuevos trabajadores.
"En última instancia, el efecto será empobrecer a los trabajadores aún más”, afirma Martínez. "Por un lado, hace que sea mucho más fácil despedir a los trabajadores. Por el otro, la capacidad de subcontratar trabajadores y pagarles por hora, da a los patrones motivos para despedir a sus trabajadores permanentes. Esto les abre a los patrones las puertas del paraíso”. Ciertamente, a los sindicatos les va a costar más trabajo organizar a los trabajadores que a pesar de que cada vez más necesitan mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, tienen cada vez más miedo de perder los empleos precarios que tienen.
Martínez agrega, "A los trabajadores que no aceptan esta situación, y son despedidos cuando tratan de protestar o de organizarse, el patrón únicamente está obligado a pagarles salarios caídos por un año. Nadie va a demandar a su patrón, ya que el patrón va a estar fuertemente motivado a prolongar el litigio eternamente. Con el sistema legal mexicano, eso va a ser muy fácil".
Cuando el PRI perdió la presidencia en el año 2000, el partido entrante, el Partido Acción Nacional (PAN), hizo propuestas para cambiar la ley del trabajo. Algunas de las propuestas, promovidas por el Banco Mundial, restringían los derechos de los trabajadores y de los sindicatos de manera tan extrema que incluso los patrones más liberales las rechazaron. Los sindicatos independientes y progresistas movilizaron la oposición, derrotaron las propuestas, para posteriormente proponer sus propias alternativas.
En el contexto de la larga historia de violencia y corrupción en la elección de los dirigentes de los sindicatos afiliados al PRI, una de estas propuestas se centra en garantizar el derecho de los trabajadores a elegir sus representantes sindicales a través del voto secreto. Otra propuesta plantea poner fin a los "contratos de protección", contratos laborales secretos firmados por sindicatos corruptos para proteger a los patrones cuando los trabajadores se organizan de manera independiente. Estas propuestas cuentan con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), más no del PRI.
Sin embargo, en las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, el PRI volvió a obtener la presidencia. En el mes de septiembre, promovida por una alianza entre el PAN y el PRI, se aprobó a toda velocidad la propuesta de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El Senado, que debe ratificar la reforma, todavía no la ha votado. Sin embargo, es muy probable que la alianza entre el PAN y el PRI, también la apruebe en el Senado. Supuestamente, Calderón firmará la reforma antes de dejar el poder.
Usando los mismos argumentos que los patrones y los republicanos en la campaña presidencial en Estados Unidos, los que apoyan la reforma arguyen que retirar las restricciones, alentará a los patrones a contratar más trabajadores, con lo cual se producirán más empleos. Rosalinda Vélez Juárez, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, afirmó que la reforma constituye "un parteaguas" que generaría 400,000 empleos adicionales por año. "Incluso la oposición eventualmente verá el beneficio", declaró.
Sin embargo, los críticos señalan que 900,000 jóvenes entran al mercado de trabajo mexicano cada año. No obstante, según el Instituto del Seguro Social, a lo largo del gobierno de Calderón, iniciado en 2006, únicamente 1.54 millones de personas han obtenido empleo formal, representando unos 250,000 empleos por año, es decir, menos de una tercera parte de los empleos que se necesitan. Ese es tan solo uno de los elementos de la presión económica que produce olas de migración a Estados Unidos. Una evaluación de la reforma laboral, realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), halló que la reforma laboral no crearía nuevos empleos, sino que sencillamente alentaría a los subcontratistas a contratar trabajadores que ya se encuentran en el sector informal". Quizás veamos un aumento en el empleo, pero serán empleos muy precarios con una paga muy baja", argumenta Montes de Oca.
Según los sindicatos y demás críticos, lo que la reforma también hará es aumentar la productividad de la fuerza de trabajo, a través de hacer que los trabajadores sean más vulnerables frente a la presión de los patrones. Un aumento en la productividad, de hecho, reduce la necesidad de contar con nuevos trabajadores.
"En última instancia, el efecto será empobrecer a los trabajadores aún más”, afirma Martínez. "Por un lado, hace que sea mucho más fácil despedir a los trabajadores. Por el otro, la capacidad de subcontratar trabajadores y pagarles por hora, da a los patrones motivos para despedir a sus trabajadores permanentes. Esto les abre a los patrones las puertas del paraíso”. Ciertamente, a los sindicatos les va a costar más trabajo organizar a los trabajadores que a pesar de que cada vez más necesitan mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, tienen cada vez más miedo de perder los empleos precarios que tienen.
En respuesta a propuestas anteriores de
los sindicatos, la adición de una cláusula a la reforma debatida les hubiera dado
a los trabajadores el derecho a elegir a sus representantes sindicales a través
de elecciones directas y secretas. Esa cláusula, no obstante, fue retirada por
los diputados que además son dirigentes de los sindicatos afiliados al PRI o a
partidos más pequeños que respaldan la reforma. Una diputada, Lucila Garfias
Gutiérrez, vocero de la dirección conservadora del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó: ". . .decimos sí a la democracia
sindical, . . . respetando el principio de la autonomía . . . sólo los trabajadores
deben tener el derecho a decidir cómo organizar [el proceso interno de elecciones
en sus propios sindicatos]."
Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el movimiento progresista en el interior del propio SNTE, la cuestionó. Francisco Bravo Herrera, dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, declaró al diario mexicano La Jornada que apoyar la reforma era un acto criminal -"el mayor golpe contra los trabajadores en los últimos cien años".
Una vez retirada esta cláusula, los diputados del PRI que ocupan cargos de dirección sindical votaron a favor de la reforma laboral. "Los supuestos representantes de los trabajadores en la Cámara de Diputados que aprobaron esta ley, traicionaron sus principios y a sus propios miembros, y a todo el pueblo de México", fustigó Martínez. "Se entregará a los patrones en charola de plata a los trabajadores".
Tanto Martínez como Montes de Oca predicen que la lucha contra la reforma no va a terminar, aunque la apruebe el Senado. Una indicación de la profundidad de la resistencia, fue el paro que realizaron los trabajadores de la gran planta automotriz de Nissan en el estado de Morelos, quienes además bloquearon la principal autopista que va de la Ciudad de México a la costa, exigiendo el rechazo a la reforma laboral. Orozco y otros piensan que la reforma es inconstitucional, y tienen planes de iniciar un juicio en su contra.
El 11 de octubre, una enorme manifestación de sindicatos realizada afuera del Senado unió tanto a sindicatos independientes, como el FAT y el SME, e incluso secciones de sindicatos del PRI, para protestar en contra de las reformas. Al interior del PRI, ya están apareciendo fisuras, y un senador del PRI, Armando Neyra Chávez, quien también encabeza la confederación sindical de la vieja guardia priista, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado de México, llamó al gobierno priista recién electo a restablecer el empleo y la personalidad jurídica a los trabajadores electricistas despedidos, en vez de aprobar la propuesta de reforma.
El costo de la reforma laboral no sólo se sentirá en México, sino también en los Estados Unidos. El objetivo de aumentar la flexibilidad es estimular la inversión, incluyendo las inversiones de corporaciones estadounidenses como la Ford, Walmart, Kimberly Clark y otras, que ya de por sí juegan un papel central en la economía mexicana. Sin embargo, más inversiones de Estados Unidos en México, implicarían un mayor traslado de empleos al sur. Según el Instituto de Política Económica de Estados Unidos, el movimiento de la producción facilitado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya les ha costado por lo menos 800,000 empleos en Estados Unidos.
Una profundización en la subcontratación hacia México, propiciado por la reducción de los salarios, el trabajo subcontratado y la disminución de los derechos de los trabajadores, creará un mayor desempleo, y un mayor desplazamiento de los trabajadores al norte de la frontera. Sin embargo, los salarios bajos y la precarización cada vez mayor del trabajo en México también van a propiciar un desplazamiento en México. Los trabajadores que no puedan vivir con 7.50 pesos por hora de trabajo, o que no puedan encontrar empleo permanente en un nuevo mundo de subcontratistas, no tendrán otra alternativa que migrar al otro lado de la frontera.
Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el movimiento progresista en el interior del propio SNTE, la cuestionó. Francisco Bravo Herrera, dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, declaró al diario mexicano La Jornada que apoyar la reforma era un acto criminal -"el mayor golpe contra los trabajadores en los últimos cien años".
Una vez retirada esta cláusula, los diputados del PRI que ocupan cargos de dirección sindical votaron a favor de la reforma laboral. "Los supuestos representantes de los trabajadores en la Cámara de Diputados que aprobaron esta ley, traicionaron sus principios y a sus propios miembros, y a todo el pueblo de México", fustigó Martínez. "Se entregará a los patrones en charola de plata a los trabajadores".
Tanto Martínez como Montes de Oca predicen que la lucha contra la reforma no va a terminar, aunque la apruebe el Senado. Una indicación de la profundidad de la resistencia, fue el paro que realizaron los trabajadores de la gran planta automotriz de Nissan en el estado de Morelos, quienes además bloquearon la principal autopista que va de la Ciudad de México a la costa, exigiendo el rechazo a la reforma laboral. Orozco y otros piensan que la reforma es inconstitucional, y tienen planes de iniciar un juicio en su contra.
El 11 de octubre, una enorme manifestación de sindicatos realizada afuera del Senado unió tanto a sindicatos independientes, como el FAT y el SME, e incluso secciones de sindicatos del PRI, para protestar en contra de las reformas. Al interior del PRI, ya están apareciendo fisuras, y un senador del PRI, Armando Neyra Chávez, quien también encabeza la confederación sindical de la vieja guardia priista, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado de México, llamó al gobierno priista recién electo a restablecer el empleo y la personalidad jurídica a los trabajadores electricistas despedidos, en vez de aprobar la propuesta de reforma.
El costo de la reforma laboral no sólo se sentirá en México, sino también en los Estados Unidos. El objetivo de aumentar la flexibilidad es estimular la inversión, incluyendo las inversiones de corporaciones estadounidenses como la Ford, Walmart, Kimberly Clark y otras, que ya de por sí juegan un papel central en la economía mexicana. Sin embargo, más inversiones de Estados Unidos en México, implicarían un mayor traslado de empleos al sur. Según el Instituto de Política Económica de Estados Unidos, el movimiento de la producción facilitado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya les ha costado por lo menos 800,000 empleos en Estados Unidos.
Una profundización en la subcontratación hacia México, propiciado por la reducción de los salarios, el trabajo subcontratado y la disminución de los derechos de los trabajadores, creará un mayor desempleo, y un mayor desplazamiento de los trabajadores al norte de la frontera. Sin embargo, los salarios bajos y la precarización cada vez mayor del trabajo en México también van a propiciar un desplazamiento en México. Los trabajadores que no puedan vivir con 7.50 pesos por hora de trabajo, o que no puedan encontrar empleo permanente en un nuevo mundo de subcontratistas, no tendrán otra alternativa que migrar al otro lado de la frontera.
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