Desalojan a cooperativistas de la planta de Bustos

PROCESO 

Verónica Espinosa
13 de marzo de 2014
Nacional

Policías en la planta de Bustos, Guanajuato. Foto: Gerardo García

GUANAJUATO, Gto. (apro).- El gobierno del estado dispuso de la fuerza pública para devolver a la minera canadiense Great Panther Silver las instalaciones de la planta de tratamiento de mineral de Bustos, ocupada desde el pasado domingo 9 por cooperativistas de la Minera Santa Fe.
Luego de que el Ministerio Público otorgó una orden de restitución, un contingente de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado (FSPE) irrumpió esta tarde en las instalaciones de la planta. El portón principal fue abierto con un tanque de la corporación, y alrededor 60 personas que permanecían dentro fueron obligadas a salir.
El secretario de Gobierno y el procurador de Justicia, Antonio Salvador García y Carlos Zamarripa, respectivamente, informaron que 15 personas fueron detenidas debido a que en el lugar “se cometieron destrozos y se sustrajeron varios objetos de valor, incluyendo mineral”.
La tarde del domingo 9, los excooperativistas, viudas, ancianos y familiares de mineros ingresaron a la planta, en la zona de la mina de Cata, luego de denunciar la venta “fraudulenta” de las propiedades de la Cooperativa Minera Santa Fe a la compañía canadiense Great Panther Silver.
Según dijeron, la transacción se realizó a través de su filial mexicana El Rosario, mediante una asamblea manipulada por un grupo minoritario de socios, con la complicidad oficial y de notarios.
Ayer por la tarde algunas de las personas que ocupaban el inmueble refirieron a Apro que el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Héctor García Cerrillo, se presentó en la planta y les advirtió que serían desalojados por el Ejército.
Mientras tanto, alrededor de 60 empleados de confianza de la compañía canadiense, encabezados por directivos, protestaron durante dos días consecutivos en calles de la ciudad para exigir el desalojo de los cooperativistas.
Esta tarde lo hicieron en el acceso a la nueva carretera Valenciana-Mineral de la Luz, justo cuando iba a ser inaugurada por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
Alrededor de las 16:30 horas de este jueves inició el despliegue de elementos de las FSPE, con equipo antimotines, patrullas y un tanque. Con grúas retiraron los vehículos que estaban estacionados afuera del portón principal de la planta de Bustos.
Una vez abierto, poco a poco comenzaron a salir las personas que se encontraban dentro, la mayoría mujeres de edad avanzada, algunos ancianos y niños.
“Unas señoras no se quieren salir, pero pues nos empezaron a preguntar todo: nombres, que dónde vivimos, que si no nos vamos nos llevan detenidas, por eso me salí”, dijo una de las mujeres.
“Llegaron con toda la fuerza de la autoridad, no se vale, apenas estábamos dialogando, pero con los antimotines ¡pum!, para adentro”, comentó al salir otro de los cooperativistas.
Dijo que en la cocina encerraron a todas las personas que se encontraban dentro de las instalaciones y les ordenaron tirarse al piso. Les indicaron que si no abandonaban la planta serían detenidos.
“Ellos hacen más por el extranjero que por el de su tierra, por los que estamos aquí. Nos trataron como delincuentes, nos pidieron nuestras credenciales. No dejaron hacer llamadas, que si alguien hablaba le quitaban el teléfono…a una muchacha le dieron un golpe en su mejilla y en el brazo, la empujaron porque entraron con toda la fuerza”, detalló el anciano.
Minutos después de haber iniciado el desalojo llegaron al lugar el secretario de Gobierno y el procurador de Justicia.
“Es una muestra del estado de derecho que vivimos aquí en Guanajuato”, lanzó el secretario Antonio Salvador García, luego de justificar que se aplicó la ley para salvaguardar las inversiones extranjeras y nacionales que hay en la entidad.
De acuerdo con el funcionario estatal, se actuó con una orden de restitución derivada de una denuncia presentada por la empresa, que acusó a los ocupantes de despojo.
Por su parte, el procurador Carlos Zamarripa precisó que alrededor de 15 personas fueron detenidas debido a que, subrayó, en la diligencia “se están percatando de que hubo destrozos, vandalismo, muchos objetos de valor fueron sustraídos, por eso la detención de algunas personas”.
Señaló que las computadoras que se encontraban en el inmueble fueron destruidas y los monitores sustraídos, además de que desaparecieron uniformes y botas, pero también parte del mineral que ahí se encontraba.
Zamarripa rechazó tener conocimiento de algún amparo, aunque por la mañana los cooperativistas informaron que desde el lunes lo habían solicitado ante el Juzgado II de Distrito.
El procurador mencionó que ante la denuncia que “hace varios días” presentaron los representantes de la empresa canadiense, “se corroboró su veracidad y se hizo el acta del Ministerio Público para el acuerdo de restitución”.

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