Corrige jefe de la policía a operador de Mancera: no habrá sanciones por uso de Zócalo
4 de septiembre de 2014
La Capital
Las camionetas de la clase política y empresarial en el Zócalo capitalino. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- El Gobierno del Distrito Federal metió
reversa en su decisión de aplicar multas a los más de 250 propietarios
de automóviles que el pasado martes usaron la plancha del Zócalo como
estacionamiento.
Ayer el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, excusó a la administración de Miguel Ángel Mancera al decir que el GDF “desconocía” que el Estado Mayor Presidencial daría ese uso a la principal plaza cívica del país.
Luego, le pasó la bolita al titular de la Secretaría, Jesús Rodríguez Almeida, quien, dijo, analizaría la aplicación de sanciones a los conductores de esos automóviles.
Este jueves, el jefe de la policía corrigió al operador político del gobierno capitalino:
“Muy respetable su aseveración (de Serrano), y lo vuelvo a reiterar, no hay ningún reglamento que esté por encima de las leyes federales, locales y de la Constitución”.
En declaración a la prensa, el mando policial argumentó que “por jerarquía de leyes”, en este caso el Reglamento de Tránsito Metropolitano no se puede aplicar a los automóviles en los que llegaron la clase política y los invitados especiales de Peña Nieto.
“En el sistema jurídico mexicano, existe la Constitución, las leyes federales y secundarias, la Ley Federal de Seguridad Pública, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y la Ley de Seguridad Pública del DF, y su respectiva ley orgánica que, en este caso, avalan la actuación de los uniformados en la ciudad capital durante los acontecimientos del pasado 2 de septiembre. Por jerarquía de leyes, no es aplicable el Reglamento de Tránsito Metropolitana”, dijo.
Explicó que “lo fundamental en el Estado de Derecho, es la cooperación y coordinación entre gobiernos, fincadas en el respeto a la norma jurídica, por lo que ningún reglamento está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Luego, el titular de la SSP-DF reiteró que por solicitud del gobierno federal le cedió la operación, seguridad y logística de la Plaza de la Constitución.
El martes pasado, agregó, la función de la policía capitalina fue de “ser auxiliar en una zona perimetral para evitar desorden público y para generar la condiciones para que el gobierno federal pudiera efectuar el evento bajo su logística, seguridad y operatividad”.
Rodríguez Almeida recordó que ese día –cuando las críticas de los ciudadanos y las imágenes del Zócalo como estacionamiento ya inundaban las redes sociales– el gobierno federal se pronunció al respecto.
El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, reconoció en su cuenta de Twitter que fue una “decisión equivocada”, asumió la responsabilidad y dijo que tomaría “medidas al respecto”. Sin embargo, hasta el momento, no ha informado nada sobre el tema.
ALDF pide explicación a Presidencia
Dos días después de la polémica, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emitió un extrañamiento a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación por dejar que cientos de automóviles usaran la plancha del Zócalo capitalino como estacionamiento el pasado 2 de septiembre.
Durante la Diputación Permanente, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, –apoyado por algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano— presentó el punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal los nombres y cargos de los funcionarios que permitieron dicha situación.
En el documento avalado, los diputados locales exigieron sancionarlos “de manera ejemplar” pues, a su consideración, se violó la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
Los diputados locales también pidieron al Gobierno Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina entregarles los videos que captaron las cámaras de seguridad de la zona.
Fuente
Ayer el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, excusó a la administración de Miguel Ángel Mancera al decir que el GDF “desconocía” que el Estado Mayor Presidencial daría ese uso a la principal plaza cívica del país.
Luego, le pasó la bolita al titular de la Secretaría, Jesús Rodríguez Almeida, quien, dijo, analizaría la aplicación de sanciones a los conductores de esos automóviles.
Este jueves, el jefe de la policía corrigió al operador político del gobierno capitalino:
“Muy respetable su aseveración (de Serrano), y lo vuelvo a reiterar, no hay ningún reglamento que esté por encima de las leyes federales, locales y de la Constitución”.
En declaración a la prensa, el mando policial argumentó que “por jerarquía de leyes”, en este caso el Reglamento de Tránsito Metropolitano no se puede aplicar a los automóviles en los que llegaron la clase política y los invitados especiales de Peña Nieto.
“En el sistema jurídico mexicano, existe la Constitución, las leyes federales y secundarias, la Ley Federal de Seguridad Pública, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y la Ley de Seguridad Pública del DF, y su respectiva ley orgánica que, en este caso, avalan la actuación de los uniformados en la ciudad capital durante los acontecimientos del pasado 2 de septiembre. Por jerarquía de leyes, no es aplicable el Reglamento de Tránsito Metropolitana”, dijo.
Explicó que “lo fundamental en el Estado de Derecho, es la cooperación y coordinación entre gobiernos, fincadas en el respeto a la norma jurídica, por lo que ningún reglamento está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Luego, el titular de la SSP-DF reiteró que por solicitud del gobierno federal le cedió la operación, seguridad y logística de la Plaza de la Constitución.
El martes pasado, agregó, la función de la policía capitalina fue de “ser auxiliar en una zona perimetral para evitar desorden público y para generar la condiciones para que el gobierno federal pudiera efectuar el evento bajo su logística, seguridad y operatividad”.
Rodríguez Almeida recordó que ese día –cuando las críticas de los ciudadanos y las imágenes del Zócalo como estacionamiento ya inundaban las redes sociales– el gobierno federal se pronunció al respecto.
El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, reconoció en su cuenta de Twitter que fue una “decisión equivocada”, asumió la responsabilidad y dijo que tomaría “medidas al respecto”. Sin embargo, hasta el momento, no ha informado nada sobre el tema.
ALDF pide explicación a Presidencia
Dos días después de la polémica, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emitió un extrañamiento a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación por dejar que cientos de automóviles usaran la plancha del Zócalo capitalino como estacionamiento el pasado 2 de septiembre.
Durante la Diputación Permanente, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, –apoyado por algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano— presentó el punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal los nombres y cargos de los funcionarios que permitieron dicha situación.
En el documento avalado, los diputados locales exigieron sancionarlos “de manera ejemplar” pues, a su consideración, se violó la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
Los diputados locales también pidieron al Gobierno Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina entregarles los videos que captaron las cámaras de seguridad de la zona.
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