Las leyes de la contrarreforma: nacionalistas contra neoliberales
31. agosto, 2014
Autor: Martin Esparza
Segunda y última parte / Primera Parte
La pérdida de soberanía a consecuencia de
la reforma energética ha colocado en el centro del debate a dos
proyectos de nación diametralmente opuestos: por un lado, se encuentran
los que buscan justificar la entrega de nuestros recursos naturales como
los hidrocarburos, el agua, el aire y la minería a los intereses
extranjeros aliados con el capital doméstico; y, por el otro, los que
invocan su defensa para utilizarlos como motor del desarrollo integral
de nuestra economía en beneficio del pueblo, tal y como lo plantearon en
su momento presidentes nacionalistas de la talla de Lázaro Cárdenas y
Adolfo López Mateos, artífices de la Expropiación Petrolera y la
nacionalización de la industria eléctrica.
Con
la reforma energética que impuso el Ejecutivo a un Poder Legislativo
inconsciente y sumiso, y que seguramente avalará el Poder Judicial,
cambia el proyecto de país para las actuales y futuras generaciones.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
dejan de ser empresas paraestatales, propiedad de todos los mexicanos,
para convertirse en empresas productivas del Estado y quedar en manos de
la clase política en turno, que sigue negándose a retomar nuestra
memoria, donde se ha registrado, como inalterable axioma, que las
multinacionales jamás traerán beneficios a la población.
Las leyes secundarias de la reforma
energética, aprobadas en el Congreso de la Unión, explican en su
fundamento teórico, y por sí solas, las razones antinacionalistas del
porqué, tanto panistas como priístas, y sus partidos comparsas, han sido
y serán incapaces de sostener un debate de cara a la nación para
explicar, palmo a palmo, a los mexicanos sobre la innegable entrega que
se tiene proyectada hacer del patrimonio y la infraestructura petrolera y
eléctrica que le costó a la nación levantar en décadas de trabajo, así
como la repartición del territorio nacional para ser explotado al gusto y
los intereses de las empresas trasnacionales, poniendo en duda los
supuestos beneficios a los ingresos fiscales y la reducción a los
precios de la electricidad y los combustibles en bien de la población.
A confesión de parte, no son necesarias
más pruebas sobre el verdadero origen de las reformas en materia
energética, dictadas al pie de la letra por organismos internacionales
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Veamos parte del diagnóstico elaborado por la OCDE sobre el que
se basó la propuesta del Ejecutivo, que en su exposición de motivos
expuso:
“La reconceptualización del papel del
gobierno federal en las empresas productivas del Estado implica que
aquél deje de ser su ‘administrador principal’ y se asuma como
propietario. Esta distinción no es menor. Las mejores prácticas
internacionales incluyendo los Principios de Gobierno Corporativo de la
OCDE y las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las
Empresas Públicas, recomienda que las funciones de propietario estén
claramente definidas y delimitadas, de manera que el gobierno, como
dueño, no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta
tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas
empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales.
“La distinción de las funciones de
propietario es una práctica comúnmente aceptada en los marcos
regulatorios de empresas del sector privado (por ejemplo, en la Ley del
Mercado de Valores) por lo que si se busca acercar a las empresas
estatales mexicanas a un marco de regulación y actuación más próximos al
sector privado, deben tomarse las mejores experiencias y prácticas que
coadyuven a tal propósito.
“El que se retire el gobierno federal de
la administración de las empresas, no implica en modo alguno que éste
no pueda designar a algunos funcionarios dentro de los consejos de
administración” (sic).
El aniquilamiento de las funciones
pública y social del Estado en el sector energético, como se aprecia con
lo anteriormente expuesto, no fue siquiera resultado de una propuesta
emanada del actual gabinete o de acuerdos políticos entre los diversos
partidos, sino impuesta desde el exterior por los analistas de
organismos internacionales en función no de los intereses nacionales y
de las mayorías sino de las grandes multinacionales. ¿Actuar al margen
de los intereses nacionales no es acaso una traición a la patria?
Concitemos algo de lo expuesto por el expresidente Adolfo López Mateos en su Sexto Informe de Gobierno
del 1 de septiembre de 1964, para demostrar el abismo que existe entre
la visión nacionalista de país y la neoliberal. Dijo entonces el
ejemplar mandatario:
“El carácter de mi gobierno queda
definido en el espíritu de las leyes expedidas en el periodo. La acción
legislativa ha sido intensa e invariablemente inspirada en el interés
nacional por los principios de la justicia social.
“Promovimos la reforma de los artículos
27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de la Constitución [Política de los
Estados Unidos Mexicanos], para proveer a la nacionalización de los
recursos eléctricos; a la declaración del dominio de la nación sobre la
plataforma continental, los zócalos submarinos y el espacio aéreo; a
establecer con la suplencia de la deficiencia de la queja en materia
agraria, mayores garantías a ejidos y núcleos de población en los
juicios de amparo; a la designación de diputados de partido con la misma
categoría e iguales derechos y obligaciones que los de elección
directa; a hacer efectiva la participación de los trabajadores en las
utilidades de la empresas; a dar nuevas bases a la fijación de salarios
mínimos; a incorporar constitucionalmente los derechos de los
trabajadores al servicio del Estado y a robustecer otras diversas
garantías del derecho obrero.
“Entre las leyes promulgadas cabe
recordar la reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia de
aprovechamiento de recursos minerales; la que adiciona el artículo 58
del Código Agrario y deroga la Federal de Colonización y la que creó la
Comisión Nacional de Colonización; la reglamentaria del párrafo segundo
del Artículo 131 constitucional en materia de control sobre comercio
internacional con relación a los recursos económicos del país; la que
incorpora al Régimen del Seguro Social Obligatorio a los productores de
caña de azúcar y a sus trabajadores; la Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado y la que crea el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los propios trabajadores; la de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas” (sic).
Como se aprecia, le memoria histórica no
miente, sobre todo porque gobiernos nacionalistas como el de López
Mateos acrisolaron en nuestra economía y el bienestar de la población
los resultados del “milagro estabilizador”, que permitió al país tener
un crecimiento sostenido del 6 por ciento del producto interno bruto;
ahora, con los modelos neoliberales no hemos llegado siquiera a la
mitad. Es inobjetable que las leyes emitidas antaño realmente buscaban
un beneficio a la población; por eso, los hoy ofertadores del país rehúyen debatir al respecto.
Al fundar Pemex y la CFE y nacionalizar
la industria eléctrica, tanto Cárdenas como López Mateos tuvieron
presente la soberanía de la nación sobre sus recursos energéticos y la
visión de utilizarlos como palanca del desarrollo de la economía y
en beneficio de su población. Ahora, con el anuncio de la liberación
del precio de la gasolina, el gas doméstico y la electricidad, según las
reglas del mercado entre la oferta y la demanda, las tarifas jamás
tenderán a bajar, pues habrá que agregar las ganancias que buscarán
obtener al máximo las empresas privadas que controlarán dicho mercado.
Es impostergable, por ello, ampliar el
debate nacional para preparar un proceso de resistencia civil y
pacífica, que tienda a recuperar los recursos energéticos para el
desarrollo de nuestra economía y en beneficio del pueblo. Los dos
proyectos están claramente definidos y los mexicanos tenemos el derecho a
decir cuál es el mejor para asegurar el porvenir de las futuras
generaciones.
Martín Esparza Flores*/Segunda y última parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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