Comienza despojo de ejidos por reforma energética; en Ixhuatlán del Sureste expropiarán 900 hectáreas
Los ejidos de miles de campesinos podrían estar
en riesgo de expropiación para poder extraer gas shale o petróleo con
la reforma energética. El grupo de Juan de la Barrera, en Ixhuatlán del
Sureste, es uno de los que ya se encuentra realizando acciones, pues
pretenden desalojarlos de las 900 hectáreas que han habitado durante más
de 25 años para llevar a cabo un proyecto de Etileno XXI, informó Max
Agustín Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista
(CCC).
“Se vendrán una serie de destrozos que podrían representar estos proyectos de carácter energético (…) por ejemplo en este poblado hay escuelas, viviendas y toda una vida en común y los quieren desalojar para llevar a cabo el proyecto”.
Correa afirmó que se ha detectado acciones de coyotaje en Ixhuatlán de Madero, en la región de las Choapas, en Ixhuatlán del Sureste, donde se está dando este proceso de despojo, para poner en subasta las tierras y después explotarlas.
“Se está ubicando corredores y despachos que están buscando ir a los ejidos como coyotaje (…) se debe legislar para derecho de la consulta antes de llevar a cabo estos proyectos”, comentó. Afirmó que han dialogado con la secretaría de hidrocarburos representante de CDI para lograr hacer un procesos de diálogo entre ambas partes.
Añadió que se busca lograr un sistema de salvaguardas ambientales y sociales en caso de para realizar las inversiones se hagan destrozos en las tierras de los campesinos. Indicó que con el procurador agrario se instaló ya una escuela que funciona para capacitar a cuadros de las organizaciones en todo lo que significan los derechos de los núcleos agrarios derivados de la ley de hidrocarburos y la reforma energética.
“Hay mucho desconocimiento y lo que no hay es una ley para la consulta y el consentimiento libre previo y formado, que es un derecho suscrito derivado del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que todos los pueblos indígenas tiene derecho para antes de que se lleve a cabo un megaproyecto de esta naturaleza se haga una consulta”, aseguró Correa.
Recalcó que la Central Campesina Cardenista buscará evitar que se les quiten las tierras sin analizar el costo beneficio ambiental, social y económico de esta situación.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ
“Se vendrán una serie de destrozos que podrían representar estos proyectos de carácter energético (…) por ejemplo en este poblado hay escuelas, viviendas y toda una vida en común y los quieren desalojar para llevar a cabo el proyecto”.
Correa afirmó que se ha detectado acciones de coyotaje en Ixhuatlán de Madero, en la región de las Choapas, en Ixhuatlán del Sureste, donde se está dando este proceso de despojo, para poner en subasta las tierras y después explotarlas.
“Se está ubicando corredores y despachos que están buscando ir a los ejidos como coyotaje (…) se debe legislar para derecho de la consulta antes de llevar a cabo estos proyectos”, comentó. Afirmó que han dialogado con la secretaría de hidrocarburos representante de CDI para lograr hacer un procesos de diálogo entre ambas partes.
Añadió que se busca lograr un sistema de salvaguardas ambientales y sociales en caso de para realizar las inversiones se hagan destrozos en las tierras de los campesinos. Indicó que con el procurador agrario se instaló ya una escuela que funciona para capacitar a cuadros de las organizaciones en todo lo que significan los derechos de los núcleos agrarios derivados de la ley de hidrocarburos y la reforma energética.
“Hay mucho desconocimiento y lo que no hay es una ley para la consulta y el consentimiento libre previo y formado, que es un derecho suscrito derivado del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que todos los pueblos indígenas tiene derecho para antes de que se lleve a cabo un megaproyecto de esta naturaleza se haga una consulta”, aseguró Correa.
Recalcó que la Central Campesina Cardenista buscará evitar que se les quiten las tierras sin analizar el costo beneficio ambiental, social y económico de esta situación.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ
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