El gobierno de Calderón acordó con el de Obama el tráfico ilegal de armas
21 de marzo de 2015
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Amnistía Internacional exige a EU detener el tráfico de armas a México. Foto: AP / Alexandre Meneghini |
Los operativos de Washington para introducir armas a
México, con el propósito de desmantelar a las organizaciones encargadas
de traficarlas, eran del conocimiento y tenían la colaboración de la
administración calderonista. No obstante, los fusiles siempre acababan
en manos de la delincuencia organizada mexicana, sin afectar sus redes
de trasiego. Una investigación en Estados Unidos apunta a la complicidad
de varios altos funcionarios del sexenio pasado en esa actividad
ilícita –dos de ellos ahora son ministros de la Corte: Eduardo Medina
Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena–, de modo que no es posible creer
que Felipe Calderón desconociera los hechos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás de sus críticas a Estados Unidos por la liberación de la venta de armas largas, el gobierno de Felipe Calderón concertó con la administración de Barack Obama la introducción ilegal de aquéllas a México, destinadas a la delincuencia organizada. El gabinete de seguridad nacional estuvo enterado y hasta participó en operaciones clandestinas diseñadas en aquel país para la introducción de los cargamentos, en el marco de la “guerra al narcotráfico” del entonces presidente.
Conforme avanzan en el Congreso estadunidense las investigaciones del operativo Rápido y Furioso se acumulan las pruebas contra personajes del gobierno de Calderón. El más señalado ha sido el flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, procurador general de la República el sexenio anterior.
Pero no es el único exfuncionario del sexenio pasado implicado. En la investigación especial del Congreso estadunidense también se alude a su ahora colega, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, antes titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los otros implicados son los extitulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de la de Seguridad Pública (SSP), de la de Relaciones Exteriores (SRE) así como el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hasta personal de la Oficina de la Presidencia de la República.
La organización no gubernamental [Des]arma México, integrada por académicos y abogados, ha recuperado de esa investigación los documentos que implican a México. A partir de ellos, el pasado 23 de septiembre presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague a las autoridades mexicanas que supieron y “posiblemente participaron” en distintos operativos del gobierno estadunidense.
“Queremos que el Ministerio Público Federal investigue y dé los nombres de los funcionarios de primer nivel y operativos que integraron una red de relaciones con las diferentes agencias estadunidenses encargadas de los programas de seguridad bilateral”, dice en entrevista el denunciante y uno de los fundadores de [Des]arma México, Gonzalo Aguilar Zinser.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)
Fuente
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás de sus críticas a Estados Unidos por la liberación de la venta de armas largas, el gobierno de Felipe Calderón concertó con la administración de Barack Obama la introducción ilegal de aquéllas a México, destinadas a la delincuencia organizada. El gabinete de seguridad nacional estuvo enterado y hasta participó en operaciones clandestinas diseñadas en aquel país para la introducción de los cargamentos, en el marco de la “guerra al narcotráfico” del entonces presidente.
Conforme avanzan en el Congreso estadunidense las investigaciones del operativo Rápido y Furioso se acumulan las pruebas contra personajes del gobierno de Calderón. El más señalado ha sido el flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, procurador general de la República el sexenio anterior.
Pero no es el único exfuncionario del sexenio pasado implicado. En la investigación especial del Congreso estadunidense también se alude a su ahora colega, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, antes titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los otros implicados son los extitulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de la de Seguridad Pública (SSP), de la de Relaciones Exteriores (SRE) así como el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hasta personal de la Oficina de la Presidencia de la República.
La organización no gubernamental [Des]arma México, integrada por académicos y abogados, ha recuperado de esa investigación los documentos que implican a México. A partir de ellos, el pasado 23 de septiembre presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague a las autoridades mexicanas que supieron y “posiblemente participaron” en distintos operativos del gobierno estadunidense.
“Queremos que el Ministerio Público Federal investigue y dé los nombres de los funcionarios de primer nivel y operativos que integraron una red de relaciones con las diferentes agencias estadunidenses encargadas de los programas de seguridad bilateral”, dice en entrevista el denunciante y uno de los fundadores de [Des]arma México, Gonzalo Aguilar Zinser.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)
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