Clamor nacional, otra Carta Magna
México en pos de una nueva Constitución/IV y última
Martín Esparza Flores
A casi un siglo de su promulgación,
nuestra fracturada Carta Magna ha permitido a los gobiernos neoliberales
blindarse con una coraza de impunidad que les confiere el poder para
desoír lo mismo el clamor de justicia del pueblo de México como las
observaciones de los organismos internacionales, en la violación
sistemática a los derechos humanos.
Luego de más de 530 modificaciones a su
articulado original, nuestra Constitución Política ha terminado por
anteponer los intereses de las grandes empresas, nacionales y
extranjeras, a los derechos de decenas de miles de ciudadanos,
trabajadores y pueblos indígenas que reclaman un nuevo orden jurídico
donde se recobre la esencia misma del derecho público, hoy pulverizado
por el avasallante derecho corporativo al que vienen sirviendo los
gobiernos en turno.
La también aniquilada división de
poderes, que derivó en una incondicional postración del Legislativo y
Judicial al Ejecutivo, permitió en las últimas tres décadas un uso y
abuso del artículo 135 constitucional que faculta al Congreso de la
Unión a adicionar o reformar el contenido de nuestra Ley Fundamental, a
la par de sus apéndices en las legislaturas locales. Diputados y
senadores han aprobado e impulsado leyes secundarias que terminaron por
inundar los códigos de disposiciones contrarias al contenido original de
la Constitución de 1917, sobre todo en materia social.
Los distractores políticos como las
consultas e iniciativas populares han demostrado su inoperancia en el
terreno de los hechos pues a pesar de que en algunos casos se ha
cumplido, y hasta rebasado, con el millón 300 mil firmas que se
establecen como requisito para obligar al Congreso a atender los
requerimientos ciudadanos, e incluso contemplar enmiendas
constitucionales, la exigencia popular se ha enfrentado al impenetrable
muro levantado en la Corte por sus ministros, quienes han pisoteado el
fundamento del artículo 39 de la Constitución donde se establece que la
soberanía nacional reside originalmente en el pueblo así como todo poder
público que dimana de éste.
Hoy que diversas organizaciones sociales
—como el Sindicato Mexicano de Electricistas—, intelectuales, juristas y
académicos hemos dado los primeros pasos para instaurar una Asamblea
Constituyente Ciudadana-Popular que refunde nuestra Carta Magna, debe
resaltarse que los principios esenciales de la Constitución de 1917,
como las garantías individuales, el principio de la soberanía popular,
el verdadero federalismo y la división de poderes, así como el derecho
de millones de mexicanos a la tierra y a un trabajo justo y bien
remunerado, no pueden ser materia de reformas, cambios o negociaciones
de las cúpulas partidistas, ni de imprudentes decisiones de minorías
parlamentarias.
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