EL GASOLINAZO SÓLO FAVORECE A ÉLITES PETROLERAS
Juan Vásquez Ramírez,
Analista Independiente,
Participación como invitado en el Programa del sábado 07 de enero del 2017
El 01 de enero del 2017 fue convocada la sociedad
por diversas organizaciones sociales, para manifestarse en contra de la
decisión del gobierno federal de incrementar en 20% los precios de la
gasolina en México. Como respuesta del gobierno federal a las marchas,
plantones y bloqueos de autopistas que se registraron el 02 de enero del
2017 en 18 estados de la República, se desató desde ese día y hasta el
04 de enero una ola de vandidaje y saqueos con personas que fueron
covocadas por el Partido Revolucionario Instituticional a saquear
tiendas de autoservicio, generando terror en diversos poblados del
Estado de México, Puebla, Michoacán y colonias de la ciudad de México.
En los medios de comunicación masivos, en un intento por frenar las protestas, ante la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto, de que no cambiará su decisión de elevar los precios del combustible. Pero las movilizaciones de rechazo siguen, pese a la política de terror. El investigador y analista Luis Vázquez Ramírez nos presento en el programa del sábado 07 de enero del 2017 la repercusión negativa que tendrán en la economía popular los gasolinazos y también nos envió su colaboración por escrito, misma que a continuación publicamos textualmente. |
La
conmoción nacional que está provocando el aumento en el precio de la
gasolina, nos indica que es una medida poco prudente. Al adoptarla, el
presidente Enrique Peña Nieto no tomó en cuenta la estructura salarial
del país, eludió también la incertidumbre económica por el alza de las
tasas de interés internas y externas, la devaluación del peso y las
negociaciones inmediatas que habrán de tener lugar con la administración
del Presidente estadunidense Donald Trump; así como las escandalosas
noticias de corrupción, que han evidenciado el impune despilfarro del
presupuesto público.
Por ello, esa disposición gubernamental ha sido recibida como una verdadera afrenta.
La terquedad gubernamental por sostener esa
medida revela las razones auténticas de la misma: favorecer e impulsar
los intereses económicos de una fracción minoritaria de empresarios
nacionales y extranjeros; echar un velo a la deplorable administración y
uso de los recursos petroleros del país que han hecho los dos últimos
gobiernos federales.
GASOLINAZO
Brevemente, el “gasolinazo” consiste en un
elevado incremento del precio máximo por litro de las gasolinas y el
diesel en todo el país, del orden de 14.4 por ciento (2 pesos más por
litro), 20.1 por ciento (2.98 pesos más por litro) y 16.5 por ciento
(2.42 pesos por litro), en el precio de la magna, premium y el diesel,
respectivamente. Estos precios máximos estarán vigentes hasta el 3 de
febrero del 2017, y se modificarán dos veces más, el cuatro y el once de
febrero; a partir del dieciocho de ese mes podrán variar de manera
diaria. Para instrumentar el incremento de esos precios, el territorio
nacional fue dividido en 90 regiones, 7 en la frontera norte y 83 en el
interior. Los precios en las regiones de la frontera norte tendrán
cierto apoyo, por su cercanía al mercado estadunidense. El impacto mayor
del incremento de precios se reciente más en las 83 regiones del
interior, que incluye 1,450 localidades.
Los precios máximos de esos combustibles
rebasaron el incremento promedio en 771 de estas localidades para el
caso de la gasolina magna; en 785 localidades el precio de la Premium se
elevó también por arriba del promedio; y en el caso del diesel en 745
localidades su precio por litro superó el aumento promedio. Dentro de un
mismo estado el precio máximo de estos combustibles varía y puede estar
por abajo o por encima del precio máximo promedio.
En ocho delegaciones de la Ciudad de México,
el nuevo precio máximo de la gasolina magna representa un incremento de
16.80 por ciento, de la Premium 22.9 por ciento y el del diesel de 16.67
por ciento.
Con esos incrementos, recargar ahora en esta
ciudad un tanque con 50 litros de gasolina magna representa un gasto
adicional de 117.5 pesos; de gasolina Premium, 169.5 pesos más (de 741 a
910); y con 100 litros de diesel, 244 pesos más (1,463 a 1,707 pesos).
Por la regionalización que se hizo, en 365 ciudades el impacto es mayor.
El Presidente Peña Nieto ha pedido que se
acepte su decisión porque, dice, la tomó para preservar la estabilidad
macroeconómica del país, al no seguir subsidiando el precio de la
gasolina, que consumen principalmente las personas de mayor ingreso. Es
difícil armonizar esa declaración con la realidad. Para este año, el
salario mínimo nacional aumentó 9.6 por ciento (7 pesos al día), para
ubicarse en 80.04 pesos diarios, 2,533 pesos al mes.
La mayoría de las personas que ganan de uno a
tres salarios mínimos al mes (7,300 pesos), que constituyen la mayoría
de la población económicamente activa (PEA), seguramente no tienen
automóvil propio y por ello no gastan su ingreso en la compra de
gasolina, pero lo hacen indirectamente porque son usuarios intensivos
del servicio de transporte terrestre, cuyas tarifas necesariamente
subirán; el costo del transporte de mercancías también se encarece y por
ello sus precios subirán también. En suma, el elevado precio de la
gasolina impacta directamente el bolsillo de esas familias, en
proporción mayor respecto a sus ingresos en comparación con la población
de ingresos mayores a 30 o más salarios mínimos (72,996 pesos al mes,
en adelante), una verdadera minoría de la PEA (quizá alrededor del 5 por
ciento de ésta).
El incremento de
precios de varios productos por efecto de la devaluación del peso y de
la dependencia de nuestra economía de importaciones principalmente de
los Estados Unidos, así como el alza de las tasas de interés internas,
hipotecarias y de consumo principalmente, se suman también a ensombrecer
el panorama de millones de familias, y en general de la economía
nacional.
Por otra parte, el gobierno federal no está
abocado a aprovechar para beneficio nacional la riqueza petrolera del
país. No pretende refinar más petróleo crudo, sino pavimentar el camino a
la libre importación de gasolinas a partir de este año. Desde abril del
año pasado la Secretaría de Energía otorgó permisos a 11 empresas
privadas para la importación de gasolinas y a 21 para diesel, sin la
participación de PEMEX. Esa importación no ocurrió, por carencia de
infraestructura de transporte y de almacenamiento, así como por una
recuperación de precios en la Costa del Golfo de los Estados Unidos
(Texas, Lousiana, Mississippi y Alabama).
Por eso la necesidad de incrementar los
precios de las gasolinas y diesel en México, para hacer atractivas esas
importaciones a las empresas privadas autorizadas, como llegó a
reconocer el propio Secretario de Hacienda, José Antonio Mead (Proceso, 1
de enero de 2017). Y la carencia de infraestructura propia la suplirán
con el arrendamiento gradual, a partir de este año, de la
infraestructura de ductos PEMEX, posibilidad impulsada por el propio
gobierno federal; iniciarán en el norte del país, en Baja California y
Sonora, con un tramo de 472.46 kilómetros de ductos.
Pese
a la enorme cantidad de recursos generados por PEMEX en los últimos
nueve años, el país sólo cuenta con seis refinerías desde hace 37 años,
puestas en operación entre 1914 (Tamaulipas) y 1979 (Cadereyta y Salina
Cruz). Tienen una capacidad nominal de refinación de un millón 615 mil
barriles de crudo por día, pero el uso de esa capacidad instalada ha
venido reduciéndose gradualmente, en 2015 fue del 66%, disminuyendo
principalmente la producción de turbosina y gasolinas respecto a 2014.
Esta situación no se generó de repente, ha
sido producto de la política gubernamental en la administración de
PEMEX. Entre los años 2008 y 2016, sus ventas netas fueron por 12
billones 23 mil 294 millones de pesos, pero sus pérdidas netas sumaron
un billón 770 mil 514 millones de pesos. Y ello principalmente porque
los gobiernos de Felipe Calderón y el actual de EPN le succionaron en
ese periodo 5 billones 912 mil 763 millones de pesos por concepto de
derechos e impuestos, el 49 por ciento de sus ventas. Ninguna empresa de
ningún país puede avanzar con tamaña loza sobre sus espaldas. Aún así,
ello sería aceptable si esos derechos e impuestos se hubieran utilizado
de manera inobjetable en la mejora o fortalecimiento de los servicios
públicos de salud, educación y seguridad en todos los niveles y regiones
del país, antes al contrario lo que se ha visto es una tendencia a su
escasez o deterioro, por un lado; y por otro lado en ese periodo se han
documentado innumerables casos de corrupción, de uso frenético e impune
del presupuesto público por parte de toda la élite de la clase política
gobernante, cuyo último y más preclaro exponente es el ex gobernador
priísta Javier Duarte de Ochoa, quien se fugó cómodamente de la Justicia
Federal.
El país necesita, sí, de muchos cambios, pero
no deben ser a costa de exprimir las fuerzas y recursos de los sectores
mayoritarios de la población. Uno de esos cambios debería ser erradicar
la abismal diferencia salarial entre toda la élite gobernante y la
inmensa mayoría de su población. En este sentido, el Presidente Peña
Nieto anunció que en el primer trimestre del año disminuirá en 10 por
ciento las dietas y salarios de los funcionarios públicos de mando
superior. Es insuficiente. Para 2017, el sueldo mensual neto promedio
aprobado para el Presidente es de 250 mil 248 pesos, y el de los
secretarios de Estado de 233 mil 826 pesos, 103 y 96 veces más que el
salario mínimo mensual, respectivamente
. Aun con una reducción de 10 por ciento,
estos sueldos netos mensuales promedio serían 93 y 87 veces superiores
al salario mínimo. Esa diferencia debería reducirse a 40 o máximo 50
veces, y, a propósito del tema que nos ocupa, a la vez se debería
administrar con mayor rigor el uso de vehículos oficiales y el pago de
la correspondiente gasolina con recursos presupuestales. Pues es sabido
que la alta élite gubernamental tiene un sinnúmero de prestaciones,
entre ellas el pago de la gasolina de los vehículos oficiales. Se
explica entonces uno con cierta claridad el por qué el Presidente y
secretarios de Estado están convocando a aceptar esta medida con
serenidad, para ellos no representa ningún gasto personal, pues la
gasolina de los vehículos que les son asignados se paga con recursos
públicos.
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