Plantea acuerdo económico de Peña un decreto para repatriar inversiones

Peña, Candiani, Meade y Guajardo en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores
Peña, Candiani, Meade y Guajardo en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre las acciones del acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, anunciado el lunes por la Presidencia, se incluye un decreto para la repatriación de capitales desde el extranjero.
Según un anexo del documento, publicado en la página web de Presidencia, se extenderá un decreto entre los sectores productivos para promover el regreso al país de inversiones mexicanas en el exterior.
Además se prevén recursos adicionales para la construcción de obras y proyectos de infraestructura, así como la reasignación de 18 mil millones de pesos de capital para la banca de desarrollo.
Con ello se pretende potenciar créditos en sectores estratégicos como el energético, de infraestructura y telecomunicaciones.
También detonar inversiones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas para la construcción de hospitales, carreteras y escuelas.
Según el anexo, se acelerará el desarrollo económico en las zonas económicas especiales para impulsar 81 proyectos de infraestructura, con inversiones en los próximos 10 años.
Se plantea además ofrecer nuevos estímulos fiscales este año en beneficio de pequeñas y medianas empresas. Lo mismo aplicará en investigación y desarrollo de la tecnología.
Y a fin de preservar la estabilidad económica se prevé menor dependencia fiscal de los ingresos petroleros.
Reducción de 10% a salarios de altos mandos
El acuerdo prevé reducir en un 10% la partida de sueldo y salarios de mandos superiores del gobierno de la República y mediante la implementación de diversas acciones, con base en la responsabilidad del paquete económico para el ejercicio fiscal 2017, conseguir un superávit primario “por primera vez en ocho años”.
El acuerdo fue firmado el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto con sectores empresariales, productivos y laborales, que fue calificado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad como “improvisado, incompleto e insuficiente”. 

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