FeTERA: La energía, un derecho que construye soberanía
Publicado el 14 Septiembre 2017
Por Felipe Gutiérrez Ríos
El surgimiento y desarrollo de la FeTERA está lleno de simbolismos clasistas que la constituyen. En su declaración de principios establece que la clase obrera es un elemento básico de la generación del capitalismo y que el movimiento obrero es una “necesidad ineludible” para transformar este sistema. Por esto, promueve instancias como la solidaridad y la creación de una fuerza propia para construir “un país que merezca ser vivido por todos”. ¿Cómo se construye ese país?, es la respuesta que buscamos desde la perspectiva de los y las trabajadoras de la energía.
La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), que agrupa a espacios de base de distintas ramas del sector, es probablemente la organización más dinámica en la demanda por el derecho a la energía en el país.
Maduró su debate político en el contexto de la pérdida de ese derecho, durante la cruda década neoliberal con Carlos Menem en la presidencia del país. Desde entonces, año tras año, forma parte de la discusión pública en torno a los precios y el control de la energía, desarrollando propuestas como la tarifa social. Por eso su demanda se transformó en bandera: hoy levantan, en el país y la región, la discusión por una soberanía energética que parta desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Aquí su historia y sus debates, en la voz de dos de sus principales referentes, José Rigane, secretario general, y Gabriel Martínez, secretario de Organización.
Un nuevo modelo sindical
El nacimiento de la FeTERA está íntimamente ligado al quiebre producido en el sindicalismo durante el primer gobierno de Carlos Menem. En ese marco un sector, principalmente de trabajadoras y trabajadores estatales y de la educación, forman la CTA, que nace en 1991 como Congreso de Trabajadores Argentinos, y se transforma en Central de Trabajadores Argentinos, después. En dicho quiebre hacen explícita la búsqueda de un nuevo modelo sindical, que confronte el apoyo que la Confederación General del Trabajo (CGT) le entregaba, por entonces, a las políticas neoliberales, y que pudiera constituirse como un movimiento político y social.
La cientista política María Silvana Gurrera, que estudió la constitución de la Central, sostiene que la idea de este nuevo modelo sindical se basaba en cuatro prácticas fundamentales: autonomía respecto del Estado, patrones y partidos; democracia sindical expresada a través de la elección directa de las autoridades; apertura a nuevos sectores de la sociedad por fuera de los gremios; y revalorización de la ética gremial en contraposición con el “viejo sindicalismo” (Gurrera 2012: 212).
Recordando ese período Gabriel Martínez señala que “el sindicato único había facilitado el desarrollo de las políticas neoliberales y buena parte de las organizaciones sindicales más grandes se habían asociado a los procesos de privatización y extranjerización”. “Los trabajadores que entendíamos distinto la cosa, comenzamos a organizarnos de una manera independiente de los que estaban claudicando, creando una conceptualidad nueva que viera al sindicalismo como parte integrante de la sociedad y no como una herramienta a utilizar dentro del mundo del trabajo”, subraya.
“Es decir que la clase, ya no los trabajadores en relación de dependencia, la clase, tenía que buscar una articulación con todos los sectores para enfrentar a un enemigo que era mucho más grande que un patrón”. Martínez enfatiza en que en el surgimiento de la CTA se juntan conceptos traídos de la experiencia de la CGT de los Argentinos (1968-1973) con elementos nuevos, propios de la crisis neoliberal.
En el marco de ese proceso, y en el esquema de crecimiento de CTA en nuevos sectores, es que nace la FeTERA, formalmente en noviembre de 1995. Creada por una diversidad de sindicatos como Luz y Fuerza Mar del Plata, Santa Cruz, Zárate y La Pampa; trabajadoras y trabajadores estatales (ATE) de sectores como el carbón (Río Turbio) y nuclear; Gas del Estado de Capital Federal, de la represa de Salto Grande y ex ypefianos (desocupados y desocupadas de YPF).
Las y los trabajadores de la energía como sujetos políticos
Las políticas neoliberales de Menem golpearon con especial fuerza a los y las trabajadoras de la energía cuyas principales empresas fueron desguazadas, divididas y finalmente privatizadas. Este proceso ocurrió en los distintos segmentos del sector, tanto en generación como transmisión y distribución, dejando a miles de personas en la calle. Mientras una porción mayoritaria de estos se transformaron en desocupados, otros puestos de trabajo fueron reconvertidos a la subcontratación, con la consiguiente pérdida de derechos laborales1.
“Nuestro objetivo entonces era nuclear a sectores que salieron a enfrentar la pérdida de patrimonio público y la privatización de las empresas del Estado”, señala Martínez. “Pero también nos dimos la estrategia de representar trabajadores activos, jubilados y desocupados. Esto llevó a organizarnos dentro del ámbito de las organizaciones de trabajadores, con una política diseñada para articular con todos los sectores de la sociedad, reconociendo a nuestros compañeros que habían quedado sin trabajo como parte de la organización sindical, cosa que a algunos aún les cuesta”.
La FeTERA se caracteriza, entonces, por ser una organización de segundo grado que reúne no solo a sindicatos, sino también a otras figuras, como agrupaciones y a la afiliación individual. Además, los orígenes de estos espacios son de diversas ramas del sector. Se busca así la construcción de una nueva figura sindical: las y los trabajadores de la energía. Martínez considera que a través de la Federación lograron crear este nuevo modelo de representación sindical, no sin complejidades, “cuando un trabajador de Luz y Fuerza se integra con otros trabajadores de Luz y Fuerza en usinas o empresas que transmiten alta tensión o distribuidoras, tienen un lenguaje común o un convenio colectivo común que hace que se sientan pares, aunque no se conozcan desde antes”. “Ahora, cuando encontrás en un mismo lugar a trabajadores del gas, de la electricidad, química, carbón, nuclear; no hay pasado común, no hay una historia que los entrelace. Entonces tenés que empezar a crear una nueva historia, la historia de la convivencia en un ámbito de construcción nueva.
Desde ese punto de vista, la FeTERA es un experimento sindical que ha sobrevivido ya veinte y pico de años”, comenta.
Un dato no menor es la baja afiliación de gente del sector petrolero en la Federación. Al respecto, su secretario de Organización, explica que se debe a que esos trabajadores y trabajadoras están empleados prioritariamente en empresas privadas, que ven con temor la lucha contra la privatización que lleva adelante la FeTERA.
La energía entendida como derecho
Hay un proceso en particular liderado por Luz y Fuerza de Mar del Plata que determinó y constituyó el ADN de la lucha de la Federación. Hacia finales de la década de 1990, a los masivos despidos en el sector, en esa ciudad se sumaron los cortes de luz y agua, así como la quita de los medidores, lo que generó una alta conflictividad en algunos barrios, que incluía piquetes y barricadas para impedir los cortes del suministro. Ante esto, los gremios promovieron la creación de multisectoriales que levantan una propuesta de reconexión de los hogares sancionados y la creación de una tarifa social. Después de años de negociación, esta fue aprobada en la provincia de Buenos Aires, estableciendo rebajas de tarifas de un 40% (llegaba hasta un 50% con la quita de impuestos) en las casas con consumo menor a 150 kwh mensuales2.
“Nosotros empezamos a dar este debate cuando comenzamos a sentir la pérdida del derecho a la energía, a finales de los ‘80. En ese ámbito surge el concepto de la tarifa social. Comenzamos a buscar las relaciones institucionales y sociales que llevaran a contar con un cuadro tarifario que incluyera una tarifa especial de carácter social”, sostiene Martínez. Un volante de la época valora así la importancia de la ley. “La Tarifa Social es un avance surgido de la conciencia social de los hombres y mujeres que sufrimos la derrota económico-ideológica de la privatización. Sobre la base de reconocer la energía como un derecho humano es que se comienza a recorrer el camino de construcción de la Tarifa Social.”
“Esa ley se ganó, está vigente y garantizó la energía eléctrica para muchísimos que no podían pagar. Donde el valor subsidiado de la energía no lo paga el Estado, sino que son las mismas empresas que resignan ganancia para garantizar el servicio público. Así, el concepto de que la energía es un derecho, es un bien social, nació en medio de la crisis que va desde el ´99 hasta previo el 2001, a medida que iban creciendo las condiciones sociales para el crack que se dio después”, valora Martínez.
Por su parte José Rigane sostiene que ese proceso fue un hito para entender la desmercantilización de la energía. “La energía resulta insustituible. Se puede sustituir un paquete de fideos, podes comprar un kilo de papas o arroz; pero la electricidad, el agua y el gas no lo podes sustituir, es imprescindible para la vida. Y sin esa energía no hay vida digna y, como se trata de un bien social, de la misma manera tenemos que es un derecho humano. Pero este modelo contempla a la energía como un instrumento para tener ganancia por parte de las empresas multinacionales de la manera más rápida. Tiene como objetivo sustancial tratar la energía como un commodity, como una mercancía, a la que no reconoce como un derecho o bien social”.
Un sistema en crisis
La FeTERA coincide con el diagnóstico común de que el sistema energético está en crisis. Esta es una afirmación que aparece transversalmente a todos los sectores políticos del país, sin embargo cada uno pone el acento en causas distintas.
Por ejemplo, el relato oficial del gobierno kirchnerista establecía que la responsabilidad estuvo en el proceso neoliberalizador de los ‘90, mientras que el macrismo culpa a la pesada herencia kirchnerista. Por su parte Rigane sostiene que “ha fracasado y está en una profunda crisis el modelo energético basado en la privatización y, fundamentalmente en la extranjerización, que responde a los intereses del sistema capitalista”.
¿De dónde proviene esta crisis? Para Martínez, “la pérdida de soberanía energética no se da en 1989, sino que viene de todo el proceso anterior, de decadencia, que termina privatizando, arrebatando la energía de la administración social”. Rigane complementa, “la entrega comenzó con la dictadura militar, pero luego tiene continuidad en la democracia, que es lo peor que nos sucede. Esto termina demostrando que esa democracia es profundamente formal, es profundamente burguesa y que además, al ser una democracia no participativa, no está convocado a la gente a decidir sobre los problemas más importantes y significativos.
Es una demostración de que los argentinos perdimos soberanía y somos incapaces de poder decidir precisamente sobre los temas más importantes”.
El secretario general de la Federación considera que la clave en esta crisis está en la pérdida del control social de la energía. Esto se ve, por ejemplo, en la extrema dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética, lo que no sólo la hace muy contaminante sino también altamente dependiente, debido a la necesidad de importar gas. “Lo cierto y lo lógico es que tenemos que tender hacia una matriz diversificada, pero eso solamente lo puede hacer un pueblo que recupere la soberanía, para después discutir qué es lo que nos conviene desarrollar. Este es un debate que no se termina de entender en la gran urbe capitalina, donde no se ve ni se siente lo que es capaz de provocar el extractivismo y sus consecuencias nefastas para el pueblo argentino. Entonces está muy claro que la diversificación de la matriz energética viene de la mano de recuperar la soberanía popular.
Y si recuperamos la soberanía energética, seguramente los argentinos nos vamos a dar una matriz en la que tengamos una compensación de energías alternativas”, sostiene Rigane.
¿Cómo entiende, entonces, FeTERA la soberanía energética? Martínez responde: “para nosotros está relacionada directamente con la apropiación social de los recursos energéticos y de la capacidad de transformación para su conversión en servicio público. La soberanía tiene que ver con la aparición de un actor colectivo permanente, no asociado a las coyunturas políticas, que tiene que laburar un proyecto de utilización y desarrollo. Y que tiene que garantizar a las generaciones que vienen su disfrute”.
Yendo a la propuesta concreta de FeTERA para pensar una transición a la soberanía energética, Rigane sostiene una agenda de cuatro puntos: “la primera decisión tendría que ser suspender todo tipo de exportación de petróleo: no tenemos petróleo para abastecer el mercado interno, no tenemos por qué exportar. Segundo, declarar servicio público todo lo que es servicio público y que hoy no está declarado: la transmisión, generación y la distribución de energía. Tercero, una intervención del Estado con poder de decisión para la planeación y ejecución de la política energética que tenga como objetivo resolver el problema del acceso de todos los ciudadanos argentinos a la energía. En esa línea, comenzar a planificar algo que no se resuelve de un día para otro, que es el tema de la diversificación
de la matriz energética. Y luego una integración de carácter regional en función de los intereses y la necesidad de los pueblos, no de los gobiernos, y menos aún de los grupos multinacionales. En términos energéticos esto resulta imprescindible”.
Martínez, por su parte, hace hincapié en el control de los servicios públicos. “Nuestra propuesta no es volver al tipo de administración de servicios públicos que teníamos antes de 1989, cuando se pensaba que era del Estado, y por lo tanto lo administraba el gobierno. Ni tampoco a lo que se pensó después, cuando era de los concesionarios, y por lo tanto lo administraban las empresas. No hay un punto donde se piense que el control de la energía es de la sociedad, que va más allá de los gobiernos y de los intereses privados. Ahí el Estado tiene un rol, pero la sociedad tiene que ser garante de que las futuras generaciones no se van a encontrar con Repsol administrando”.
Una vuelta al comienzo
El panorama político es hoy mucho más parecido al de la fundación de la FeTERA. Si la discusión energía como derecho o como mercancía no estuvo saldada durante el kirchnerismo, el gobierno empresarial de Mauricio Macri inclinó toda la balanza en favor de la mercantilización. Su mayor expresión fue el tarifazo: un brutal aumento de los servicios para sostener los altos márgenes de rentabilidad de las compañías del sector, bajo un discurso antisubsidios. Para Martínez lo que se terminó implantando mediáticamente fue un falso debate, “este gobierno te hace discutir entre tarifazo y aumento gradual y nosotros decimos ‘ni una cosa ni la otra’”. “Para nosotros el tarifazo es una consecuencia. La causa es el modelo energético. Y si nosotros no cambiamos la causa, los efectos van a continuar”, agrega Rigane.
Martínez sostiene que esa modificación del modelo tiene que ir en función del aprovechamiento social de la energía. “¿Para qué quiero empezar a exportar energía? No me interesa. Yo quiero la energía para desarrollar puestos de
trabajo, tecnología propia, proyectos de desarrollo, una democracia fuerte y participativa, universidades que desarrollen centros de ciencia y tecnología, etc. Lo que tenemos que hacer es plantearnos qué tipos de desarrollos industriales hacen falta para que mi sociedad viva mejor y qué nuevas formas de participación democrática nos podemos dar en camino hacia estadios superiores, donde el socialismo esté contemplado”.
1. Hernán Palermo (2012) cifra en 35.689 los despidos sólo en YPF. Esto provocó una alta conflictividad social, cuyo punto máximo fueron las puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul que vieron nacer a un/a nuevo/a sujeto/a: las y los piqueteros, que lograron frenar el intento de atomización de las y los desocupados por la vía de los despidos.
2. Más información sobre la historia de la Ley 12698 de la Provincia de Buenos Aires, está desarrollada en el artículo La Historia de la Tarifa Social, disponible en la página de FeTERA.
Artículos consultados
Gurrera, M. S. (2002). Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los Trabajadores Argentinos en los años noventa.
Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Buenos Aires. Palermo, H. M. (2012).
Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF. Grupo Antropología del Trabajo. Buenos Aires.
Por Felipe Gutiérrez Ríos. Observatorio Petróleo Sur.
Publicado en la Revista Fractura Expuesta Nº5: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2017/08/f-expuesta02Adigital.pdf
Fuente
Por Felipe Gutiérrez RíosEl surgimiento y desarrollo de la FeTERA está lleno de simbolismos clasistas que la constituyen. En su declaración de principios establece que la clase obrera es un elemento básico de la generación del capitalismo y que el movimiento obrero es una “necesidad ineludible” para transformar este sistema. Por esto, promueve instancias como la solidaridad y la creación de una fuerza propia para construir “un país que merezca ser vivido por todos”. ¿Cómo se construye ese país?, es la respuesta que buscamos desde la perspectiva de los y las trabajadoras de la energía.
La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), que agrupa a espacios de base de distintas ramas del sector, es probablemente la organización más dinámica en la demanda por el derecho a la energía en el país.
Maduró su debate político en el contexto de la pérdida de ese derecho, durante la cruda década neoliberal con Carlos Menem en la presidencia del país. Desde entonces, año tras año, forma parte de la discusión pública en torno a los precios y el control de la energía, desarrollando propuestas como la tarifa social. Por eso su demanda se transformó en bandera: hoy levantan, en el país y la región, la discusión por una soberanía energética que parta desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Aquí su historia y sus debates, en la voz de dos de sus principales referentes, José Rigane, secretario general, y Gabriel Martínez, secretario de Organización.
Un nuevo modelo sindical
El nacimiento de la FeTERA está íntimamente ligado al quiebre producido en el sindicalismo durante el primer gobierno de Carlos Menem. En ese marco un sector, principalmente de trabajadoras y trabajadores estatales y de la educación, forman la CTA, que nace en 1991 como Congreso de Trabajadores Argentinos, y se transforma en Central de Trabajadores Argentinos, después. En dicho quiebre hacen explícita la búsqueda de un nuevo modelo sindical, que confronte el apoyo que la Confederación General del Trabajo (CGT) le entregaba, por entonces, a las políticas neoliberales, y que pudiera constituirse como un movimiento político y social.
La cientista política María Silvana Gurrera, que estudió la constitución de la Central, sostiene que la idea de este nuevo modelo sindical se basaba en cuatro prácticas fundamentales: autonomía respecto del Estado, patrones y partidos; democracia sindical expresada a través de la elección directa de las autoridades; apertura a nuevos sectores de la sociedad por fuera de los gremios; y revalorización de la ética gremial en contraposición con el “viejo sindicalismo” (Gurrera 2012: 212).
Recordando ese período Gabriel Martínez señala que “el sindicato único había facilitado el desarrollo de las políticas neoliberales y buena parte de las organizaciones sindicales más grandes se habían asociado a los procesos de privatización y extranjerización”. “Los trabajadores que entendíamos distinto la cosa, comenzamos a organizarnos de una manera independiente de los que estaban claudicando, creando una conceptualidad nueva que viera al sindicalismo como parte integrante de la sociedad y no como una herramienta a utilizar dentro del mundo del trabajo”, subraya.
“Es decir que la clase, ya no los trabajadores en relación de dependencia, la clase, tenía que buscar una articulación con todos los sectores para enfrentar a un enemigo que era mucho más grande que un patrón”. Martínez enfatiza en que en el surgimiento de la CTA se juntan conceptos traídos de la experiencia de la CGT de los Argentinos (1968-1973) con elementos nuevos, propios de la crisis neoliberal.
En el marco de ese proceso, y en el esquema de crecimiento de CTA en nuevos sectores, es que nace la FeTERA, formalmente en noviembre de 1995. Creada por una diversidad de sindicatos como Luz y Fuerza Mar del Plata, Santa Cruz, Zárate y La Pampa; trabajadoras y trabajadores estatales (ATE) de sectores como el carbón (Río Turbio) y nuclear; Gas del Estado de Capital Federal, de la represa de Salto Grande y ex ypefianos (desocupados y desocupadas de YPF).
Las y los trabajadores de la energía como sujetos políticos
Las políticas neoliberales de Menem golpearon con especial fuerza a los y las trabajadoras de la energía cuyas principales empresas fueron desguazadas, divididas y finalmente privatizadas. Este proceso ocurrió en los distintos segmentos del sector, tanto en generación como transmisión y distribución, dejando a miles de personas en la calle. Mientras una porción mayoritaria de estos se transformaron en desocupados, otros puestos de trabajo fueron reconvertidos a la subcontratación, con la consiguiente pérdida de derechos laborales1.
“Nuestro objetivo entonces era nuclear a sectores que salieron a enfrentar la pérdida de patrimonio público y la privatización de las empresas del Estado”, señala Martínez. “Pero también nos dimos la estrategia de representar trabajadores activos, jubilados y desocupados. Esto llevó a organizarnos dentro del ámbito de las organizaciones de trabajadores, con una política diseñada para articular con todos los sectores de la sociedad, reconociendo a nuestros compañeros que habían quedado sin trabajo como parte de la organización sindical, cosa que a algunos aún les cuesta”.
La FeTERA se caracteriza, entonces, por ser una organización de segundo grado que reúne no solo a sindicatos, sino también a otras figuras, como agrupaciones y a la afiliación individual. Además, los orígenes de estos espacios son de diversas ramas del sector. Se busca así la construcción de una nueva figura sindical: las y los trabajadores de la energía. Martínez considera que a través de la Federación lograron crear este nuevo modelo de representación sindical, no sin complejidades, “cuando un trabajador de Luz y Fuerza se integra con otros trabajadores de Luz y Fuerza en usinas o empresas que transmiten alta tensión o distribuidoras, tienen un lenguaje común o un convenio colectivo común que hace que se sientan pares, aunque no se conozcan desde antes”. “Ahora, cuando encontrás en un mismo lugar a trabajadores del gas, de la electricidad, química, carbón, nuclear; no hay pasado común, no hay una historia que los entrelace. Entonces tenés que empezar a crear una nueva historia, la historia de la convivencia en un ámbito de construcción nueva.
Desde ese punto de vista, la FeTERA es un experimento sindical que ha sobrevivido ya veinte y pico de años”, comenta.
Un dato no menor es la baja afiliación de gente del sector petrolero en la Federación. Al respecto, su secretario de Organización, explica que se debe a que esos trabajadores y trabajadoras están empleados prioritariamente en empresas privadas, que ven con temor la lucha contra la privatización que lleva adelante la FeTERA.
La energía entendida como derecho
Hay un proceso en particular liderado por Luz y Fuerza de Mar del Plata que determinó y constituyó el ADN de la lucha de la Federación. Hacia finales de la década de 1990, a los masivos despidos en el sector, en esa ciudad se sumaron los cortes de luz y agua, así como la quita de los medidores, lo que generó una alta conflictividad en algunos barrios, que incluía piquetes y barricadas para impedir los cortes del suministro. Ante esto, los gremios promovieron la creación de multisectoriales que levantan una propuesta de reconexión de los hogares sancionados y la creación de una tarifa social. Después de años de negociación, esta fue aprobada en la provincia de Buenos Aires, estableciendo rebajas de tarifas de un 40% (llegaba hasta un 50% con la quita de impuestos) en las casas con consumo menor a 150 kwh mensuales2.
“Nosotros empezamos a dar este debate cuando comenzamos a sentir la pérdida del derecho a la energía, a finales de los ‘80. En ese ámbito surge el concepto de la tarifa social. Comenzamos a buscar las relaciones institucionales y sociales que llevaran a contar con un cuadro tarifario que incluyera una tarifa especial de carácter social”, sostiene Martínez. Un volante de la época valora así la importancia de la ley. “La Tarifa Social es un avance surgido de la conciencia social de los hombres y mujeres que sufrimos la derrota económico-ideológica de la privatización. Sobre la base de reconocer la energía como un derecho humano es que se comienza a recorrer el camino de construcción de la Tarifa Social.”
“Esa ley se ganó, está vigente y garantizó la energía eléctrica para muchísimos que no podían pagar. Donde el valor subsidiado de la energía no lo paga el Estado, sino que son las mismas empresas que resignan ganancia para garantizar el servicio público. Así, el concepto de que la energía es un derecho, es un bien social, nació en medio de la crisis que va desde el ´99 hasta previo el 2001, a medida que iban creciendo las condiciones sociales para el crack que se dio después”, valora Martínez.
Por su parte José Rigane sostiene que ese proceso fue un hito para entender la desmercantilización de la energía. “La energía resulta insustituible. Se puede sustituir un paquete de fideos, podes comprar un kilo de papas o arroz; pero la electricidad, el agua y el gas no lo podes sustituir, es imprescindible para la vida. Y sin esa energía no hay vida digna y, como se trata de un bien social, de la misma manera tenemos que es un derecho humano. Pero este modelo contempla a la energía como un instrumento para tener ganancia por parte de las empresas multinacionales de la manera más rápida. Tiene como objetivo sustancial tratar la energía como un commodity, como una mercancía, a la que no reconoce como un derecho o bien social”.
Un sistema en crisis
La FeTERA coincide con el diagnóstico común de que el sistema energético está en crisis. Esta es una afirmación que aparece transversalmente a todos los sectores políticos del país, sin embargo cada uno pone el acento en causas distintas.
Por ejemplo, el relato oficial del gobierno kirchnerista establecía que la responsabilidad estuvo en el proceso neoliberalizador de los ‘90, mientras que el macrismo culpa a la pesada herencia kirchnerista. Por su parte Rigane sostiene que “ha fracasado y está en una profunda crisis el modelo energético basado en la privatización y, fundamentalmente en la extranjerización, que responde a los intereses del sistema capitalista”.
¿De dónde proviene esta crisis? Para Martínez, “la pérdida de soberanía energética no se da en 1989, sino que viene de todo el proceso anterior, de decadencia, que termina privatizando, arrebatando la energía de la administración social”. Rigane complementa, “la entrega comenzó con la dictadura militar, pero luego tiene continuidad en la democracia, que es lo peor que nos sucede. Esto termina demostrando que esa democracia es profundamente formal, es profundamente burguesa y que además, al ser una democracia no participativa, no está convocado a la gente a decidir sobre los problemas más importantes y significativos.
Es una demostración de que los argentinos perdimos soberanía y somos incapaces de poder decidir precisamente sobre los temas más importantes”.
El secretario general de la Federación considera que la clave en esta crisis está en la pérdida del control social de la energía. Esto se ve, por ejemplo, en la extrema dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética, lo que no sólo la hace muy contaminante sino también altamente dependiente, debido a la necesidad de importar gas. “Lo cierto y lo lógico es que tenemos que tender hacia una matriz diversificada, pero eso solamente lo puede hacer un pueblo que recupere la soberanía, para después discutir qué es lo que nos conviene desarrollar. Este es un debate que no se termina de entender en la gran urbe capitalina, donde no se ve ni se siente lo que es capaz de provocar el extractivismo y sus consecuencias nefastas para el pueblo argentino. Entonces está muy claro que la diversificación de la matriz energética viene de la mano de recuperar la soberanía popular.
Y si recuperamos la soberanía energética, seguramente los argentinos nos vamos a dar una matriz en la que tengamos una compensación de energías alternativas”, sostiene Rigane.
¿Cómo entiende, entonces, FeTERA la soberanía energética? Martínez responde: “para nosotros está relacionada directamente con la apropiación social de los recursos energéticos y de la capacidad de transformación para su conversión en servicio público. La soberanía tiene que ver con la aparición de un actor colectivo permanente, no asociado a las coyunturas políticas, que tiene que laburar un proyecto de utilización y desarrollo. Y que tiene que garantizar a las generaciones que vienen su disfrute”.
Yendo a la propuesta concreta de FeTERA para pensar una transición a la soberanía energética, Rigane sostiene una agenda de cuatro puntos: “la primera decisión tendría que ser suspender todo tipo de exportación de petróleo: no tenemos petróleo para abastecer el mercado interno, no tenemos por qué exportar. Segundo, declarar servicio público todo lo que es servicio público y que hoy no está declarado: la transmisión, generación y la distribución de energía. Tercero, una intervención del Estado con poder de decisión para la planeación y ejecución de la política energética que tenga como objetivo resolver el problema del acceso de todos los ciudadanos argentinos a la energía. En esa línea, comenzar a planificar algo que no se resuelve de un día para otro, que es el tema de la diversificación
de la matriz energética. Y luego una integración de carácter regional en función de los intereses y la necesidad de los pueblos, no de los gobiernos, y menos aún de los grupos multinacionales. En términos energéticos esto resulta imprescindible”.
Martínez, por su parte, hace hincapié en el control de los servicios públicos. “Nuestra propuesta no es volver al tipo de administración de servicios públicos que teníamos antes de 1989, cuando se pensaba que era del Estado, y por lo tanto lo administraba el gobierno. Ni tampoco a lo que se pensó después, cuando era de los concesionarios, y por lo tanto lo administraban las empresas. No hay un punto donde se piense que el control de la energía es de la sociedad, que va más allá de los gobiernos y de los intereses privados. Ahí el Estado tiene un rol, pero la sociedad tiene que ser garante de que las futuras generaciones no se van a encontrar con Repsol administrando”.
Una vuelta al comienzo
El panorama político es hoy mucho más parecido al de la fundación de la FeTERA. Si la discusión energía como derecho o como mercancía no estuvo saldada durante el kirchnerismo, el gobierno empresarial de Mauricio Macri inclinó toda la balanza en favor de la mercantilización. Su mayor expresión fue el tarifazo: un brutal aumento de los servicios para sostener los altos márgenes de rentabilidad de las compañías del sector, bajo un discurso antisubsidios. Para Martínez lo que se terminó implantando mediáticamente fue un falso debate, “este gobierno te hace discutir entre tarifazo y aumento gradual y nosotros decimos ‘ni una cosa ni la otra’”. “Para nosotros el tarifazo es una consecuencia. La causa es el modelo energético. Y si nosotros no cambiamos la causa, los efectos van a continuar”, agrega Rigane.
Martínez sostiene que esa modificación del modelo tiene que ir en función del aprovechamiento social de la energía. “¿Para qué quiero empezar a exportar energía? No me interesa. Yo quiero la energía para desarrollar puestos de
trabajo, tecnología propia, proyectos de desarrollo, una democracia fuerte y participativa, universidades que desarrollen centros de ciencia y tecnología, etc. Lo que tenemos que hacer es plantearnos qué tipos de desarrollos industriales hacen falta para que mi sociedad viva mejor y qué nuevas formas de participación democrática nos podemos dar en camino hacia estadios superiores, donde el socialismo esté contemplado”.
1. Hernán Palermo (2012) cifra en 35.689 los despidos sólo en YPF. Esto provocó una alta conflictividad social, cuyo punto máximo fueron las puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul que vieron nacer a un/a nuevo/a sujeto/a: las y los piqueteros, que lograron frenar el intento de atomización de las y los desocupados por la vía de los despidos.
2. Más información sobre la historia de la Ley 12698 de la Provincia de Buenos Aires, está desarrollada en el artículo La Historia de la Tarifa Social, disponible en la página de FeTERA.
Artículos consultados
Gurrera, M. S. (2002). Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los Trabajadores Argentinos en los años noventa.
Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Buenos Aires. Palermo, H. M. (2012).
Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF. Grupo Antropología del Trabajo. Buenos Aires.
Por Felipe Gutiérrez Ríos. Observatorio Petróleo Sur.
Publicado en la Revista Fractura Expuesta Nº5: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2017/08/f-expuesta02Adigital.pdf
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