La dudosa protesta de la priísta CROC contra Nicolás Maduro
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Los
dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), que el pasado 26 de agosto encabezaron un acto frente a la
embajada de Venezuela exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro respeto a
los derechos laborales, a la libertad y autonomía sindicales para los
trabajadores de la nación centroamericana, olvidaron mencionar que tales
exigencias nunca las han planteado en México a favor de sus
empobrecidas y expoliadas bases.
Desde
su nacimiento en abril de 1952, la CROC formó parte del sector obrero
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gozó, a la par de los
engendros corporativos del pasado siglo, como la Confederación de
Trabajadores de México y la Confederación Regional Obrera Mexicana, de
canonjías políticas para sus dirigentes. Al paso del tiempo, de su lema
“Unidad y emancipación proletaria” no queda ni el recuerdo, como tampoco
de lo asentado en sus principios doctrinarios de luchar por mejores
salarios en pro de sus agremiados y en contra de los sindicatos blancos.
La
CROC del siglo XXI es una pasarela de dirigentes al servicio de la
clase empresarial, carentes del más mínimo consenso y legítimo apoyo de
sus afiliados, la mayoría de ellos sumados a su membresía contra su
voluntad. En su organización sencillamente no existen las demandas
externadas hasta el cansancio frente a la sede diplomática venezolana:
derechos laborales y libertad sindical. Tampoco libertad de expresión.
Su
actual dirigente nacional, el senador Isaías González Cuevas, bajó la
guardia en el momento histórico que obligaba a la defensa de las
conquistas sociales de los trabajadores, menoscabadas con la aprobación
de la reforma laboral. Hay que refrescarle la memoria al clan croquista
para evidenciar su ausencia total de compromiso con el proletariado del
país.
Cuando el 1 de septiembre de
2012 el presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, envió su
iniciativa al Congreso con carácter de “preferente”, el líder de la CROC
apareció como uno de sus más acérrimos críticos y opositores. Ya en
funciones, el recién electo senador del PRI advirtió que su central no
estaba de acuerdo con el pago por horas ni en permitir que se vulnerara
el derecho de huelga y la autonomía sindical, porque con esto, dijo, “se
intenta dar libre paso a la flexibilización laboral”.
González
Cuevas añadió que ni central ni los legisladores priístas permitirían
que la reforma de Calderón se aprobara, pues “afectaría los derechos de
los trabajadores, nulificaría la contratación colectiva y el derecho a
la seguridad social”.
Sin embargo,
semanas después cuando la propuesta panista entró al terreno de los
acalorados debates legislativos en el Senado, el dirigente hizo mutis y
votó al lado de su grupo parlamentario a favor de la iniciativa que
había calificado de contraria “al crecimiento económico, a la justicia
social y al empleo decente”, planteados en el proyecto de nación de
Enrique Peña Nieto. Unas fueron sus palabra pero otra su actitud de cara
a la reforma laboral.
En la grey
corporativa del PRI, no causó extrañeza la posición del dirigente
obrero. A valores entendidos se sumó al proyecto político que había
pactado la aprobación de una iniciativa de corte ciento por ciento
empresarial sin tomar en cuenta la opinión de los directamente
afectados: los trabajadores.
A cambio
de su apoyo a la que sería la primera de las reformas estructurales del
actual sexenio, las autoridades laborales fingieron no ver los miles y
miles de contratos de protección firmados a favor de la patronal y
cobijados por organismos como la CROC y bajo los cuales millones de
mexicanos en todo el país reciben bajos salarios, son víctimas de la
explotación laboral y están impedidos de afiliarse a otros sindicatos o
crear otros que realmente los defiendan.
Bajo
este esquema de antidemocracia, los trabajadores se encuentran bajo la
mirada vigilante de grupos de golpeadores, dispuestos a obligarlos por
la fuerza a silenciar sus demandas. Es decir que los croquistas, como
otros organismos corporativos, ejercen en México los métodos ilegítimos
que supuestamente emplea el gobierno de Nicolás Maduro contra los
obreros venezolanos.
Uno de los
oradores en el mitin celebrado a las afueras de la sede diplomática de
Venezuela, Salim Kalkach Navarro, subsecretario de Relaciones Exteriores
de la central charra, se dijo preocupado por la vida de los
trabajadores en aquel país: “está en peligro: literalmente se están
muriendo de hambre y eso no lo podemos permitir”. Pero en su discurso
olvidó anexar un añadido exigiendo mejores salarios para la clase obrera
de México, la peor pagada de la región y que, expoliada, toca a las
puertas de la marginación.
El
funcionario croquista debería reflexionar antes de abordar temas como la
libertad sindical. Hace unos años cuando los empleados de la vidriera
que trabajaba para Grupo Modelo lograron el registro de su sindicato y
se desligaron de la CTM, muy pronto debieron enfrentar un enemigo aún
peor pues la empresa firmó a sus espaldas un contrato de protección con
otro organismo adherido a la CROC.
Su
líder era nada menos que Salim Kalkach, el mismo que ahora cuestiona al
gobierno de Maduro de bloquear la libertad sindical en Venezuela. En
connivencia con la empresa, la organización croquista alentó los
despidos injustificados contra los miembros del sindicato independiente y
recurrió a métodos de presión para afiliar al resto de los trabajadores
a la CROC.
En este recuento de
acciones en contra de los derechos laborales, debe citarse lo acontecido
tras la irrupción, en el ámbito nacional e internacional, de la brutal
explotación que por años han padecido los jornaleros agrícolas del Valle
de San Quintín, en Baja California. Contratos de protección firmados
por los dueños de los ranchos agrícolas con organismos de filiación
priísta como la CROC, pusieron contra las cuerdas a las autoridades y en entredicho las ventajas y beneficios de la reforma laboral.
De
pronto apareció a los ojos de la nación la abrumadora realidad en que
subsistían más de 80 mil jornaleros agrícolas con sus familias,
obligados a trabajar en condiciones infrahumanas e insalubres, cobrando
míseros sueldos y sin la menor atención médica. En Venezuela ningún
organismo internacional ha denunciado abusos de esa naturaleza, pero en
México, muchos sindicatos charros son expertos en permitirlas y
ocultarlas, despojando de sus derechos a los trabajadores en beneficio
de los intereses patronales.
Lo más
execrable de la amañada protesta ante la embajada venezolana es que
lejos de combatir la simulación laboral y los atropellos en contra de
millones de mexicanos, y cuestionar las regresiones contenidas en la
reforma laboral, los sindicatos corporativos buscan sumarse a la lista
de provocadores en contra de Nicolás Maduro, excusando la defensa de la
Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), sindicato de derecha cuya
dirigente, Marcela Maspero, busca ser victimizada para atacar al
gobierno venezolano. En abril pasado, la CROC y la CTM encabezaron en
Bogotá, Colombia, la fundación del organismo denominado Alternativa
Democrática Sindical de las Américas (ADS).
Se
entiende el por qué los orquestados ataques del pasado 26 de agosto no
son casuales y responden a una estrategia que trata de vulnerar tanto a
los gobiernos democráticos y de izquierda en América Latina como a las
organizaciones sindicales independientes. Debemos denunciar esta sucia
maniobra y poner un alto a los que insisten en vulnerar los derechos de
los trabajadores.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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