La utopía de elecciones libres y auténticas: vivencia yucateca
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Faltaba una
docena de minutos para pasar del meridiano del día 15 de mayo de 2018,
cuando llegó una mujer a la puerta del domicilio –fuera de la capital de
Yucatán– presentándose como supervisora de encuestadores. No portaba
ninguna insignia laboral o símbolo partidario, pero le permitimos que
nos hiciera las preguntas que requería para cumplir con su
responsabilidad.
Primero preguntó por nuestros nombres,
los cuales escribió en su hoja de trabajo. Me permití la curiosidad de
asomarme para mirar el formato, y contenía una lista de folios al
costado izquierdo de donde apuntaba los nombres. Prosiguió con la
segunda pregunta relacionada a nuestra edad, respondimos sin problemas.
Al formular su tercera interrogante, inmediatamente cavilamos la
procedencia de la mujer; ella preguntó: “¿Conocen al candidato Mauricio
Sahuí?”. Nuestra respuesta fue sencilla: “Sí”. Posteriormente, cuestionó
si apoyábamos a un partido político, al cual respondimos con seguridad
que no somos militantes de ningún partido. Cuando pasamos a las dos
últimas preguntas, el ambiente se tornó incómodo porque formuló las
siguientes: “¿Apoyan a Sahuí?” y “¿apoyan al PRI [Partido Revolucionario
Institucional]?”.
En el momento que terminó de
expresarlas, mi esposa y yo nos miramos mutuamente con sorpresa. Esta
reacción no fue por ingenuidad, sino por la manera tan directa de haber
realizado la pregunta. De manera lenta pero firme, yo primero respondí
negativamente y la mujer apuntó. Mi esposa contestó de la misma manera,
pero la mujer pausó el movimiento de su mano para no escribir. Levantó
la mirada y dijo: “No debo comentarlo, pero esta encuesta se va
directamente a Mérida y los que dijeron que no apoyan a Sahuí se les
dará de baja su folio y cuando ustedes soliciten algún programa social
no se los aceptarán. Ahora hay apoyos de construcción de casa para
quienes estuvieron apoyado al candidato”. Nuestra sorpresa se tornó
ominosa. Sin embargo, no era justo descargar el enojo con esta mujer.
Percibimos que su comentario fue para salvaguardar un beneficio tangible
que, desde su perspectiva, resultaría deseable para cualquier persona.
No obstante, creímos necesario
compartirle que la labor que le mandaron realizar sus dirigentes
partidarios es un delito electoral. El sudor comenzó a descender en el
rostro de la mujer, al mismo tiempo que bajaba la mirada. Prontamente,
le preguntamos si sabía que este acto es un delito electoral, y el
desconcierto nos invadió cuando respondió: “Sí sé que esto es un delito
electoral, nos lo dijeron nuestros capacitadores”. Sobraba preguntar por
qué tomó el trabajo, pues seguramente para una madre desempleada ésta
es una oportunidad de empleo temporal. La mujer prefirió despedirse y
salió con paso apresurado.
En efecto, este acontecimiento personal
refiere a un delito electoral por condicionamiento del voto, el cual
está penado por el artículo 7, fracción VII de la Ley General en Materia
de Delitos Electorales y para el caso de funcionarios públicos en el
artículo 11, fracción II. Tanto la Constitución mexicana en el segundo
párrafo del artículo 41, como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (artículo 21, numeral 3), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 23, numeral 1, inciso b) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículo 25, inciso b) son instrumentos
jurídicos relevantes que exigen que los procesos electorales sean
libres, auténticos y periódicos.
Cuando el voto es condicionado con
programas sociales y cuando se utilizan personas para realizar esta
actividad se ha perdido la libertad y la autenticidad del proceso. El
elector no refleja su voluntad de manera cierta y positiva, porque su
acción estuvo determinada por la amenaza –o advertencia– de perder o no
recibir un programa gubernamental. Estas estrategias son efectivas
cuando la población se encuentra en condiciones socioeconómicas
precarias. Por este motivo, cuando los representantes del PRI-Yucatán
advierten que tienen la seguridad de victoria o cuando proclaman: “Mi
compromiso es hacer todo, todo, todo lo que me corresponda para que gané
el PRI en el año 2018” –gobernador actual de Yucatán– no es para nada
trivial. Cabe aclarar, que estos vicios políticos no son exclusivos de
un partido político, sino también de la llamada oposición.
Otra vez, Yucatán es un tema aparte de
los acontecimientos nacionales. Por un lado, esta narración no es para
nada extraña en el centro del país, pero sí indignante en esta coyuntura
de elecciones históricas; sin embargo, el tema de los delitos
electorales en Yucatán no es de interés primordial a los intelectuales
locales. Se sabe que ocurre, pero se ha naturalizado debido a la
hegemonía priísta a nivel estatal y municipal. Por el otro, mientras a
nivel nacional el candidato de Morena [Movimiento Regeneración Nacional]
no tiene quién lo detenga, en nuestra entidad la disputa se realiza
entre el PRI y PAN [Partido Acción Nacional], aunque el candidato del
PRI tiene la ventaja por la tradición política rural. Según Arias
Consultores, en el mes de abril Mauricio Sahuí se mantiene con 44.8 por
ciento, Mauricio Vila (PAN) con 29.9 por ciento y en tercer lugar
Joaquín Díaz con 14.37 por ciento (Morena); en contraste con la encuesta
de El Universal que coloca al PAN con 33.4 por ciento, PRI con
30.5 por ciento y Morena con 12.2 por ciento (27 de abril de 2018).
Tengo que admitir que la encuesta de Arias me parece más creíble y
acorde a la realidad. Por tanto, es pertinente hacerse la pregunta: ¿qué
porcentaje de las preferencias del candidato del PRI y del PAN se han
obtenido a través de este tipo de estrategias como la antes relatada? En
Yucatán aún vivimos en un sólido bipartidismo, ni siquiera el candidato
del partido Morena, que representa el cambio en esta coyuntura, está
alejado de su pasado cercano panista. Como ciudadanos, supongo, deseamos
que Joaquín Díaz se morenice mucho más, no viceversa.
Este es un llamado a la comentocracia
yucateca: no nos enfoquemos exageradamente en los discursos y en la
retórica de los candidatos –no digo que abandonemos esta tarea. En la
realidad, la población rezagada en Yucatán no necesariamente examina su
voto por medio de un ejercicio de diferenciación y contraste de las
propuestas, sino a través de las maquinarias clientelistas eficientes
(según el Coneval, en 2016 el 41.9 por ciento está en situación de
pobreza a nivel estatal). Por ende, nuestra labor es denunciar y
promover la denuncia para dirigirnos hacia unas elecciones libres y
auténticas. Yucatán no puede seguir con esta utopía cuando a nivel
nacional se está luchando con fuerza por conseguir un proceso electoral
genuino.
Ezer R May May*
*Antropólogo social e historiador
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