México, crisis energética sin fin
México enfrenta serios problemas
energéticos, al depender cada vez más de las importaciones para
satisfacer la demanda interna, carecer de infraestructura para extraer
petróleo, refinarlo, transportarlo y almacenarlo, enfrentar conflictos
sociales y acciones del crimen organizado, que continuarán durante el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alertan expertos en
inteligencia y especialistas en la materia.
En al menos 32 proyectos de energía del
país se han registrado conflictos sociales, incluidos siete gasoductos,
ocho hidroeléctricas y un pozo petrolero ubicado en Veracruz adjudicado
en la Ronda Uno de Pemex, y que representan una inversión de 10 mil 200
millones de dólares en riesgo por problemas sociales, advierte María de
las Nieves García-Manzano, de GMI Consulting, empresa consultora en
impacto social y ambiental para el sector de energía.
Estos proyectos, dice en entrevista,
“están generando incertidumbre social y jurídica en el sector
energético, así como un posible impedimento a las inversiones”, ya que
pese a que la ley de hidrocarburos preve consultar y evaluar el impacto
social para garantizar el derecho de las comunidades a ser escuchadas
sobre los planes de afectaciones, en la práctica no se aplica la ley en
la materia.
María de las Nieves precisa que tanto la
Evaluación de Impacto Social para establecer las medidas de mitigación,
prevención o compensación necesarias en acuerdo con las propias
comunidades, como la consulta indígena que reconoce el derecho de los
pueblos indígenas a ser consultados por proyectos de desarrollo que
puedan poner en riesgo sus derechos, “son instrumentos aplicados en
diversas partes del mundo con excelentes resultados para prevenir
conflictos sociales”.
Sin embargo, la especialista apunta que
las empresas promoventes ven en muchos casos a la Evaluación de Impacto
Social como un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía y no
como un instrumento que les permita conocer las necesidades de la
población, interactuar con los actores de interés, e identificar los
conflictos sociales potenciales para anticiparse a ellos.
Aunado a lo anterior, explica que el
hecho de que no exista regulación secundaria para poner en práctica
estos instrumentos, genera un caldo de cultivo para la expansión de
intereses ajenos tanto a los proyectos como a las comunidades, que ponen
en riesgo la ejecución de los proyectos para las empresas y la
posibilidad de que los beneficios sociales derivados de ellos puedan
llegar a la población.
Riesgos y amenazas para sector de hidrocarburos
“La industria de combustibles resulta
afectada por el narcotráfico, desincentiva inversiones por no existir un
Estado de derecho que las proteja; representa una fuente importante de
ingresos para los cárteles; reduce la oferta y provoca desabasto y daños
a la infraestructura; provoca accidentes en las tomas clandestinas y
debido al transporte y almacenamiento sin condiciones de seguridad
industrial”, advierte –en un estudio– Julio García Pérez, máster en
Inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
“Si bien la reforma energética y la
liberalización en los mercados de combustibles no se ve amenazada con el
triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se prevén cambios en las normas
para incentivar la inversión mexicana y para modificar las condiciones
de los mercados”, indica el catedrático del Instituto de Estudios
Estratégicos de España (IEEE).
En su análisis La seguridad energética en los mercados de gasolina y diésel en México explica
que a 4 años de aprobada la reforma energética, Pemex continúa siendo
el único proveedor de petróleo crudo y productor de combustibles con
seis centros de refinación en la república que el gobierno del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) planea rehabilitar.
Sin embargo, García Pérez señala que
actualmente el porcentaje de utilización de las refinerías del país es
bajo: entre 2010 y 2016 promedió un 69 por ciento. “La baja
productividad se debe a paros no programados derivados de problemas
operativos, reducciones en el presupuesto de mantenimiento y trabajos de
rehabilitación para procesar crudos de distintas calidades”.
Y es que –prosigue el catedrático–, las
refinerías en México fueron diseñadas para refinar crudos ligeros de los
que el país ha disminuido sus reservas y explica que, con la reforma
energética que se inició a finales de 2013, transitar de un modelo de
monopolio estatal a uno de competencia en cada uno de los eslabones de
la cadena de valor significa que ahora Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no
tiene la responsabilidad de suministro.
El experto en inteligencia considera que
mientas en México se planea rehabilitar seis refinerías y construir una
nueva, la industria de la refinación mundial registra una capacidad
instalada excedente. “En Europa entre 2008 y 2013 cerraron 15
refinerías, el mundo está buscando fuentes alternativas de combustible
renovables”.
Por lo que el analista estima que México
seguirá siendo dependiendo de las importaciones de hidrocarburos, “pues
no es económicamente viable construir refinerías en un escenario en
donde hay sobreoferta y la demanda se está reduciendo”.
Además, considera que los mercados de
hirocarbros afectan variables claves del país (económicas, políticas,
internacionales y sociales); los precios son afectados por decisiones
políticas (regulaciones), relaciones geopolíticas (con Estados Unidos y
renegociación del TLC); y fenómenos sociales (narcotráfico, robo de
combustibles y problemas ambientales).
Riesgos para inversionistas
De acuerdo con la Secretaría de Energía,
desde la entrada en vigor de la reforma energética en 2013, se han
asignado 39 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 22
de gasoductos y 74 de electricidad limpia, es decir, un total de 135
proyectos que representan una inversión de 67 mil 604 millones de
dólares. Aunque en secretario de Hacienda y Crtédito Público, José
Antonio González Anaya, declaró a fines de agosto pasado ante priístas
que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejaría inversiones del orden de
los 200 mil millones de pesos con motivo de la reforma energética, de
los cuales 100 mil millones corresponden al sector de hidrocarburos.
La Secretaría de Energía estima que para
el año 2030 la demanda nacional de gasolinas se incremente 34.1 por
ciento y la de diésel 77.4 por ciento debido al incremento en el parque
vehicular. En este periodo, se espera que el déficit se reduzca en 19.5
por ciento. Durante todo el periodo de estimación, las importaciones de
gasolina representarán en promedio el 35.8 por ciento de la demanda
interna.
La producción de combustibles se ha
reducido un 9.2 por ciento en los últimos 6 años a causa de un menor
nivel de procesamiento de crudo, según datos de la empresa productiva
del Estado.
“Durante 2016 México importó el 61 por
ciento de gasolinas y el 46 por ciento de diésel para satisfacer la
demanda. La gasolina es el producto que mayor valor representa en las
importaciones; en 2016 se importaron 11 mil millones de dólares, que
representa el 4.75 por ciento del total de las importaciones, subraya el
analista de Universidad Rey Juan Carlos.
De acuerdo con el experto en
inteligencia, la reforma energética permitió a empresas importar
combustible y, a partir de 2016, cientos de ellas han solicitado
permisos para importar gasolina, pero muy pocos han sido utilizados o lo
hacen en cantidades marginales, ya que Pemex ha importado más del 99
por ciento de gasolinas y el 87 por ciento de diésel.
Hasta ahora –sostiene– no es rentable
importar combustible desde el extranjero para los particulares a pesar
de los bajos precios de combustibles en Houston, Texas, pues no hay
infraestructura para que sean transportados y almacenados a costes
competitivos.
“Y es que mientras Pemex no asigne su
capacidad disponible de infraestructura a los agentes económicos
entrantes, los proyectos de inversión no van a iniciar, pues los
inversionistas requieren saber las tarifas por uso de infraestructura
para conocer el coste de oportunidad de inversión”, enfatiza Julio
García Pérez.
Por ello, indica que la política de
seguridad energética en México se ha enfocado únicamente en almacenar
combustibles, a través del ordenamiento de la Política Pública de
Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, que se expidió después de
someterla a consulta pública con los comercializadores y distribuidores,
obligados a cumplirla.
El objetivo es alcanzar paulatinamente
para el año 2025 entre 10 y 15 días de ventas a estaciones de servicio
y/o usuarios finales (5 días para el 2020 y entre 8 y 10 días para el
2022), por lo que se prevé que las terminales de combustóleo para la
generación de electricidad se conviertan en terminales de almacenamiento
de gasolina.
México ha apostado por esta política,
pues es la más efectiva ante una emergencia. “Sin embargo, aunque se
cumpla con los objetivos para el 2025, el nivel de almacenamiento
todavía es bajo en comparación con otros países miembros de la Agencia
Internacional de Energía (AIE)”, apunta Julio García Pérez.
A pesar de que las importaciones de
gasolina en México son cada vez mayores, y de que un porcentaje mayor
proviene de Estados Unidos, para este país México representa una
participación de mercado menor en el total de sus exportaciones. En 2002
llegó a representar el 84 por ciento de sus exportaciones de gasolina, y
en 2016 únicamente un 52 por ciento.
Respecto al petróleo crudo, México
también ha representado menor proporción. En 2013 representaba el 13 por
ciento de las importaciones de petróleo crudo a Estados Unidos. Este
margen ha ido disminuyendo, pues en 2017 representaba aproximadamente el
8 por ciento. Canadá continúa siendo el principal proveedor de petróleo
crudo a Estados Unidos.
La reforma energética ayudó a reducir
los riesgos de seguridad energética, sin embargo, quedan muchos retos,
ya que México no cuenta con infraestructura necesaria para garantizar el
suministro de combustibles en caso de una emergencia, ya que sus
niveles de almacenamiento son los más bajos entre los miembros de la
AIE.
Pemex tiene retos muy complicados por
varios frentes. Ahora no tiene obligación de suministrar de combustible,
aunque en realidad continúa dependiendo de él, debido a que cuenta con
infraestructura está llevando a cabo prácticamente todas las
importaciones. Pero en la medida que ponga a disposición de privados su
infraestructura, las empresas las utilizarán y/o iniciarán nuevas
inversiones en infraestructura.
El experto en inteligencia advierte que
es peligroso regular los precios porque pueden distorsionar las señales
del mercado para identificar la escasez y las necesidades de inversión
que hagan más eficiente el mercado. “Es más peligroso no saber que los
precios están distorsionados por decisiones políticas o demagógicas con
la finalidad de no asumir el costo político de altos precios en las
gasolinas”.
Estados Unidos: la geopolítica del petróleo
Al
asumir Estados Unidos el papel de actor principal en la determinación
del precio del crudo, debido al incremento de su producción, disminución
de sus importaciones y la reducción de su consumo, se perila como el
mayor productor de petróleo del mundo, para así lograr su independencia
energética a fin de influir en las economías de sus competidores, acota
Renato Antonioli Ríos.
Asesor en Política de Estado relacionado
con la Seguridad y Defensa Nacional en el Centro de Estudios Superiores
Navales de la Secretaría de Marina de la Armada de México, Antonioli
Ríos señala –en un estudio– que el 70 por ciento del mercado mundial de
petróleo lo integran empresas privadas y sólo el 30 por ciento está
conformado por empresas estatales.
En consecuencia, dice, los países
negociadores no pueden imponer que se reduzcan los niveles de
producción, ya que no pueden controlar la producción de hidrocarburos de
las empresas privadas.
En su análisis Estados Unidos: la geopolítica del petróleo,
publicado por el Instituto de Estudios Estraégicos de la Armada de
México, Antonioli Ríos señala que por décadas Estados Unidos ha influido
indirectamente en el precio del petróleo, debido a los grandes
volúmenes que adquiere y a quién le compra.
Sin embargo, precisa que en los últimos
años, se ha posicionado en el mercado mundial del crudo, por lo que sus
decisiones en cuanto a su producción y exportación impactan directamente
en el precio global del crudo.
En mayo de 2017, el presidente de
Estados Unidos Donald Trump presentó un plan para vender las reservas de
crudo, ya que en los últimos 5 años ha incrementado en un 49 por ciento
su producción, socavando los esfuerzos de la Orgaización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) para reajustar los mercados mundiales
mediante el recorte de la producción.
Destaca que “la revolución de producción
del método llamado ‘esquisto’ en Estados Unidos, ha conseguido que este
país pueda producir petróleo a unos costes mucho más bajos que lo que
solía suponer extraer petróleo por sistemas tradicionales, lo cual
permitiría destronar a Rusia y Arabia Saudita como el principal
productor de crudo del planeta”.
En ese sentido, agrega que la
Administración de Información sobre Energía (EIA, por si sigla en
inglés) proyectó recientemente que la producción de crudo de Estados
Unidos aumentaría a un promedio de 10 millones de barriles por día en
2018, lo cual eliminaría el récord anual previo de 9.6 millones de
barriles establecido en 1970.
A diferencia de la OPEP y Rusia, que
acordaron extender los recortes de la producción petrolera hasta finales
de 2018 para controlar los precios, Trump ha prometido marcar el
comienzo de una era de “dominio de la energía estadunidense”. Las
importaciones de petróleo de Estados Unidos han disminuido en un 25 por
ciento en los últimos 9 años, según el EIA, y las exportaciones se
triplicaron en 2017 para registrar máximos históricos.
En ese sentido, en 2018, el Congreso y
la Casa Blanca aprobaron vender 100 millones de barriles de su reserva
de petróleo hasta 2027 con la finalidad de aliviar los problemas
fiscales, sin embargo, esta venta tendrá un impacto en el mercado
internacional del petróleo ya que contribuirá a mantener los precios
bajos del crudo, yendo en contra de los intereses de la OPEP y Rusia.
Así, Estados Unidos se consolida como un
actor principal en la comercialización del petróleo. Según la EIA,
Estados Unidos representará más del 80 por ciento del crecimiento en la
producción mundial de crudo en los próximos 10 años y producirá un 3 por
ciento más gas que Rusia para entonces, teniendo implicaciones en los
mercados petroleros, en los precios, en los flujos comerciales, en las
tendencias de inversión y en la geopolítica de la energía.
José Réyez
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