El estigma que Calderón arrastrará de por vida
No bastarán
nueve años, ni muchos más, para borrar de la mente de todo un país las
imágenes que mostraron uno de los peores abusos de poder en la historia
contemporánea: militares vestidos como elementos policiales irrumpieron
en las sombras de la noche el 11 de octubre del 2009, para sacar de sus
centros de trabajo a los electricistas del SME (Sindicato Mexicano de
Electricistas).
No se trató de un operativo para
enfrentarse a peligrosos narcotraficantes o delincuentes, sino para
agredir a mexicanos indefensos que por generaciones levantaron la
infraestructura eléctrica en la zona centro del país y atendieron a 6
millones de usuarios.
Con un despliegue propio de dictaduras
militares fue como el espurio exmandatario Felipe Calderón Hinojosa
impuso el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que de la
noche a la mañana dejó sin empleo a 44 mil agremiados del SME, y en la
indefinición jurídica a otros 22 mil jubilados. Nunca hubo de por medio
notificación alguna o invitación al diálogo. La fuerza de las armas
suplió a la razón y aniquiló al Estado de Derecho.
Al paso de los años, toda la estulticia
que envolvió a esta mendacidad oficial ha salido a la luz, como las
declaraciones vertidas al diario El Universal por quien fuera el
exsecretario del Trabajo en el gabinete de Calderón y ahora exsenador de
la República, Javier Lozano Alarcón, quien aceptó que el encubierto
golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas se preparó con el
mayor de los sigilos semanas antes de su ejecución.
El político de marras lo calificó como
“un operativo impecable, diseñado y ejecutado por el entonces secretario
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sin ningún tipo de
enfrentamiento y sin necesidad de utilizar la fuerza pública”.
Ahora, en las nuevas circunstancias
económicas, políticas y sociales que se avecinan en México, tal abuso de
poder se muestra como lo que fue: una cobarde canallada de un
presidente que no supo estar a la altura de su cargo como jefe de las
instituciones. Un hombre que llegó al poder inmerso en un descarado
fraude electoral en contra del hoy presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, y se sentó en la silla presidencial –“haiga sido como haiga
sido”- buscando desesperadamente legitimarse para quitarse el Sambenito de usurpador. Algo que nunca consiguió.
Vale preguntar hoy al fiel cancerbero
de Calderón, Javier Lozano: ¿Cómo es posible que tuvo el descaro de
firmar, antes del atropello, la revisión contractual entre Luz y Fuerza
del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, con vigencia del
16 de marzo del 2008 al 16 de marzo 2010?
Y haber avalado, igualmente, el convenio
de productividad donde él mismo redactó la cláusula décima primera,
referente a la concesión de una red pública de telecomunicaciones que
permitiera la operación de la fibra óptica asociada con el ancho de
banda de la red de mediana y baja tensión en material de cobre, para
brindar el servicio de voz, datos e imagen a la sociedad, el llamado
Triple Play, a bajo costo, lo que se habría traducido en un exitoso plan
de negocios que hubiera reportado a la extinta empresa pública recursos
por más de 100 mil millones de pesos anuales, saneando con ello sus
finanzas.
Lozano y su jefe Calderón sabían
perfectamente que la recuperación de las finanzas de Luz y Fuerza era
posible, pero ocultaron tramposamente esta información, haciendo creer a
la opinión pública que la empresa operaba con pérdidas a las arcas
públicas y no podía seguir manteniendo, además, el “costoso” Contrato
Colectivo del SME. Todo siempre fue una colosal mentira.
El tristemente célebre “presidente del
empleo”, echó mano de la extinción de Luz y Fuerza para tratar de
aminorar su caída libre a mitad de su sexenio, luego de que su fallida
guerra contra el narco resultó todo un fracaso al sumar miles de muertos
y desaparecidos en todo el país, sin obtener resultado alguno.
Otra de sus falacias fue el prometer
ahorros sustanciales al gasto con la desaparición de la empresa pública;
bajar las tarifas y mejorar el servicio. Ninguno de sus sofismas se
concretó.
Ahora se tiene la absoluta certeza de
que el encubierto objetivo fue empezar a abrir la puerta a la
privatización del sector eléctrico nacional, alcanzado más tarde con la
Reforma Energética. El gobierno panista sabía que para avanzar en esta
desnacionalización era necesario extinguir de paso al Sindicato Mexicano
de Electricistas, razón por la cual antes del “Golpe de Estado” contra
el SME, Lozano Alarcón negó la toma de nota a su Comité Central, electo
democráticamente para el periodo 2009-2011, bajo el argumento de que
hubo fraude electoral.
El pianista fracasado metido a político
había fallado en colocar en la dirigencia del SME a su títere Alejandro
Muñoz Reséndiz y buscó por todos los medios anular al sindicato. Otro de
los fines que tampoco lograron, pues se realizaron nuevas elecciones
internas donde se ratificó el apoyo unánime de los miembros del SME a
sus representantes.
A nueve años de perpetrado el golpe al SME sigue vigente su registro como sindicato de industria. Más fuerte y unido que nunca.
Llegar al sitio donde hoy los
electricistas ven con optimismo hacia el futuro no fue una tarea
sencilla, pues además de la movilización social e infinidad de marchas,
mítines y plantones, en el terreno jurídico el SME se enfrentó a jueces
y ministros de consigna, lo mismo que políticos de grupos y partidos,
maniatados.
Vale traer a colación lo acontecido en
septiembre del 2012, cuando el fallo de un Tribunal Colegiado de
Circuito en Materia de Trabajo estableció la obligación del gobierno
federal a asumirse como patrón sustituto, obligándolo a reconocer los
derechos y prestaciones de ley del SME, fallo que los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron sepultar en la
ilegalidad, pasando como Calderón y su decreto de extinción, por encima
del Estado de Derecho al revocar la decisión a favor de los
electricistas en resistencia, en su sesión del 31 de enero del 2013.
A nueve años del vergonzoso atropello,
nadie duda que el decreto de Calderón que extinguió una empresa pública
jamás se sustentó en la Constitución ni en la ley. Valga decir que
también los diputados se plegaron a la línea oficial, incluso los de
oposición, entre ellos el PRI, negándose a aprobar una controversia
constitucional que hubiera echado abajo la ilegal acción.
Es por ello que a nueve años de la
felonía del espurio Calderón Hinojosa, los electricistas del SME no
olvidan y expresan estar plenamente conscientes de que la lucha sigue
por restablecer la legalidad y la justicia en México, para que lo
sucedido con el arbitrario cierre de Luz y Fuerza del Centro no vuelva a
ocurrir en el país y ningún trabajador sea despedido sin mediar más
explicación que un autoritario decreto.
Por eso, el grito del SME y del pueblo de México debe ser al unísono: ¡11 de octubre, no se olvida¡…
Comentarios