Disputa de tierras deja muertos y desaparecidos en la mixteca oaxaqueña
Lo que era el sustento de campesinos indígenas de Zimatlán se ha convertido en zona de riesgo: van seis personas asesinadas y seis desaparecidas, cosechas enteras perdidas y casas incendiadas. Por este conflicto agrario con sus vecinos de San Sebastián Nopalera que data de 2010, la CIDH dictó medidas cautelares, hasta ahora incumplidas por el Estado mexicano
Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla Villa
de Guerrero, Oaxaca. La aguja del velocímetro sube apresuradamente de
20 a 60 kilómetros por hora, en una carretera estrecha de curvas
pronunciadas. “Aquí hay que meterle, hay riesgo, aquí fue que me llegó un balazo…”, dice el conductor del Tsuru blanco que baja por la serranía.
En ese momento el vehículo pasa por la
comunidad de San Sebastián Nopalera, el umbral por donde los pobladores
de Zimatlán ya no quieren circular por miedo. Ya les han matado a seis
de sus campesinos, desaparecido a otra media docena, los han emboscado
en repetidas ocasiones, quemado y plomeado sus casas.
Se trata de la frontera entre San
Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, dos comunidades que
mantienen un conflicto agrario en tensión desde hace 9 años. Fue en 2010
cuando se dio el primer ataque a la población con armas largas. El
terror.
Hoy, salir de Zimatlán no tiene garantía de retorno. Trabajar en el campo, cerca de la zona en disputa, significa jugársela.
Familias han perdido a los “hombres de
la casa”, cosechas, sus humildes hogares de madera y techos de lámina,
la fuente de empleo, sus recursos, la tranquilidad y la paciencia. Lo
que no se acaba es la angustia, el coraje, las lágrimas.
Aquí también se terminó con el trabajo
en los platanares, la cosecha de cítricos, mangos, café, la recolección
de miel; se ha disminuido la comercialización de sus productos. La
subsistencia se precariza día a día, pese a que hace algunos años los
pobladores podían mantener una mejor vida con la venta de lo que les
dejaba el campo, sus tierras.
Ahora, hay quienes apenas sacan de la
milpa lo del autoconsumo, viven al día. Más de 51 personas no pueden
entrar a sus huertas, de atreverse podrían correr con la misma suerte
que Marcelino o Eleazar, los primeros en desaparecer.
Orfandad y angustia
Las mujeres que se reúnen en la agencia
municipal para relatar su pesar, no pueden andar por las calles
polvorientas libremente. Les duele cargar con la foto de su hijo,
esposo, hermano… Al hablar, algunas toman fuerza, el de la exigencia de
justicia; hay quienes comienzan a derramar lágrimas mientras recuerdan.
Otras arrebatan la palabra para que no
quede ningún detalle fuera de la barbarie relatada. Hablan con la
sorpresa y el coraje que genera la pérdida, manotean, se mueven como si
fueran a salir corriendo, nuevamente. Como lo hace Elidia Cruz
Hernández, una mujer de más de 65 años, que relata que su marido murió
durante el ataque registrado en contra de la población el 2 de febrero
de 2011.
Una bala sorprendió a Hermelindo Jiménez
Paz cuando salió a buscar a su esposa Elidia, quien había ido a
alimentar a sus chivos. Ese mismo día, fueron asesinados Rafael José
Cruz Sánchez y Juan Zacarías Hernández.
Y es que ellas se están quedando solas, a
la cabeza de sus familias y sin fuentes de empleo, con hambre entre los
suyos. Esto se ha convertido en una especie de cárcel para la misma
población. Para algunas, la búsqueda de justicia se hace exhaustiva;
para otras, rastrear a sus familiares las va dejando sin fuerza y sin
esperanza.
Eleazar Asunción Sánchez Hernández, un
joven de entonces 19 años, fue el primero en desaparecer. Salió a
recoger un tronco de leña para la cocina de su casa, ya no regresó. La
zozobra de Atila, su madre, inició un par de horas después, el tiempo en
que tenía que haber llegado se agotó. Atila Genoveva Hernández Jiménez
siguió sus pasos, fue en busca de auxilio a casa de su hermano
Marcelino.
El tío, Marcelino Pedro Hernández
Jiménez, reaccionó de inmediato. Partió rumbo al Sur del poblado en su
búsqueda; tampoco volvió. Del hombre de, entonces 39 años, se
encontraron sus huaraches y su gorra sobre el camino, relata su esposa
Celerina Ignacia Hernández Jiménez.
La mujer no sostiene el llanto al
recordar que también encontraron un charco de sangre y huellas de que
había sido arrastrado por la tierra. Del joven, nada. El paradero de
ambos es desconocido, desde esa tarde del 29 de mayo del 2010.
Ellos fueron los primeros en desaparecer
desde que se desató esta guerra entre Zimatlán y La Nopalera,
comunidades enfrentadas por la riqueza de estas tierras.
La relatoría de hechos que tiene en su
poder la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que
el 21 de julio de 2010, fue herido “gravemente” el señor Jaime Jiménez
Cruz, de 40 años de edad, en el Paraje Los Mangales, donde también se
registraron quemas de casas y saqueos. Al día siguiente, una bala tocó
el hombro de Rubén Hernández Cruz, asentado en la investigación
224/P.G/2010.
Los hechos comenzaron a escalar, por lo
que el 24 de julio de ese mismo año, se llevó a cabo una caravana
humanitaria hacia la ciudad de Tlaxiaco, a unas 3 horas de distancia de
esta comunidad, para que 31 niños, 12 mujeres y un hombre herido se
desplazaran en condiciones seguras. “A su arribo a Tlaxiaco, los 44
indígenas mixtecos hicieron un recorrido en protesta a la condición de
extrema vulnerabilidad y peligro de muerte en que viven desde el 8 de
marzo de 2010”.
La lista va en aumento: una docena de
asesinados y desaparecidos, otros ocho más heridos y casi una veintena
de personas que sufrieron robo y/o quema de sus casas. De los hechos de
violencia, apenas en septiembre de 2018, fueron desaparecidos Erick
Hernández Sánchez (37 años), agente municipal electo de la comunidad
Zimatlán de Lázaro Cárdenas; y José Israel Barrios Jiménez, agente
suplente (27 años). “Sólo habían ido a trabajar el campo”, dice una de
sus familiares, de la que se omite el nombre para salvaguarda de su
vida.
Eran, aproximadamente, las 3 de la tarde
del 28 de septiembre de 2018, cuando ambos se encontraban en el paraje
denominado El Camalote, de esta comunidad, y “fueron retenidos por un
grupo armado de San Sebastián Nopalera, Santa Lucia Monteverde”.
Acusación que se integra al legajo de investigación 3126/PG/2018 de la
Agencia del Ministerio Público de Putla de Guerrero.
Los atentados más recientes cobraron la
vida de Bernardino García Hernández (quien formaba parte de la
representación de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en los diálogos para
buscar la paz), atacado por un grupo armado en el paraje Camalote, el 21
de enero pasado.
Durante su sepelio, en el panteón de la
comunidad, los que estaban presentes fueron “atacados con disparos de
armas de fuego por un grupo armado de San Sebastián Nopalera; en ese
momento no hubo ningún lesionado”, dice la relatoría presentada ante la
CIDH.
A punto de la media noche, un nuevo
ataque, en el paraje El Huapinol fue herido de gravedad el tesorero
municipal, Virgilio Pablo García Hernández (de 38 años de edad), quien
fue trasladado al hospital de Putla de Guerrero, pero “por la gravedad
de las heridas”, el 24 de enero de 2019 falleció, informan al organismo
internacional de derechos humanos.
Inicia el terror
Todo esto comenzó por la posesión de 5
mil hectáreas de tierra, justo en el límite entre los dos pueblos.
Albertano Cesario Bautista Bruno, exagente municipal, comenta que los
habitantes de este lugar habían permanecido apegados a sus tierras
porque les daba trabajo, pocos son los que han migrado hacia Estados
Unidos en busca de sustento, sólo por necesidades extraordinarias.
Ahora, las condiciones son otras, pues algunos han tenido que
desplazarse obligadamente a otros espacios en busca de la sobrevivencia.
Lamenta que exista este conflicto por
las relaciones que hay entre los habitantes de ambas agencias, ya que
hay desde vecinos, conocidos, compadres y hasta familiares cercanos
viviendo en ambas zonas. “No podemos hacer de menos a la comunidad de
San Sebastián Nopalera porque nosotros somos anexo de esa cabecera y el
ejido mencionado [en disputa] está aquí”, añade.
Bautista Bruno fue agente municipal en
2008, 2 años antes se había resuelto el conflicto de tierras entre ambas
comunidades y una tercera: San Pedro Osotatu. En 2006, la zona en
disputa les fue otorgada, comenta, y en apariencia habían comenzado a
trabajar sin problema.
“Como autoridad nunca pretendí tener
conflicto con ellos y siempre estábamos de la mano, platicábamos por
cualquier cosa que surgiera; nos pusimos de acuerdo entre autoridades
administrativas en la parte del ejido y lo comunal. Nunca pensamos tener
esta diferencia.
“Empezamos a sembrar la zona, por la
zona de la Casa Blanca, habíamos llegado a un acuerdo donde se dijo que
una parte se iba trabajada por San Sebastián Nopalera y la otra Zimatlán
de Lázaro Cárdenas, por ambas…
“No sabemos cuál fue la inconformidad de
ellos, comenzaron por fumigar las siembras con herbicida, a matar el
monte. También los platanares. Las cosas no se vinieron dando bien, no
sé qué empezaron a pensar…” relata.
Cuando los problemas comenzaron a
agudizarse fue el 8 de marzo de 2010. Ese día inició un tiroteo en
contra de personas que estaban rosando [preparando la tierra para una
nueva siembra] por el lado Oeste, donde se oculta el sol, la gente se
retiró. Al día siguiente, hubo otro tiroteo en toda la zona: “casi nos
rodearon de personas a mano armada. La gente estuvo alerta porque se
oían rumores de que nos iba a acabar a todos. Hubo tiros a matar, a las
casas. Ahí comenzó todo”.
Don José Juan es uno de los
campesinos que ha sido afectado por este conflicto que está a punto de
llegar a una década. Él se dedica a la siembra de maíz, café, y pasto
para alimentar a los animales. Sin embargo, parte de las tierras que
ocupaba para sus actividades se encuentran en el área de conflicto, “por
esa razón no podemos sacar el producto que tenemos y todo se lo han
robado, es la razón por la que ahorita vivimos en la miseria”, dice.
El hombre que, como las mujeres, ha
llegado a la agencia municipal a relatar su pesar, dice que otros
tiempos fueron mejores porque había la libertad de trabajar en cualquier
hora del día, “los vecinos de la comunidad no tenían un horario para
trabajar, apenas amanecía y podían irse a su trabajo, el que quería
regresar tarde podía hacerlo, no había ningún problema”.
Y es que justo en esa zona, las tierras
son de producción de café, piña, aguacate, “se cosechaba en gran
cantidad, y ahora nuestra gente no puede entrar a ese lado”, dice don José Juan, a quien se le ha reservado su nombre por seguridad.
El campesino ya se agotó de 9 años de
incertidumbre: “Queremos que el gobierno dé solución para que nos
devuelvan las tierras, que les pague o a ver qué tienen que hacer, pero
nosotros queremos volver a la tranquilidad y vivir como antes. Ya no hay
esa libertad y es muy preocupante. No hay esperanza porque en nueve
años no se ha determinado qué se va a hacer”.
Ejemplo de ello, añade, es que cuando se
han trasladado a la cabecera municipal, en Putla, han sido
sorprendidos, emboscados. También, cuando salen a Oaxaca para acudir a
la comisión de mediación que pretende ayudarles en la resolución,
“afortunadamente no nos ha pasado nada grave, pero la verdad ha sido muy
complicado poder salir de aquí”, dice con tono de angustia.
CIDH otorga medidas cautelares
Aquí, la garantía de una vida libre de
violencia y protección del Estado están en duda. Los habitantes viven en
carne propia la violencia que prevalece por todo el país. El
otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH se han hecho
de lado desde su propia emisión, bajo el folio MC-102-10.
El organismo internacional, desde el ataque del 29 de marzo de 2010, solicitó:
1. “Adopte las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la
comunidad mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas;
2. “Adopte las medidas necesarias para
remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las
tierras entre ambas comunidades, para evitar futuros enfrentamientos;
3. “Se establezca un mecanismo de
supervisión continua y de comunicación permanente con los beneficiarios,
con el objetivo de que las medidas sean implementadas de común acuerdo
con los beneficiarios y sus representantes; y
4. “Presentar información actualizada
respecto de las diligencias realizadas para dar con el paradero de
Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández.”
Esta promoción de medidas cautelares ha servido para bajar sólo un
poco la tensión que existe. En la zona hay una patrulla de la Policía
Estatal y el Ejército hace sus rondines para evitar un ataque directo;
pero las últimas desapariciones se dieron, incluso con el patrullaje de
los elementos de seguridad.
Guerra en la mixteca
El abogado Maurilio Santiago Reyes,
director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas
(Cedhapi), considera que el Estado mexicano ha sido el que no ha
colaborado en la resolución de este conflicto, pues ha omitido atender
las recomendaciones emitidas por la CIDH.
En entrevista, el promotor de las
medidas cautelares ante el organismo internacional, considera que
prevalece la falta de voluntad oficial, por lo que desde la sociedad
civil se ha creado una comisión de mediación, conformada por Miguel
Álvarez Gándara, el presidente y fundador de Servicios y Asesoría para
la Paz; el pintor Francisco Toledo; el religioso Francisco Wilfrido
Mayrén Peláez, conocido como padre Uvi; Marcos Leyva Madrid, fundador de
Educa, Oaxaca; y el obispo Arturo Lona Reyes.
El director de Cedhapi comenta que más
que una resolución jurídica para este conflicto agrario, primordialmente
debe haber un “acuerdo de voluntades”, para lo que se conformó el
proceso de mediación, que pretende llegar a un “punto de coincidencia”, y
así pacificar la zona.
Expone que esta comisión se ha
entrevistado con los habitantes de ambas partes, y, actualmente se están
planteando propuestas; no obstante, enfatiza que la CIDH habla de
“remover los factores de riesgo ligados con la tenencia de la tierra, es
decir, que se tiene que resolver el problema de fondo, a eso, nosotros
hemos hecho varias reuniones en Washington para tratar el tema”.
Incluso, comenta, la propia CIDH se ha
comprometido a iniciar el proceso de mediación. “Este seguimiento se
está dando porque el gobierno mexicano ha hecho caso omiso de iniciar el
proceso de mediación, por eso lo iniciamos las partes”, enfatiza.
A pesar de los diálogos que se están
entablando en la ciudad de Oaxaca, advierte Santiago Reyes, existe
intranquilidad, misma que se ha atenuado con la presencia del Ejército y
la policía, “mínimamente, porque el acuerdo había sido que los cuerpos
de seguridad estarían en ambas comunidades, pero al final sólo se quedó
en Zimatlán porque no se encontraron condiciones para quedarse en
Nopalera. El Ejército pedía un lugar idóneo para poder establecerse y
Nopalera nunca se los brindó”.
El promotor de las medidas cautelares
ante la CIDH expone que entre los puntos observables está que San
Sebastián Nopalera está exigiendo una compensación económica, situación
en la que debe “entrar” el gobierno mexicano.
Advierte: “en cualquier momento se puede romper todo y volvería a la situación de guerra, ha habido agresiones constantes”.
—En una guerra disparan de ambos lados, ¿es el caso?
—Podría decir que sí, porque Nopalera ha
intentado entrar a Zimatlán, y éstos se han defendido también, pero más
se ha dado por los ataques de Nopalera. Ha habido personas que han
fallecido de las dos comunidades, pero la situación que hay en la zona
trae como consecuencia que esa grieta se pueda abrir más y pueda haber
más confrontaciones. Los enfrentamientos han ocasionado la liberación de
órdenes de aprehensión, aunque sólo ha sido detenida una persona del
poblado de Zimatlán.
Efraín Solano Alinares, integrante de la
comisión de asesoría de la comunidad mixteca de San Sebastián Nopalera,
comenta en entrevista que esta situación no responde a un conflicto
agrario, sino al deseo de un 20 por ciento de los habitantes de la
Nopalera que buscan la autonomía del ejido, desde hace 60 años. Sin
embargo, “los tribunales han negado esa posibilidad y ha llevado a las
dos comunidades a un choque”.
El asesor comunitario lamenta que entre
ambas comunidades ha habido “desafortunadamente, saldos sangrientos,
unas 29 bajas entre las dos comunidades: entre muertos y desaparecidos.
Aunado a ello, las viudas, huérfanos y heridos, hay gente que ha perdido
un brazo o una pierna en esta confrontación sangrienta. Del lado de
Nopalera hay 12 muertos y tres desaparecidos, y un sin fin de heridos y
de huérfanos. Esa es la situación que hay”.
Solano Alinares dice que durante mucho
tiempo se buscó una atención institucional, responsable, pero no fueron
atendidos y, como consecuencia de esta desatención de los gobiernos
estatales, “que nunca han tenido un programa sistemático de atención a
estos conflictos que florecen mucho en Oaxaca, ha habido bajas.
“El Estado fracasó en esta problemática,
no puedo dar más datos, pero las dos comunidades están acordando poner
fin a este conflicto. Ellos ya entendieron que es un conflicto que sólo
ha dejado dolor y una estela de sangre interminable entre hermanos de
raza y sangre. Están platicando y acordando cómo resolver para llegar a
una paz duradera y definitiva”, comenta.
Ambas comunidades se encuentran en una
de las zonas más pobres y marginadas de Oaxaca, para llegar a la región
hay siete horas de camino, “hay veces en que los caminos están
derrumbados por las lluvias y han llegado a quedar incomunicados. Es una
zona muy pobre, no hay señal de Internet, sólo hay dos teléfonos en la
comunidad con alrededor de 5 mil habitantes”.
El conflicto que prevalece en esta zona
de la mixteca oaxaqueña, se da entre dos poblaciones que viven en la
pobreza. Ambas, han perdido más de lo ganado con nueve años de intensa
disputa. Las fuentes de empleo se han minado y los servicios básicos.
Datos del Catálogo de Localidades,
publicado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (ahora
Secretaría de Bienestar), indican que los habitantes de Zimatlán viven
en un “alto” grado de marginación y su principal actividad es rural. Los
mismos datos que describen la pobreza de la zona hacen referencia a San
Sebastián Nopalera.
Érika Ramírez, enviadaFuente
Comentarios