Aquel 27 de septiembre de 1960

 Revista Siempre!

septiembre 21, 2019 | Por Martín Esparza
 
Este 27 de septiembre se celebrará el 59  aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica decretada por el presidente Adolfo López Mateos en 1960, cuyo objetivo primordial fue que la electricidad se empleara en beneficio del pueblo y del desarrollo económico a través de la industrialización del país.
Pero contrario a lo que se esperaba de varios supuestos  legisladores de izquierda, sus iniciativas no van en el sentido de renacionalizar la industria y alentar propuestas que, por ejemplo, establezcan el derecho a la electricidad como un derecho humano,  así como una tarifa social para ayudar a los que menos tienen, y frenar  los cobros ilegales que han padecido miles de usuarios de la zona centro del país, tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil electricistas del SME, en octubre del 2009.
Bajo el argumento de evitar el robo de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE),  proyectos como la llamada Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos contra la Infraestructura y el Sistema Eléctrico, presentada por el senador Armando Guadiana, pueden convertirse en un instrumento de persecución y castigo a la pobreza de millones de mexicanos, al equiparar el robo de luz con el delito de delincuencia organizada.
Las sanciones pueden llegar a los 20 años de prisión, permitiendo aplicar al Ministerio Público la prisión preventiva y  la extinción de dominio, algo que no es extraño para miles de jefes de familias humildes, madres solteras y ancianos pobres que desde hace años vienen peleando contra las arbitrariedades de la CFE. Tan sólo en la antes área de influencia de la LyFC se radicaron en la PROFECO más de 60 mil quejas, aún sin solución.
Desde hace años, miles de mexicanos vienen peleando en una lucha desigual con la CFE, cuyos funcionarios no han dudado en emplear la fuerza pública y, a últimas fechas, hasta elementos de las fuerzas armadas, para cortar la luz a hogares humildes a los que además de amedrentar con embargos por montos humanamente impagables, se les ha enviado a la cárcel por negarse a la imposición de los medidores digitales, también conocidos como de prepago.
A pesar que desde el gobierno de Calderón, pasando por el de Peña Nieto, se les comprobó a los funcionarios de la Secretaría de Energía que el problema se originó por los “recibos locos” producto de los “cobros estimados” de la CFE, hasta la fecha no han dado una solución integral al problema.
Ahora se pretende equiparar el robo de luz al huachicoleo de los hidrocarburos, etiquetando como presuntos miembros de la delincuencia organizada a los habitantes de innumerables asentamientos irregulares donde se concentra la mayor pobreza y marginación del país.

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