La presidencia de Uruguay se definirá en segunda vuelta el 24 de noviembre

▲ El candidato presidencial Luis Lacalle, del Partido Nacional de Uruguay, abraza a su socia Beatriz Argimon, mientras observa su esposa, Lorena Ponce de León.Foto Afp

▲ El abanderado del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez, junto con dos de sus nietos y su compañera de carrera, Graciela Villar, quien agita una bandera en el fondo ante simpatizantes, después del cierre de las urnas en Montevideo, tras la jornada electoral.Foto Ap

Afp y Ap

 

Periódico La Jornada
Lunes 28 de octubre de 2019, p. 23

Montevideo. El candidato presidencial del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez, y el ex senador del conservador Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, disputarán la presidencia de Uruguay en una segunda vuelta, programada para el 24 de noviembre, según los primeros resultados de las elecciones celebradas ayer, dados a conocer por la Corte Electoral.

Martínez conseguía anoche 40.5 por ciento de votos, mientras Lacalle Pou, 29.8, en 85.7 por ciento del escrutinio, informó la Corte Electoral al cierre de esta edición.
En un lejano tercer lugar está el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, con 12.9, seguido por el abanderado del derechista partido Cabildo Abierto, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, con 11.2; los restantes siete candidatos obtuvieron menos de dos por ciento, respectivamente.
Según las reglas electorales, si ningún candidato supera 50 por ciento de votos en primera vuelta, los dos con más sufragios se enfrentarán de nuevo el último domingo de noviembre.
Los resultados confirmaron tendencias que mostraron encuestas a boca de urna divulgadas horas antes, incluso los candidatos punteros celebraron ante sus seguidores antes de darse a conocer las cifras oficiales. Más aún, Talvi y Mani-ni ofrecieron apoyo a Lacalle Pou de cara a la segunda ronda.
Las cifras también representan un duro golpe para el oficialismo, que perdió la mayoría parlamentaria, con la que gobernó durante tres periodos consecutivos, a partir de 2005. El Frente Amplio obtendría en la Cámara de Diputados 41 de 99 bancadas, y en la de Senadores conseguiría 13 de 30.
El oficialista, en un discurso a su militancia de esta capital, celebró que el Frente Amplio es el partido más votado; dijo que los apoyos que recoge su principal contendiente no necesariamente serán seguidos por los electores. Se abre una nueva etapa en la que los ciudadanos van a elegir personas y propuestas concretas, dijo mientras portaba una bandera uruguaya en el hombro.
Lacalle Pou reiteró sus críticas a la política exterior del Frente Amplio y prometió un gobierno que no pierda el tiempo abrazándose a dictadores y violadores de los derechos humanos, en alusión al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que aún cuenta con el reconocimiento de Montevideo.
Uruguay precisa un cambio y para que éste se concrete pedimos a nuestros votantes respaldar la candidatura del doctor Lacalle Pou para encabezar la coalición con la que vamos a transformar el país. Haremos campaña por su candidatura, expresó Talvi ante sus militantes.
Cabildo Abierto anuncia ahora que va a apoyar para la segunda vuelta electoral al doctor Lacalle Pou, dijo de su lado el militar retirado Manini Ríos.

La población rechaza guardia militarizada

Además de votar presidente y Parlamento, los uruguayos rechazaron una reforma Constitucional que promovía la creación de una guardia nacional que pondría a dos mil militares en las calles en tareas de seguridad.

Considerado en otra época un oasis de paz en una región turbulenta, Uruguay ha visto degradarse sus estadísticas de seguridad en los últimos años. El país registró un récord de homicidios en 2018 (414), con un alza de 45 por ciento respecto a 2017.
La propuesta de ley, que no tuvo el respaldo de ninguno los candidatos y fue rechazada con protestas en las calles de esta capital, también planteaba la cadena perpetua revisable a los 30 años de prisión para delitos graves, penas más duras para homicidas y violadores, y la autorización de allanamientos nocturnos de hogares por orden judicial en caso de sospecha de ilícitos.

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