Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 avanza con hostigamiento y criminalización,: ONG
Por
defender y dar acompañamiento jurídico a tres comunidades totonacas
ubicadas en San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, en la
Sierra Norte de Puebla, que se oponen a la construcción del Proyecto
Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), integrantes de Fundar, el Consejo Tiyat
Tlali y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) han
sufrido hostigamiento, criminalización e intimidación, denunciaron.
La construcción del megaproyecto está a
cargo de la empresa Deselec 1, de grupo Comexhidro, señalaron. En
conferencia de prensa, Itzel Silva, abogada de Fundar, explicó que las
acciones de hostigamiento comenzaron en 2016, después de que las tres
organizaciones presentaron una demanda de amparo para cancelar el
Proyecto y se les otorgó la suspensión de éste.
La abogada señaló que las primeras
acciones se hicieron en contra de las financiadoras de Fundar, ya que el
líder del grupo conformado por integrantes de las comunidades que
señalan estar a favor de la construcción, Héctor Muñoz, entregó a dichas
entidades una carta en la que descalificó el trabajo de la organización
y además, aseguraba que ésta y el Consejo Tiyat Tlali incitaban la
violencia en las comunidades.
Posteriormente se realizaron
descalificaciones a través de un medio local hacia una de las
integrantes de Imdec, Silvia Villaseñor; así como a uno de los peritos
que realizó peritajes para contribuir a las investigaciones del juicio. A
éste se le acusó de ser un “hombre que incitaba a la violencia en las
comunidades, agitador y desestabilizador social”.
Luego de esto se abrió una carpeta de
investigación en contra de las abogadas de Fundar Itzel Silva y Diana
Pérez, por las acusaciones falsas de lesiones que realizó Jesús de la
Luz Sánchez Cuevas, exsecretario del municipio de Aguacatlán.
“La carpeta de investigación que se
abrió en contra nuestra pensábamos que había sido cerrada, [ya que]
hicimos las diligencias necesarias para que fuera cerrada. De hecho el
Ministerio Público determinó el cierre mediante un no ejercicio de la
acción penal. Es decir, la cerró diciendo que no había acusación que
hacer en contra nuestra”, indicó Itzel.
A pesar de esto, en diciembre de 2018 el
Ministerio reabrió la carpeta y se giró un nuevo documento en el que se
ordenaba buscar los domicilios de ambas abogadas y solicitaron a través
de un juez de control abrir una audiencia para hacer una acusación
formal en su contra.
“Debo decir que esta reactivación de la
carpeta se inscribe en el contexto en el que estaba por dictarse
sentencia en el juicio de amparo [a favor de las comunidades indígenas] y
vemos obviamente que ahí hay una intención también de tratar de
intimidarnos para inhibir el trabajo de defensa”, subrayó la abogada
Silva.
También denunciaron que han estado
siguiendo a los miembros de las organizaciones defensoras, ya que en las
comunidades hicieron circular una hoja en la que aparece una fotografía
de la casa de uno de los familiares de Silvia Villaseñor.
La directora de Amnistía Internacional
México, Tania Reneaum, dijo que las personas defensoras de comunidades
son los blancos perfectos para violentarlos y criminalizarlos. Además,
esto debilita e inhibe la lucha que emprenden para defender los derechos
humanos.
Por su parte, Antonio Márquez Zaragoza,
integrante del Comité Defensores del Río Ajajalpan, denunció que la
construcción de la planta hidroeléctrica ha causado mucha división en
las comunidades afectadas. Esto se debe a que algunos pobladores están
de acuerdo con la construcción y otros, la mayoría, no.
Asimismo, apuntó que la estrategia que
utilizó Deselec fue garantizar a los pobladores que obtendrían ganancias
cuando el proyecto estuviera terminado. “Les dijeron que iban a ganar
hasta 500 pesos diarios”, comentó.
Por último, los defensores que
representan a las comunidades y las organizaciones acompañantes
afirmaron que van a impugnar la sentencia de amparo que ya fue emitida
porque se les negó la cancelación del proyecto y se avaló una consulta
que no se hizo bajo los lineamientos obligatorios.
Esto sucedió a pesar de que la entonces
Procuraduría General de la República hizo un peritaje en el que se
encontró que algunos impactos son la disminución en la calidad del agua,
erosión, destrucción y reducción del hábitat de varias especies y de
los ecosistemas del río. Así como el aislamiento de peces por efecto
barrera. Además de la vulneración de los derechos humanos de las
comunidades.
Aseneth HernándezFuente
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