Democracia sindical mexicana, bajo la lupa de autoridades estadounidenses
Entre los empresarios mexicanos hay preocupación
sobre los mecanismos para que los trabajadores puedan denunciar
violaciones a sus libertades sindicales en los paneles laborales del
T-MEC.
Los paneles laborales acordados en el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) siguen siendo un
tema de preocupación para varios empleadores de nuestro país. Tal como
están planteados, la democracia sindical, en proceso de establecerse, podría ser motivo de queja ante esas instancias.
“Nos preocupa cómo van a funcionar”, señala en entrevista Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La falta de libertad sindical o de negociación colectiva en los sindicatos podrían ser denunciadas ante los paneles, un instrumento para la protección de derechos laborales entre los socios comerciales.
“Ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos abrirá una hotline para recibir denuncias, las cuales podrán ser anónimas. Esto llevará una complejidad de los procesos y podría ser usado como un tema para afectar la parte comercial. Nos preocupa que no sean quejas fundadas”, expuso Guajardo.
Por ello, en un encuentro con funcionarios del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, los empresarios mexicanos les recordaron que la reforma laboral tiene un plazo de cuatro años. En ese lapso, las organizaciones gremiales deberán adecuar sus estatutos y ponerlos en práctica.
En la reunión participaron representantes de la Coparmex, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamín) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La delegación del gobierno estadounidense estuvo encabezada por Martha E. Newton, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales en el Departamento de Trabajo, inglés), y por Naomi C. Fellows, consejera para Asuntos Laborales de la Embajada de ese país en México.
“Había un interés del gobierno de Estados Unidos de saber cómo va la implementación de la reforma laboral, así como de los acuerdos del T-MEC”, de acuerdo con Guajardo. Ambos temas están ligados, pues una de las condiciones del gobierno estadounidense para firmar el nuevo tratado era que México realizara reformas laborales.
Uno de los cambios principales cambios que pedían era el aumento del salario mínimo en México. La mano de obra barata de este país ya no les resultaba competitivo. Otra reforma que reclamaron fue en materia sindical, para democratizar a esas organizaciones.
Los funcionarios extranjeros preguntaron a los empresarios mexicanos dónde es más necesario enviar ese recurso económico. “Se les mencionó que es en la capacitación al personal que será parte de los tribunales laborales”, comenta Armando Guajardo.
Cuando las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan, jueces, secretarios, defensores y otro tipo de trabajadores necesitarán adquirir nuevas competencias para administrar la justicia laboral. “Esto tiene que ser en el ámbito federal y local”, advierte.
Pero también será necesario invertir en la capacitación de quienes formen parte de los organismos de conciliación y registro sindical, a nivel federal y local. “La conciliación laboral es clave para disminuir la conflictividad, que no lleguen a juicios”, concluye.
Fuente
Escrito por:
Blanca Juárez
Los paneles laborales acordados en el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) siguen siendo un
tema de preocupación para varios empleadores de nuestro país. Tal como
están planteados, la democracia sindical, en proceso de establecerse, podría ser motivo de queja ante esas instancias.“Nos preocupa cómo van a funcionar”, señala en entrevista Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La falta de libertad sindical o de negociación colectiva en los sindicatos podrían ser denunciadas ante los paneles, un instrumento para la protección de derechos laborales entre los socios comerciales.
“Ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos abrirá una hotline para recibir denuncias, las cuales podrán ser anónimas. Esto llevará una complejidad de los procesos y podría ser usado como un tema para afectar la parte comercial. Nos preocupa que no sean quejas fundadas”, expuso Guajardo.
Por ello, en un encuentro con funcionarios del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, los empresarios mexicanos les recordaron que la reforma laboral tiene un plazo de cuatro años. En ese lapso, las organizaciones gremiales deberán adecuar sus estatutos y ponerlos en práctica.
En la reunión participaron representantes de la Coparmex, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamín) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La delegación del gobierno estadounidense estuvo encabezada por Martha E. Newton, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales en el Departamento de Trabajo, inglés), y por Naomi C. Fellows, consejera para Asuntos Laborales de la Embajada de ese país en México.
“Había un interés del gobierno de Estados Unidos de saber cómo va la implementación de la reforma laboral, así como de los acuerdos del T-MEC”, de acuerdo con Guajardo. Ambos temas están ligados, pues una de las condiciones del gobierno estadounidense para firmar el nuevo tratado era que México realizara reformas laborales.
Uno de los cambios principales cambios que pedían era el aumento del salario mínimo en México. La mano de obra barata de este país ya no les resultaba competitivo. Otra reforma que reclamaron fue en materia sindical, para democratizar a esas organizaciones.
Fondos para asesoría laboral
“En los acuerdos, Estados Unidos se comprometió a aportar una fuerte cantidad de recursos al gobierno de México”, expone el representante de la Coparmex. Ese dinero, que representa la tercera parte de todo el presupuesto que el Departamento del Trabajo destina a otros países, será utilizado “en asesoría técnica para la correcta implementación de la reforma”.Los funcionarios extranjeros preguntaron a los empresarios mexicanos dónde es más necesario enviar ese recurso económico. “Se les mencionó que es en la capacitación al personal que será parte de los tribunales laborales”, comenta Armando Guajardo.
Cuando las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan, jueces, secretarios, defensores y otro tipo de trabajadores necesitarán adquirir nuevas competencias para administrar la justicia laboral. “Esto tiene que ser en el ámbito federal y local”, advierte.
Pero también será necesario invertir en la capacitación de quienes formen parte de los organismos de conciliación y registro sindical, a nivel federal y local. “La conciliación laboral es clave para disminuir la conflictividad, que no lleguen a juicios”, concluye.
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