ONG: derechos de empleados, fondo del tema de outsourcing

Néstor Jiménez

 

Periódico La Jornada
Viernes 13 de marzo de 2020, p. 13

Las sanciones que se analizan en el Senado como parte de la nueva ley en materia de outsourcing son una vía correcta, aunque se corre el riesgo de que en la legislación se priorice el combate a la evasión fiscal en lugar de evitar las afectaciones a los trabajadores, advirtió Daniela Jiménez, directora del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Es importante tener muy claro que es responsabilidad de las empresas, a la que el gobierno debe dar seguimiento, porque no sólo se trata de una situación que puede vulnerar los ingresos de los empleados, sino también el acceso a seguridad social y prestaciones. Es un tema de justicia social, indicó.
El dictamen estaba programado para discutirse la semana pasada en comisiones en el Senado, luego de realizarse un foro de parlamento abierto en este recinto legislativo y en el Cámara de Diputados, en el que participaron agrupaciones laborales, sindicatos, empresas y representantes del gobierno.

Preocupante, que priorice impuestos y multas

En el borrador de dicha reforma legal se establecía que el contratante será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores, además de definir multas hasta de 5 mil unidades de medida y actualización (UMA) por no permitir inspección o caer en irregularidades por subcontratación, y mandata crear un registro nacional de empresas de subcontratación, así como un sistema de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit.

De entrada no lo veo mal, pero lo que debe quedar muy claro es que lo que está de fondo no sólo es el presupuesto de la nación, sino la seguridad y los derechos de los empleados. Lo preocupante de que toda la carga esté en cuestiones impositivas y multas es que se ponga énfasis en las implicaciones económicas para el país y las empresas, y volvamos a olvidar la afectación tan grande sobre la vida de los trabajadores, agregó Daniela Jiménez.
Por su parte, Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, agencia enfocada a la colocación de personal, señaló que durante el parlamento abierto, más de 80 por ciento de los participantes se pronunciaron “por poner un alto al outsourcing ilegal” y en favor de las medidas propuestas, mientras 15 por ciento pedía que siguieran las leyes actuales y establecer más inspección, en defensa de las empresas ilegales. Aseguró que sólo 5 por ciento pidió prohibir por completo el outsourcing bajo cualquier modalidad.

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