Jueza acota alcances de amparo otorgado a la comunidad de Xpujil contra el Tren Maya

Mathieu Tourliere 4 marzo, 2020

Boleta de la consulta sobre el Tren Maya. Foto: Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el otorgamiento de una nueva suspensión a favor del gobierno federal, una jueza de Campeche acotó los alcances de un amparo que obtuvo la comunidad de Xpujil y que frenaba cualquier licitación y obra relativas al megaproyecto del Tren Maya, por las deficiencias en el proceso de consulta.

El recurso de queja fue promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –dependencia encargada del megaproyecto– y contó con el respaldo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, dirigida por Julio Scherer Ibarra, indicó el Fonatur en un comunicado.

“Con la suspensión definitiva, la jueza de Distrito reduce significativamente el alcance de su anterior suspensión provisional. La suspensión anterior afectaba cualquier obra en los casi mil 500 kilómetros de la ruta. Ahora, la jueza acotó la suspensión sólo a obras nuevas en los límites geográficos de la comunidad de Xpujil”, añadió.
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“Es importante mencionar que esta suspensión será vigente durante el tiempo en el que se resuelva el juicio de amparo, que actualmente se encuentra en etapa de presentación de pruebas. Fonatur confía en que existen elementos de sobra para ganar el juicio”, insistió la dependencia, a cargo de Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons.
En enero pasado, la misma jueza otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) un amparo por los incumplimientos del proceso de consulta indígena con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dicho amparo prohibía a “las autoridades responsables (…) decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”.
En su demanda de amparo, las comunidades argumentaron que el proceso de consulta que llevó a cabo Fonatur –junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)–, durante la primera quincena de diciembre, no cumplía con los requisitos de la OIT, entre ellos, que dicha consulta debe tener el carácter de “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
Como respaldo incluyeron un informe que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicó el 20 de diciembre, donde enumeró las razones por las cuales el proceso “no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”.
Tres días después, el gobierno federal emitió una respuesta molesta al informe de la instancia internacional y, tras tacharlo de “descalificaciones”, le reprochó que los señalamientos se hicieron “prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas”.

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