Peticiones de Pemex y CFE a la CRE
Abogados en Cacheaux, Cavazos & Newton
Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- La razón de ser de los reguladores económicos es corregir las fallas de determinados mercados y así promover su desarrollo eficiente. Este tipo de órganos han proliferado en las últimas décadas en todo el mundo con el fin de proteger a consumidores y usuarios de ciertos productos y servicios, por ejemplo, frente a condiciones de monopolio natural o legal. La idea ha sido ofrecer un piso parejo para que las empresas reguladas compitan en un ambiente equilibrado, además de garantizar el acceso abierto a las infraestructuras de redes.
En México, la misión de la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) es promover el desarrollo eficiente de las actividades del midstream y el downstream de los hidrocarburos y petrolíferos, y de la cadena de valor de la industria eléctrica. A pesar de la apertura a la inversión privada que permitió la reforma energética de 2013-14, en aquel entonces se decidió no privatizar a las entidades paraestatales del sector —es decir, no vender sus activos—, sino convertirlas en empresas productivas del Estado que compitieran en igualdad de circunstancias con los actores privados.
En los últimos meses se ha observado en México una reacción contraria a estas nociones de parte de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (“Pemex”) y la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”). Sin impulsar reformas constitucionales o legales, pero empoderadas por el talante de la nueva administración, estas empresas han presentado a la CRE sus respectivas listas de peticiones.
En efecto, tras solicitarlo oficialmente dentro de un paquete de medidas de fortalecimiento, Pemex Transformación Industrial (“Pemex TRI”) consiguió que el pasado 16 de diciembre la CRE emitiera el Acuerdo A/043/2019 que dejó sin efectos la metodología para determinar los precios de ventas de primera mano y en terminales de almacenamiento de petrolíferos. Con esto la CRE ha eliminado una medida que mitigaba el poder dominante de Pemex TRI en esos mercados. Ello a pesar de que el artículo transitorio décimo tercero de la Ley de Hidrocarburos ordena que la regulación asimétrica debe continuar hasta “en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos”. Sorprende que la CRE haya considerado que ocurrió este supuesto cuando, por ejemplo, durante noviembre de 2019 Pemex y sus empresas subsidiarias y filiales importaron el 82% de las gasolinas y el 64% del diésel en los puntos de internación a territorio nacional.
Por otro lado, hace algunas semanas se hizo público un documento denominado “Pliego Petitorio”, que la CFE habría enviado a la CRE, el cual incluso motivó la publicación de un artículo en el Financial Times con un encabezado dramático que auguraba el desmantelamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”). La realidad es que, si bien el Pliego Petitorio toca ciertos aspectos importantes del MEM, varias de las acciones enlistadas perjudicarían sobre todo a los proyectos con contratos legados bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (“LSPEE”) de 1992 y, en particular, a las sociedades de autoabastecimiento.
Uno de los puntos más delicados del Pliego Petitorio sería la actualización de los cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica (“porteo tipo estampilla postal”) que la CFE aplica a las sociedades de autoabastecimiento que utilicen fuentes renovables de energía. Estos cargos fueron establecidos en 2010 por la CRE dando cumplimiento a la ley de 2008, por la que el Estado mexicano determinó la utilidad pública del aprovechamiento de las energías renovables y el uso de tecnologías limpias, para promover la sustentabilidad energética y reducir la dependencia de los hidrocarburos. Esta medida, entre otras también estrictamente regulatorias, fue determinante para las decisiones de inversión que dieron lugar al primer florecimiento de la generación eólica en el país (+/-2,000 MW en operación a 2014).
Hasta ahora ha sido débil la defensa política de los avances en materia energética ocurridos en las últimas tres décadas por parte de quienes los concibieron en su momento. De cualquier forma, en caso de que la CRE atendiera ciertas peticiones de Pemex y la CFE, y con ello vulnerara los derechos de otras empresas, éstas tendrían argumentos legales válidos para la legítima defensa de sus intereses ante los tribunales.
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