La rectoría del Estado en el sector energético
Al
anunciar en Chiapas el Programa Nacional de Electricidad que contempla
frenar el desmantelamiento del sector y la modernización de 60
hidroeléctricas que permita la autosuficiencia y el fin de los subsidios
a empresas privadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó en
claro que en la recuperación del sector energético descansará el
fortalecer nuestra soberanía económica y apoyar a las familias de
menores recursos con tarifas justas.
En pocas palabras, dar vuelta a la página
del neoliberalismo en la que se escribieron por 3 décadas un sinfín de
corrupciones y abusos, que generaron millonarios quebrantos a las
finanzas públicas, vía la entrega de contratos por compra de
electricidad a empresas trasnacionales, sobre todo en los gobiernos de
Vicente Fox y Felipe Calderón, así como la adquisición de gas licuado a
precios exorbitantes.
El presidente conoce a fondo el tema
porque en 2008 colocó en la palestra nacional el monumental fraude
cometido por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al denunciar la
venta de gas licuado que la firma Repsol pactó con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), por un monto de 21 mil millones de dólares, por
el periodo de 2011 a 2016. La trasnacional compraba el combustible
utilizado en las plantas de CFE a un costo de 6 mil 20 millones de
dólares al Perú, para venderlo a la entonces paraestatal a un sobrecosto
que le permitía ganar por la intermediación 15 mil millones de dólares.
En su mensaje de Chiapas, el mandatario
señaló que desde 1992, la tecnocracia neoliberal comenzó a entregar
concesiones del sector energético –tanto del petróleo como la
electricidad– a empresas particulares, echando por la borda nuestra
autosuficiencia, hasta llegar al punto de tener que comprar la mitad de
la energía eléctrica que se consume en el país, a precios elevadísimos.
Las voces que insisten en descalificar
el nuevo modelo político que se enfila a dar un golpe de timón en el
modelo económico, guardan mutis cuando de hablar del rotundo fracaso de
la política energética de los últimos gobiernos se trata, pues saben que
no existen los argumentos válidos para defender el saqueo perpetrado
tanto a Petróleos Mexicanos como a la CFE, y la ilegal extinción de Luz y
Fuerza del Centro, que lanzó al desempleo a 44 mil agremiados del
Sindicato Mexicano de Electricistas, en octubre de 2009, por la
imposición de un decreto de extinción aplicado de forma autoritaria por
el expresidente Felipe Calderón.
El informe de fiscalización de la Cuenta
Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), propina un serio revés a los amanuenses del neoliberalismo y da
la razón al presidente López Obrador en el sentido de que los subsidios
en la electricidad no son un beneficio para los consumidores sino para
las empresas particulares, porque una cosa “es comprarles energía a
precios de mercado” y otra hacerlo a “precios elevadísimos”.
De acuerdo con el análisis de la ASF,
durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón se otorgaron 772
permisos a productores independientes de energía, sobre todo a empresas
trasnacionales, de tal suerte que en 2 sexenios se terminó por
entregarles casi el 50 ciento de la generación de energía eléctrica del
país, orillando a la CFE a la subutilización de su infraestructura para
no obstaculizar su desarrollo y sus ganancias.
El asunto más delicado es que no sólo
avalaron el desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad de la
generación de energía, sino además decidieron comprársela a estas
multinacionales que tan sólo en 2009 se embolsaron 269 mil millones de
pesos por ese concepto. Es hora de que tanto los panistas como sus
socios políticos del Partido Revolucionario Institucional y otros
partidos comparsas expliquen al pueblo de México el por qué dieron luz
verde a los contratos de compra de electricidad con 25 firmas
extranjeras, signados hasta el año 2040 y que costarán al país 1.6
billones de pesos por energía que sencillamente pudieron generar la CFE y
la extinta Luz y Fuerza del Centro, esta última a la que los gobiernos
neoliberales no le permitieron crecer financieramente.
Ante este permitido robo a la nación, es
imprescindible que la rectoría del sector energético retorne al Estado.
No puede admitirse que los políticos en turno sean simples gerentes de
las multinacionales que en 3 décadas dictaron los que se debía de hacer
en México en materia de petróleo y electricidad.
El proceso de desmantelamiento, como
subrayó el presidente, viene de tiempo atrás, pues no hay que olvidar
que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Pemex fue atomizado en
cuatro subsidiarias. Esto dejó en segundo término áreas vitales para el
desarrollo del país, como la petroquímica y la refinación. También en
ese periodo se dieron cambios a la Ley Federal del Servicio Público de
Energía Eléctrica, para comenzar la apertura del sector a particulares.
Pero si en el sector eléctrico los
tecnócratas quebraron a la CFE por los contratos leoninos con las
trasnacionales, también Pemex resintió el saqueo a sus finanzas y la
falta de inyección de recursos para su crecimiento, pues del billón de
pesos que las administraciones de Fox y Calderón recabaron por los
llamados excedentes petroleros –cuando el barril del petróleo superó los
100 dólares–, la entidad pública no recibió beneficio alguno. Esa
cantidad se esfumó sin que hasta la fecha nadie se responsabilice de tal
despilfarro y saqueo a los recursos de la nación.
El anunció de una auditoría
técnico-administrativa a áreas de la CFE como la red de gasoductos
permitirá conocer a detalle los estropicios cometidos a una empresa
pública que, al igual que Petróleos Mexicanos, fue creada por el
presidente Lázaro Cárdenas con un sentido nacionalista para fomentar el
desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Pero a consecuencia de
las políticas neoliberales, ambas perdieron el rumbo y fueron
desarticuladas para favorecer intereses particulares.
Recuperar ese sentido nacionalista
conllevará a fortalecer al sector y permitirá a la población de todo el
país adquirir gasolinas, gas doméstico y electricidad a precios más
accesibles en el mediano plazo, favoreciendo la economía de millones de
hogares y devolviéndole el sentido social a la política energética.
A ese llamado para trabajar en unidad a
favor del país y del fortalecimiento del sector eléctrico se suma el
Sindicato Mexicano de Electricistas y todos los miembros de su
Cooperativa LF del Centro y Generadora Fénix. Es hora de que empiece a
gestarse un verdadero cambio que devuelva a la nación su soberanía
energética para apuntalar su desarrollo económico: la ruta trazada por
el presidente Cárdenas y hoy retomada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Martín Esparza Flores**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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