De origen mexicano, la mayoría de víctimas de trata laboral en Estados Unidos
El programa de empleo temporal agrícola en la Unión Americana es uno de los que más riesgo conlleva para jornaleros y jornaleras de nuestro país, señala la organización Polaris. Todo comienza con el reclutamiento.
La mayoría de las víctimas de trata laboral en Estados Unidos es de origen mexicano o tiene una conexión con México, según la organización Polaris. De 2015 a 2020 más de 10,000 personas estaban en potencial riesgo o sufriendo la violación a sus derechos humanos en diferentes industrias y de ellas, más del 40% tenía una visa de empleo temporal H2A o H2B.
“Hemos visto cómo quienes ingresan con visa legal terminan siendo víctimas de trata”, señaló Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica contra la Trata Laboral en Polaris. La activista participó en el foro virtual Reclutamiento responsable, convocado por el Senado de la República hace unos días.
El gobierno estadounidense tiene diversos programas de empleo temporal para personas extranjeras. A dos de ellos se ingresa con la visa H2A, para actividades agrícolas, y H2B, para trabajo no calificado. Para el primero no hay límite de permisos, para el segundo emite hasta 20,000 visas por año fiscal. Sin embargo, hace un par de semanas anunció que emitiría otras 30,000.
Con el aumento, va “un mayor escrutinio para los empleadores que cometen violaciones sistémicas a la ley. Esto es un ejemplo de cómo estamos tratando de fortalecer la protección para los trabajadores que entren con ese tipo de visas”, ha señalado a El Economista la subsecretaria del Trabajo estadounidense, Julie Su.
Entre 2015 y 2020,más de 4,800 víctimas que llamaron a la Línea Nacional contra la Trata de Personas de Estados Unidos tenían una visa temporal. Más del 90% de ellas tenía visa H2A o H2B.
Sólo en 2020, Polaris “detectó 886 potenciales víctimas de trata laboral de origen mexicano” que tenían ese tipo de visas. Es la nacionalidad que encabeza los reportes de la organización.
De acuerdo con la activista, la pandemia empeoró la situación, a pesar de que la actividad agrícola fue considerada esencial. Antes de marzo de 2020 a casi el 20% de las jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes les negaban la atención medica, pero luego de esa fecha al 34% le han impedido atenderse de cualquier padecimiento, incluido la covid-19.
La trata laboral, un asunto de poder y dinero
En 2007, la organización Polaris puso en operación la Línea Nacional Contra la Trata de Personas. A través de ese canal le ha brindado apoyo a millones de personas, pero también le ha permitido crear “la mayor base de datos conocida sobre el tema”, según Andrea Rojas.
Con base en la data y en la incidencia directa, han podido detectar que la etapa del reclutamiento es básica para prevenir la trata.
Sin embargo, en el programa de empleo temporal agrícola el reclutamiento “es poco transparente y pobremente regulado”. Eso queda demostrado al saber, a través de Polaris, que la mitad de las trabajadoras y los trabajadores solicitantes de la visa H2A han sido víctimas de un reclutamiento falso.
El programa “es una vía de entrada legal” a Estados Unidos, dijo la activista. Es una opción de trabajo, pero no necesariamente de trabajo digno, pues su estructura “presenta fallas sistémicas contra los trabajadores y otorga extremo poder a los empleadores, lo cual facilita el abuso, explotación y trata”.
Hay que entender que “en la trata de personas existen dinámicas de poder”. Quienes más poder tienen toman ventaja sobre las personas que están en una posición vulnerable “con el fin de generar un provecho económico”.
Y el programa de visas H2A le otorga demasiado poder a las personas empleadoras. No cuenta con herramientas de fiscalización y regulación, su origen es “profundamente racista”, no permite que las trabajadoras y trabajadores se sindicalicen y, en cambio, protege ampliamente “la propiedad privada de los empleadores”, expresó Andrea Rojas.
Pagar para trabajar
El reclutamiento lo pueden realizar directamente las empresas extranjeras en los países de donde quieren obtener mano de obra, o a través de una tercera persona o compañía. Esta última forma es la más común, señaló la activista.
“Los reclutadores reciben incentivos del extranjero para reclutar a la mayor cantidad de trabajadores posible”, pero hay poca supervisión sobre la información que brindan a las personas solicitantes de trabajo, apuntó.
La gran mayoría cobra una cuota a las y los solicitantes de empleo por conectarles una vacante, o por diversos motivos o pretextos. Las cantidades no son menores, en promedio les cobran casi 7,000 pesos, lo cual es mucho para personas que viven al día, así que se endeudan para conseguir el trabajo. Pero los intereses pueden llegar a ser de hasta el 25 por ciento.
En Estados Unidos y en México son ilegales los cobros en cualquier fase del proceso de contratación, “pero la ley es violada cotidianamente por reclutadores”. Esa anomalía inicial se irá enlazando con otras, poniendo en más riesgo a los trabajadores y las trabajadoras migrantes.
Las reglas del programa indican que su estancia en ese país será únicamente para laborar en la empresa que les contrató. Si dejan de laborar ahí no pueden buscar otro empleo y pierden su derecho a permanecer en Estados Unidos.
Muchos empleadores saben que el personal migrante llega endeudado, que necesita más que nunca el trabajo y la visa. De eso se aprovechan para cometer abusos e impedir que se defiendan bajo la amenaza de despedirles, lo cual significaría su deportación y muy pocas posibilidades de pagar su deuda.
“El 26% de los trabajadores de visa H2A informaron que la deuda eran utilizada como medio de control contra ellos”, informó Andrea Rojas.
No hay una sola solución para este problema, apuntó. Se necesita inspección laboral efectiva en los sitios de trabajo, regulación en el reclutamiento, monitoreo constante de todo el proceso de contratación, pero también de gobiernos empáticos que reciban las denuncias y las atiendan, señaló.
Comentarios